Por Hannah Meisel, Capitol News Illinois
Chicago, Illinois – Los abogados de los exacusados conocidos como “Broadview Six” buscan posibles pruebas de presión de funcionarios de la Casa Blanca sobre la fiscalía federal en Chicago para conseguir una acusación formal contra el grupo de activistas demócratas, funcionarios electos locales y candidatos el otoño pasado.
El grupo, acusado formalmente en octubre después de asistir a una protesta migratoria durante las primeras semanas de Operation Midway Blitz, la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump centrada en Chicago, debía enfrentar juicio a finales del mes pasado. Pero el juicio fue cancelado abruptamente y todos los cargos fueron retirados ante señalamientos de presunta conducta indebida de la fiscalía ante el gran jurado.
En una moción presentada la tarde del jueves, los abogados defensores pidieron a la jueza federal de distrito April Perry autorización para realizar descubrimiento de pruebas y revelar comunicaciones u otra evidencia que explique cómo el grupo pasó de ser seis manifestantes dentro de una multitud de cientos a enfrentar un inusual cargo grave de conspiración.
También indicaron que buscarán pruebas de lo que llamaron un “encubrimiento” de la presunta conducta indebida de la fiscalía por parte del exfiscal federal adjunto principal del caso, algo que solo se descubrió en el último momento, antes del juicio, cuando Perry leyó transcripciones sin censura de los esfuerzos de varios días de los fiscales para obtener una acusación formal del gran jurado.
“El descubrimiento de pruebas solicitado es esencial para garantizar a los acusados una oportunidad plena y justa de demostrar la mala fe y/o el carácter vejatorio o frívolo de esta causa penal mal encaminada”, señala la moción.
Entre las pruebas solicitadas por los exacusados figuran “documentos, comunicaciones y registros”, incluidos correos electrónicos, mensajes de texto y datos de teléfonos celulares, entre el ahora fiscal general interino Todd Blanche o su subordinado directo, Aakash Singh, y la oficina del fiscal federal Andrew Boutros en Chicago.
La moción también detalla las pruebas que los exacusados buscan para demostrar lo que llamaron un “encubrimiento de siete meses” de la presunta conducta indebida de la fiscalía ante el gran jurado, “que culminó con varios fiscales federales ocultando activamente” esa presunta conducta indebida a Perry.
En una medida extremadamente inusual el mes pasado, el propio Boutros compareció en la sala de Perry para anunciar que los cargos serían retirados y asumir responsabilidad por la conducta de los fiscales. Desde entonces, un número creciente de demócratas prominentes de Illinois ha pedido la renuncia de Boutros; los senadores federales Dick Durbin y Tammy Duckworth emitieron el martes un comunicado conjunto exigiendo lo mismo y afirmaron que la fiscalía federal bajo Boutros “ha estado plagada de caos, profunda disfunción interna y presunta conducta indebida”. Más tarde esa semana se sumaron llamados similares de los representantes federales Mike Quigley, Jesús “Chuy” García y Jan Schakowsky.
Pero el jueves, Blanche salió en defensa de Boutros y escribió en una publicación en redes sociales que, desde que asumió el cargo hace 14 meses, el fiscal federal “ha impulsado firmemente la misión del presidente Trump de hacer que Chicago y el norte de Illinois sean seguros para el pueblo estadounidense”.
Blanche citó un aumento en las acusaciones formales en el Distrito Norte de Illinois y mencionó a acusados prominentes procesados durante su mandato, incluido el inmigrante indocumentado acusado del asesinato de Sheridan Gorman, estudiante de 18 años de Loyola University Chicago, en marzo.
“Este Departamento respalda plenamente al fiscal federal Boutros y sus esfuerzos para combatir delitos violentos, tráfico de drogas, violaciones migratorias y fraude, y esperamos más trabajo importante de su oficina”, concluyó el comunicado de Blanche.
En respuesta, Boutros agradeció a Blanche “por su apoyo fuerte e inquebrantable” en una publicación en redes sociales en la que criticó al liderazgo anterior de la fiscalía federal de Chicago por “hacer menos que el mínimo indispensable” antes de que él asumiera el cargo.
La oficina ha sufrido una fuga de talento durante el último año, con un éxodo sin precedentes de fiscales, incluidos la mayoría de los jefes de sección de la división penal. Dos de esos jefes de sección, los exfiscales federales adjuntos Amarjeet Bhachu y Sarah Streicker, ayudaron a derribar a figuras políticas poderosas, incluidos el exconcejal de Chicago Ed Burke y el expresidente de la Cámara de Representantes de Illinois Michael Madigan.
El comunicado de Boutros agradeció a quienes, dijo, “me han mostrado apoyo y aliento incondicionales durante este tiempo”.
