La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, anunció el martes que soldados de la Guardia Nacional de Iowa serán desplegados en septiembre para brindar apoyo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
El despliegue, programado para iniciar el 8 de septiembre, contará con 20 soldados de la Guardia Nacional que proporcionarán “apoyo administrativo y logístico” a funcionarios de ICE con sede en Iowa encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración, según el comunicado de prensa. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, autorizó esta acción de la Guardia Nacional como una misión federal de apoyo bajo el Título 32, lo que significa que los soldados estarán en servicio activo bajo control estatal, pero con remuneración federal.
Reynolds señaló que el anuncio responde a una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para asistir a ICE en el marco de los esfuerzos de deportación masiva impulsados por el presidente Donald Trump. Según informó el New York Times en julio, se prevén despliegues de la Guardia Nacional en 20 estados con gobernadores republicanos, incluidos Florida, Tennessee y Virginia.
Iowa es uno de los estados que participa en esta iniciativa. En su declaración, Reynolds vinculó el anuncio con despliegues anteriores de la Guardia Nacional de Iowa en la frontera sur de Estados Unidos. La gobernadora ha enviado integrantes de la Guardia Nacional estatal a Texas para apoyar las labores estatales de control migratorio en 2023 y 2024, además de enviar agentes del Departamento de Seguridad Pública de Iowa y patrulleros de la Policía Estatal de Iowa para colaborar en misiones en años anteriores.
“Así como apoyamos a Texas cuando la Administración Biden los dejó defender la frontera, Iowa seguirá colaborando en la aplicación de las leyes federales de inmigración; esta vez, trabajando con la Administración Trump para respaldar a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en nuestro estado”, dijo Reynolds en un comunicado. “Al brindar apoyo administrativo y logístico, la Guardia Nacional de Iowa permitirá que los funcionarios locales de ICE continúen su labor en el terreno para hacer cumplir la ley y mantener seguro nuestro estado”.
La gobernadora ha reiterado en varias ocasiones su compromiso de trabajar con la administración Trump y con ICE en la ofensiva nacional contra la inmigración. No obstante, algunos defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que estas acciones perjudicarán a las comunidades inmigrantes de Iowa.
Alejandra Escobar, de la organización Escucha Mi Voz Iowa, declaró a principios de agosto que la decisión de involucrar a la Guardia Nacional de Iowa en las operaciones de ICE “representa una escalada sin precedentes en la política antiinmigrante” que podría derivar en violaciones de libertades civiles y poner en riesgo la seguridad de las familias de Iowa.
“Los miembros de Escucha Mi Voz exigen que la gobernadora Reynolds mantenga a la Guardia Nacional de Iowa fuera de la aplicación de leyes migratorias”, afirmó Escobar. “Desplegar a la Guardia Nacional contra las comunidades inmigrantes trabajadoras de nuestro estado es moralmente indefendible y pone en riesgo violaciones generalizadas de derechos civiles y constitucionales. Vigilaremos de cerca esta situación y estamos preparados para movilizar a las comunidades en todo el estado contra cualquier acción que amenace a las familias de Iowa”.
El gobierno estatal también ha tomado otras medidas para participar en la aplicación de las leyes federales de inmigración. En marzo, el Departamento de Seguridad Pública de Iowa firmó un acuerdo con ICE para conformar un grupo especial de tres agentes, autorizados para llevar a cabo determinadas acciones de control migratorio federal, como emitir órdenes de detención migratoria.
Asimismo, la fiscal general de Iowa, Brenna Bird, presentó una demanda contra el condado de Winneshiek y su alguacil, Dan Marx, después de que este publicara en Facebook que no cumpliría con solicitudes de detención de ICE para personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados, si dichas solicitudes no contaban con la aprobación de un tribunal. La demanda fue desestimada en julio, luego de que Bird afirmara que Marx y el condado “se han comprometido a seguir cumpliendo con las órdenes de detención de ICE y a cooperar con las autoridades federales de inmigración”.
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