Por Héctor Alejandro Arzate, Nebraska Public Media
La política de aplicación de las leyes migratorias entre trabajadores agrícolas sigue oscilando bajo la administración Trump.
El viernes, el presidente Donald Trump afirmó que está considerando una nueva medida que permitiría a la industria agrícola seguir empleando a inmigrantes sin autorización para trabajar, siempre que los agricultores y ganaderos asuman la “responsabilidad” por sus trabajadores.
“Estamos viendo la posibilidad de que, en el caso de agricultores responsables y con buena reputación, puedan asumir la responsabilidad por las personas que contratan, porque no podemos hacer que las granjas quiebren”, dijo Trump en una reciente conferencia de prensa. “Y, al mismo tiempo, no queremos perjudicar a personas que no son criminales”.
No obstante, la semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuar con redadas en granjas, ranchos y lecherías en todo Estados Unidos.
Esa orden fue suspendida brevemente por Trump luego de grandes operativos realizados a inicios de mes, incluyendo el arresto de más de 70 personas en una planta empacadora de carne en Omaha, Nebraska. En ese momento, Trump escribió en Truth Social que la política era “muy agresiva” y que podía retirar de las granjas a trabajadores inmigrantes de larga trayectoria.
Pese a la oposición de algunos líderes del sector agrícola y defensores de los derechos de los trabajadores inmigrantes, la administración Trump reafirmó que seguirá realizando redadas en centros de trabajo del sector agrícola y hotelero, enfocándose en personas con antecedentes penales.
Numerosos representantes del sector agrícola temen que esta política reduzca la mano de obra disponible y perjudique tanto a los productores como a los consumidores. Entre ellos se encuentra Matt Teagarden, director ejecutivo de la Kansas Livestock Association, que representa a más de 5,000 miembros.
“Estas redadas alteran nuestro suministro de alimentos y provocan un aumento en los precios”, dijo Teagarden. “Además de los trabajadores detenidos, generan temor en las comunidades y hacen que muchos —incluso quienes tienen estatus legal— opten por no presentarse a trabajar”.
Por orden de la administración Trump, ICE ha intensificado los arrestos y deportaciones en todo el país, con el objetivo declarado de realizar al menos 3,000 detenciones diarias.
“No habrá espacios seguros para industrias que alberguen criminales violentos o busquen socavar los esfuerzos de ICE”, dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, durante una entrevista con PBS. “La aplicación de la ley en los centros de trabajo sigue siendo un pilar fundamental para proteger la seguridad pública, la seguridad nacional y la estabilidad económica”.
Para los trabajadores inmigrantes y las comunidades rurales que dependen de ellos, la posibilidad de nuevas redadas genera gran inquietud, explicó Sonia Parras, abogada de inmigración en Des Moines, Iowa.
“La consecuencia no deseada es que se destruye no solo la vida de las comunidades inmigrantes, sino también la de las industrias, los pequeños comercios y los negocios familiares”, dijo Parras. “¿Vale la pena el costo económico y social de una redada solo para extraer o detener a inmigrantes?”
En 2008, Parras brindó servicios legales pro bono durante una redada de ICE en una planta empacadora de carne en Postville, Iowa, donde fueron arrestadas casi 400 personas. Esta semana, comentó que ha recibido llamadas incesantes de personas en estado de pánico, buscando orientación en caso de ser detenidas.
“Cuando la administración —en mi opinión— prioriza una política punitiva dirigida a estos trabajadores, se crea una paradoja: la misma fuerza laboral en la que confían los agricultores es empujada a la clandestinidad”, señaló Parras.
En 2022, el 42 % de los trabajadores agrícolas en EE.UU. no contaban con autorización legal para trabajar, según un informe del Departamento de Agricultura de EE.UU. Otro 19 % eran inmigrantes con visas o residencia legal permanente.
Aunque Teagarden y otros representantes del sector agrícola apoyan el control fronterizo y la expulsión de criminales violentos, aseguran que desean trabajar con Trump y el Congreso para encontrar una solución “razonable” que proteja la industria.
“Está claro para mí que quienes promueven estas redadas en granjas, corrales y lecherías no entienden cómo funciona el campo”, afirmó Teagarden. “Uno no puede simplemente apagar una vaca. No funciona así. Las vacas hay que ordeñarlas, el ganado hay que alimentarlo”.
Según David Ortega, profesor de economía alimentaria y política pública en la Universidad Estatal de Michigan, el trabajo de los inmigrantes ha permitido que los costos laborales se mantengan bajos y, por tanto, que los precios de los alimentos para los consumidores sigan siendo accesibles.
“El sector agrícola depende en gran medida de trabajadores migrantes para llevar a cabo tareas críticas que muchos estadounidenses no pueden o no están dispuestos a realizar”, explicó Ortega. “Actividades como cosechar, sembrar o trabajar en plantas procesadoras de carne son esenciales para llevar los alimentos del campo a la mesa”.
Ortega añadió que productores de cultivos especiales en el Medio Oeste, quienes dependen especialmente de la mano de obra inmigrante, ya han expresado su preocupación. Dijo que la actual política migratoria está provocando un “efecto paralizante” incluso entre trabajadores con autorización legal para laborar.
“No sorprende que los productores estén contactando a funcionarios electos para alertar que estas medidas y la retórica de la administración Trump sobre inmigración ilegal y deportaciones masivas están perjudicando sus negocios”, concluyó Ortega.
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