“Estoy agradecido con todos ustedes, y no olvidaré cómo estuvieron a mi lado cuando otros aprovecharon la oportunidad para intentar desestabilizar la Oficina, distraernos de nuestra misión y sembrar discordia entre nuestra comunidad de fiscales federales adjuntos y fuerzas del orden, antes unida, bajo el pretexto de que aman o realmente se preocupan por esta increíble e histórica Oficina”, escribió.
Mientras el caso se venía abajo a finales del mes pasado, Perry dijo a los abogados defensores que aceptaría escritos “y quizá una audiencia sobre el tema de un procesamiento por represalia”, con base en lo que había conocido a partir de las transcripciones del gran jurado.
Los abogados defensores ya habían intentado avanzar con una teoría similar a principios de este año, pero sus argumentos se centraban en si el Departamento de Justicia había tenido comunicaciones sobre el caso con funcionarios de la Casa Blanca. Cuando los fiscales aseguraron a la jueza en marzo que no las hubo, ella desestimó la moción.
Pero Perry dijo a los fiscales que la confianza que normalmente les concedía “se ha roto”, tanto por lo que leyó en las transcripciones del gran jurado como porque esa información había sido ocultada previamente en las transcripciones censuradas que el gobierno le entregó.
“Todos aceptamos la palabra de los abogados del gobierno en muchísimas cosas”, dijo Perry. “En ese momento, yo operaba bajo la presunción de que el proceso ante el gran jurado había sido regular, y claramente no lo fue. Así que, con base en lo que he visto en las transcripciones del gran jurado, la evaluación ha cambiado, y ha cambiado considerablemente”.
La solicitud de los exacusados para revisar cualquier comunicación de Singh resulta notable por su participación en otro caso migratorio de alto perfil que colapsó recientemente: el de Kilmar Abrego Garcia, quien fue deportado por error a El Salvador el año pasado. El caso de Abrego Garcia se convirtió en un punto de tensión para la administración Trump cuando un juez federal ordenó su regreso a Estados Unidos. Al regresar, fue acusado de presuntamente traficar con inmigrantes indocumentados a partir de una parada de tránsito de 2022 en Tennessee.
Pero esos cargos fueron desestimados el mes pasado, después de que un juez federal en Nashville determinó que había pruebas suficientes para concluir una “presunción de represalia” por parte del Departamento de Justicia en los cargos contra Abrego Garcia, debido a que su deportación errónea avergonzó a la administración Trump.
Los abogados defensores de Broadview Six citaron comunicaciones entre Singh y fiscales principales involucrados no solo en el caso de Abrego Garcia, sino también en acusaciones recientes contra el exdirector del FBI James Comey y el experiodista de CNN Don Lemon.
“Primero, reportes disponibles públicamente indican que el señor Singh ha desempeñado un papel central en orientar el procesamiento de ‘objetivos principales de la administración como Kilmar Abrego Garcia, James Comey y Don Lemon’ y, de particular importancia aquí, en buscar ‘desestimar a [miembros del gran] jurado que presentaban obstáculos’ cuando ‘los grandes jurados se negaban a acusar formalmente … después de arrestos masivos en las calles’”, señala una nota al pie de la moción presentada el jueves.
Singh también fue objeto de una historia de The New York Times en marzo que detalló directrices internas del Departamento de Justicia a fiscales para perseguir de manera agresiva cargos contra manifestantes migratorios. Según la cita, Singh dijo a sus subordinados en una llamada de enero que debían “ir en grande … y hacer ruido” para generar titulares sobre esas acusaciones. También fue citado indicando a las fiscalías federales locales que debían estar “pegadas” a los agentes federales para construir casos.
En un comunicado el jueves, Chris Parente, abogado de uno de los exacusados de Broadview Six, dijo que el grupo busca pruebas sobre cómo se obtuvo la acusación formal porque “el público tiene derecho a saber exactamente qué ocurrió en el encubrimiento de la mala conducta ante el gran jurado por parte de la Fiscalía Federal en Chicago”.
“También necesitamos saber si las órdenes para perseguir esta falsa acusación política vinieron de Washington, y qué tan de cerca los funcionarios de la sede central del Departamento de Justicia estaban siguiendo o alentando los avances en este caso”, dijo.
Parente, quien también fue fiscal federal, representa a Brian Straw, miembro de la junta municipal de Oak Park. Citó la postura reciente de Boutros de que era “’importante’ que los fiscales de carrera involucrados en este caso tuvieran ‘la oportunidad de explicar su versión de los hechos’ para demostrar que ‘actuaron de buena fe’”.
“Aunque estamos de acuerdo, también sabemos que esta Fiscalía Federal ha perdido el privilegio de la presunción de buena fe, y buscamos los hechos necesarios para resolver cualquier pregunta pendiente sobre las acciones e intenciones del gobierno”, dijo Parente. “No nos detendremos hasta obtener respuestas y hasta que quienes participaron en una injusticia judicial, o la supervisaron, ya no ocupen cargos de confianza pública”.
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