Por Tim Henderson, Stateline
Los millones de migrantes que fueron liberados dentro del país durante el auge migratorio que comenzó en 2021 y alcanzó su punto máximo en 2023 desataron una tormenta política cuando estados republicanos los trasladaron a ciudades gobernadas por demócratas. Ahora, según un nuevo análisis, muchos de ellos han vuelto a trabajar en los estados de donde fueron expulsados.
Muchos de los migrantes se entregaron a las autoridades migratorias al entrar ilegalmente a Estados Unidos, pero evitaron una expulsión inmediata al alegar un “temor creíble” de persecución o tortura si regresaban a sus países, lo que les dio derecho a solicitar asilo. Obtener una audiencia de asilo puede tomar años. Otros solicitantes llegaron con citas hechas a través de una aplicación del gobierno o recurrieron a programas temporales de parole mientras buscaban regularizar su situación ante los tribunales.
Ahora, en medio de la ofensiva migratoria de la administración Trump, estos migrantes enfrentan una presión creciente, con la amenaza de ser arrestados y detenidos incluso cuando se presentan a sus audiencias judiciales. Actualmente pueden empezar a trabajar legalmente después de esperar seis meses, pero la administración Trump busca extender ese plazo a un año.
Un análisis de Stateline sobre expedientes judiciales muestra que la mayor cantidad de solicitantes de asilo recientes se concentra en Nueva York, Florida, Massachusetts, Nueva Jersey y Utah, todos estados cuyas poblaciones son al menos 1% más altas que en 2020 por la llegada de nuevos migrantes. También figuran entre los 10 primeros Texas, Connecticut, California, Illinois y Colorado. Los gobernadores republicanos Ron DeSantis, en Florida, y Greg Abbott, en Texas, encabezaron la ofensiva para trasladar migrantes fuera de sus estados. El análisis de Stateline cuenta únicamente a los migrantes que no están detenidos.
El país que representa la mayor fuente individual de solicitantes de asilo recientes es Venezuela, con 363,000 hasta febrero. Le siguen México (251,000), Guatemala (241,000), Honduras (240,000) y Colombia (235,000). Pero esos números nacionales se redistribuyen de manera distinta en cada estado: los ecuatorianos predominan en cinco estados, los nicaragüenses en cuatro, y brasileños y cubanos en tres estados cada uno.
Los estados más afectados por el auge migratorio en la frontera
La mayor cantidad de inmigrantes que solicitaron asilo durante el auge migratorio en la frontera se encuentra en Nueva York, Florida, Massachusetts, Nueva Jersey y Utah, todos estados cuyas poblaciones son al menos 1% más altas que en 2020 por la llegada de nuevos migrantes.
El flujo de migrantes que comenzó a crecer cuando el presidente Joe Biden relajó las reglas migratorias en enero de 2021 generó una reacción política adversa que se intensificó después de que DeSantis y Abbott comenzaron a trasladar en autobuses y aviones a migrantes fronterizos hacia ciudades gobernadas por demócratas, lo que puso una fuerte presión sobre sus finanzas. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, gastó un total de $8.13 mil millones en albergue y servicios para más de 223,000 solicitantes de asilo y otros migrantes que llegaron entre la primavera de 2022 y el otoño de 2024.
Al mismo tiempo, algunas comunidades inmigrantes ya establecidas resentían lo que consideraban un trato indulgente hacia los recién llegados.
Medios locales reportaron enojo por la competencia por empleos dentro de comunidades latinas de la ciudad de Nueva York. Pero Ernesto Castañeda, director del Center for Latin American and Latino Studies de American University, dijo que las entrevistas allí mostraban más resentimiento por la ayuda que recibieron los recién llegados.
“Por primera vez en la historia de Estados Unidos hubo muchos programas grandes para alojar y alimentar temporalmente a los recién llegados”, dijo Castañeda. “La gente (en la ciudad de Nueva York) hablaba de las tarjetas de comida que recibieron, de las comidas gratis o de los cuartos de hotel, y eso acaparó mucha de la atención mediática local”.
Pero muchos de los nuevos inmigrantes también han aportado mano de obra muy necesaria, desde las calles de la ciudad de Nueva York y sus suburbios hasta las granjas lecheras de Idaho.
“Lo único que podemos hacer es trabajar y esperar lo mejor”, dijo una mujer de Ecuador que pidió ser identificada solo como Rosa. Rosa trabaja en un negocio familiar de alimentos en Spring Valley, un suburbio de Nueva York que, según registros judiciales, está entre las cinco zonas del país con mayor cantidad de estos migrantes, la mayoría procedentes de Ecuador.
