Washington, D.C. — El juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh argumentó en un caso importante a principios de este mes que los ciudadanos estadounidenses enfrentan pocos problemas para verificar su estatus migratorio cuando agentes federales los detienen.
“Si los agentes descubren que la persona que detuvieron es ciudadana estadounidense o está legalmente en el país, la liberan inmediatamente”, escribió Kavanaugh en una opinión concurrente sobre un caso del calendario de emergencia.
En la práctica, la campaña agresiva de deportaciones masivas de la administración Trump contra personas sin estatus legal ya ha resultado en la detención de ciudadanos estadounidenses durante redadas, según reportes noticiosos y expertos en inmigración. Los expertos pronostican que estas detenciones aumentarán.
Una vez detenidos, verificar la ciudadanía puede tomar tiempo. El pasaporte se considera la prueba más contundente, pero menos de la mitad de los estadounidenses tienen pasaporte, según datos de 2024 del Departamento de Estado. Y son aún menos los que cargan con este documento voluminoso.
Los comentarios de Kavanaugh surgieron en una decisión de 6-3 de la Corte Suprema que permite por ahora a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usar perfiles raciales en redadas en Los Ángeles, mientras el caso sigue su curso judicial. Una orden judicial previa prohibía a los agentes usar perfiles raciales para detener inmigrantes sin estatus legal.
Dos de los cinco demandantes son hombres latinos que reiteradamente informaron a los agentes de inmigración que eran ciudadanos estadounidenses, pero aun así fueron arrestados y detenidos.
Los tres jueces liberales de la Corte disintieron del fallo que autoriza los perfiles raciales. En una opinión crítica, la jueza Sonia Sotomayor declaró que el razonamiento de Kavanaugh “ignora la realidad”.
John Sandweg, abogado que fue director interino de ICE durante el gobierno de Obama, dijo en una entrevista con States Newsroom que el resultado es claro.
“Existe una alta probabilidad, basada en esta opinión, de que un ciudadano estadounidense pueda ser detenido por días o incluso semanas mientras ICE intenta confirmar su ciudadanía”, afirmó Sandweg.
“No es algo que se pueda resolver en el estacionamiento de un Home Depot”, añadió, refiriéndose a los lugares donde ICE realiza operativos porque allí suelen congregarse jornaleros, muchos sin estatus legal.
Demostrar la ciudadanía
No existe una base de datos nacional de ciudadanos ni la obligación de portar una identificación nacional, por lo que a ICE puede tomarle tiempo verificar el estatus, explicó Sandweg.
Hay una excepción para ciudadanos naturalizados, cuyo estatus puede verificarse rápidamente en una base de datos. Pero casos más complejos, como hijos de ciudadanos nacidos en el extranjero (ciudadanía derivada), presentan más dificultades.
Obtener un pasaporte es una solución, pero cuesta hasta $160 y el trámite puede tomar semanas.
Incluso una licencia de conducir no garantiza probar la ciudadanía, ya que 19 estados y el Distrito de Columbia las otorgan sin importar el estatus migratorio.
Se desconoce la frecuencia de arrestos erróneos por parte de ICE, pero los datos más recientes provienen de un informe de 2021 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO).
El reporte halló que ICE arrestó a 674 “potenciales” ciudadanos estadounidenses, detuvo a 121 y deportó a 70 entre 2015 y los primeros seis meses de 2020, antes del actual endurecimiento de políticas.
ICE no respondió a las solicitudes de comentario sobre sus procedimientos para verificar la ciudadanía.
‘Etnia aparente’
La orden de la Corte permite por ahora a los agentes usar la “etnia aparente” como factor para determinar sospecha razonable de violación migratoria, siempre que no sea el único criterio.
Antes de la orden restrictiva, los agentes usaban diversos factores para determinar la etnia aparente, como hablar español o inglés con acento, trabajar en jardinería o como jornalero, o frecuentar ciertos lugares como paradas de autobús o lavaderos de autos.
El caso surge de redadas masivas este verano en tiendas Home Depot y otros sitios de Los Ángeles donde se congregan jornaleros, lo que generó grandes protestas. El presidente Donald Trump citó las protestas para desplegar tropas de la Guardia Nacional y Marines en la ciudad, pese a las objeciones del gobernador de California, Gavin Newsom.
Estos dos demandantes no son los únicos ciudadanos afectados por redadas de ICE durante el segundo gobierno de Trump.
En Florida, la policía detuvo por días a un joven de 20 años tras una parada de tránsito, aunque mostró su tarjeta del Seguro Social y afirmó ser ciudadano. En Nueva Jersey, ICE detuvo por horas a un veterano militar ciudadano antes de liberarlo.
Y en el sur de California, un veterano del Ejército de 25 años fue detenido tres días por oficiales de inmigración, reportó The Atlantic.
Miembros del Congreso también han expresado preocupación por estas detenciones. Cincuenta legisladores demócratas han pedido a los organismos de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional que investiguen si se están violando derechos civiles.
“Nos preocupan crecientemente los reportes de ciudadanos detenidos como resultado de las acciones de la administración Trump”, escribieron en una carta el mes pasado a oficinas de derechos civiles y supervisión del DHS.
La Corte Suprema ‘envía una señal a ICE’
El fallo, aunque basado en redadas en Los Ángeles, podría tener impacto nacional, señaló Sophia Genovese, del Centro de Estudios Legales Aplicados de la Universidad de Georgetown.
La administración Trump inició este mes operativos en Chicago y Boston, ciudades con grandes poblaciones inmigrantes y destino frecuente de autobuses con migrantes enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott.
Genovese indicó que, aunque la opinión de Kavanaugh no es vinculante, “aún así le señala a ICE que puede usar este perfil racial” en arrestos sin orden judicial.
Los agentes de ICE pueden realizar arrestos sin orden si tienen causa probable para creer que la persona está ilegalmente en el país y podría huir antes de obtener una orden.
“Lo que vemos en Los Ángeles y el país son arrestos sin orden, y en la práctica están siendo bastante violentos con la gente. Literalmente la arrancan de la calle”, afirmó.
Genovese, especialista en leyes de inmigración y asilo, dijo que incluso al presentar documentos, la liberación de un ciudadano puede tomar semanas.
“La gente teme y dice sentir que debe cargar sus ‘papeles’ —pasaporte, green card— para probar su derecho a estar aquí. No es un requisito legal, pero ese es el impacto en las comunidades”, explicó.
Añadió que la carga de probar la ciudadanía debería recaer en el gobierno, no en el individuo.
Sotomayor advirtió en su disidencia que esta consecuencia afectaría a la comunidad latina, creando una ciudadanía de segunda clase y violando la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables.
“El Gobierno, y ahora la opinión concurrente, prácticamente ha declarado que todos los latinos, ciudadanos o no, con empleos de bajos salarios pueden ser capturados en cualquier momento, alejados de su trabajo y retenidos hasta que prueben su estatus legal a satisfacción de los agentes”, escribió.
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