“Aquí es duro, pero en Ecuador es peor. Hay pandillas que te extorsionan”, dijo otra mujer que trabaja en una tienda de Queens etiquetando paquetes de hierbas ecuatorianas. Se negó a identificarse.
Tanto en suburbios como en ciudades, la agenda de deportaciones masivas de la administración Trump tiene preocupados a los inmigrantes. Alrededor de 22% de los recién llegados en todo el país, estén o no detenidos, tiene órdenes de expulsión emitidas por tribunales migratorios, lo que significa que podrían ser arrestados y deportados de inmediato en cualquier momento.
“Hubo muchos arrestos aquí cerca. Gente que hizo todo bien terminó detenida”, dijo Rosa en español, mirando nerviosa a su alrededor mientras trabajaba preparando platos ecuatorianos tradicionales como corviches, frituras de pescado y una sopa de pescado con cebolla llamada encebollado.
Muchos de los recién llegados han dejado de socializar y se quedan en casa cuando no están trabajando, por temor a quedar atrapados en redadas que han llevado a miles a centros de detención, según entrevistas realizadas en Nueva York y el Distrito de Columbia por el Center for Latin American and Latino Studies.
Incluso cuando el muy repudiado dictador venezolano Nicolás Maduro fue arrestado en enero y trasladado a Estados Unidos para ser juzgado, muchos solicitantes de asilo venezolanos prefirieron quedarse en casa en lugar de exponerse a ser arrestados durante celebraciones públicas.
Los ecuatorianos recibieron menos atención mediática que los venezolanos porque llegaron a una comunidad más establecida en Nueva York, dijo Castañeda.
“(Los ecuatorianos) ya tenían redes, así que no estaban en albergues. No estaban en las calles”, dijo. “Podían trabajar y estaban pasando a formar parte del tejido de Nueva York, pero ahora Trump los está deportando porque ICE sabe quiénes son, dónde viven y su estatus es presa fácil. Son el blanco más fácil”.
Muchos venezolanos quisieran volver a casa, pero enfrentan todavía más caos tras la caída de Maduro, dijo Héctor Arguinzones, organizador de un grupo de inmigrantes venezolanos en la ciudad de Nueva York.
“Muchos de nosotros huimos de Venezuela porque nuestros propios vecinos eran nuestros perseguidores”, dijo Arguinzones. “No estamos tratando de, ya sabes, meternos a escondidas a Estados Unidos. Muchos queremos volver. Estamos llenos de esperanza. Pero no podemos pensar que esta crisis en Venezuela se va a resolver en tres meses. Tenemos que ser pacientes. Lo que realmente necesitamos es un trato humanitario”.
Texas terminó concentrando la mayor cantidad de venezolanos, una ironía que subraya un libro escrito por el equipo de investigación de American University. Después de recibir inicialmente ayuda en lugares más receptivos, como Colorado, la ciudad de Nueva York y Washington, D.C., muchos venezolanos viajaron por el país en busca de trabajo, pero poco a poco regresaron a Texas, donde había empleos disponibles y el costo de vida era más bajo.
Vivir en Estados Unidos con una cita pendiente en un tribunal de inmigración es una situación precaria para personas que huyen de pandillas y de la opresión política en Sudamérica y Centroamérica. El miedo a regresar al país de origen puede ser una razón legal válida para evitar la deportación, pero requiere ayuda legal y no impide la detención ni la presión para “autodeportarse”.
“Por desgracia, tener un caso de asilo no equivale a tener un estatus legal”, dijo Arguinzones. “Le decimos a la gente que siga al día con sus casos judiciales y que lleve consigo sus papeles, para que al menos tenga algo que mostrar. Al menos es algo”.
Por desgracia, tener un caso de asilo no equivale a tener un estatus legal.
– Héctor Arguinzones, organizador de un grupo de inmigrantes venezolanos
Robin Nice, una abogada de Boston, dijo que seis de sus clientes con casos de asilo pendientes fueron detenidos en una redada de enero llamada Operation Catch of the Day, y solo uno había tenido un roce con la ley en forma de una infracción de tránsito de un año atrás.
“Por lo general iban camino al trabajo o regresaban de él, a veces simplemente subiéndose a su auto al terminar un turno”, dijo Nice.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en una declaración sin firma enviada a Stateline, dijo: “Un caso de asilo pendiente NO confiere ningún tipo de estatus legal en Estados Unidos. Si una persona entra ilegalmente a nuestro país, está sujeta a detención o deportación”.
Algunos de los solicitantes de asilo que buscan regularizar su situación a través de los tribunales ya han sido detenidos, pero representan una pequeña fracción del total de 2.8 millones de casos.
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