Washington D.C. — Kilmar Abrego García, quien fue deportado erróneamente en marzo a una notoria mega-prisión en El Salvador, fue sometido a “golpizas severas, privación extrema del sueño, alimentación inadecuada y tortura psicológica” durante su reclusión, según afirmaron sus abogados en una demanda enmendada presentada el miércoles por la noche.
La denuncia, presentada ante el Tribunal de Distrito de Maryland, ofrece los primeros detalles perturbadores sobre lo que Abrego García vivió en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT.
Su deportación errónea se ha convertido en el caso más emblemático del conflicto entre la agresiva política de deportaciones masivas de la administración Trump y el llamado del poder judicial a respetar el debido proceso de las personas migrantes.
Las denuncias de tortura también plantean cuestionamientos sobre el pago de hasta 15 millones de dólares que el Departamento de Estado de EE. UU. habría hecho a El Salvador para detener a unos 300 hombres migrantes en el CECOT, lo que podría constituir una violación de la Ley Leahy, una norma estadounidense en materia de derechos humanos.
Dicha ley prohíbe que el Departamento de Estado brinde apoyo financiero a “unidades de fuerzas de seguridad extranjeras” —como personal militar o penitenciario— cuando existan denuncias creíbles de violaciones graves a los derechos humanos.
Golpes con bastones y horas arrodillado
Cuando Abrego García llegó por primera vez al CECOT, un funcionario penitenciario le dijo: “Bienvenido a CECOT. Quien entra aquí, no sale”, según consta en la demanda presentada por el bufete Quinn Emmanuel, que lo representa en su caso migratorio.
Ese mismo día, 15 de marzo, fue pateado, golpeado con bastones de madera y agredido por guardias salvadoreños, según el documento.
“Al día siguiente, el demandante Abrego García tenía hematomas y protuberancias visibles en todo el cuerpo”, indica la denuncia.
Mientras estuvo en una celda, Abrego García y otros 20 reclusos salvadoreños fueron obligados a permanecer arrodillados desde las 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. Los guardias golpeaban “a quienes se desplomaban por agotamiento”, según el documento. Durante ese tiempo, se le negó el acceso al baño y se vio obligado a ensuciarse.
“Los detenidos estaban confinados en literas metálicas sin colchones, en una celda sobrepoblada, sin ventanas, con luces encendidas las 24 horas del día y con acceso mínimo a condiciones de higiene”, señala la denuncia.
En el CECOT, los guardias amenazaban con poner a Abrego García en celdas junto a pandilleros “que, según le aseguraban, lo ‘destrozarían’”, según el documento. Sus abogados niegan que tenga relación alguna con pandillas.
Durante sus primeras dos semanas en el CECOT, su salud se deterioró considerablemente y perdió 31 libras (aproximadamente 14 kilos), señalaron sus abogados.
Traslados a otras dos instalaciones
El 9 de abril, Abrego García y otros cuatro reclusos fueron trasladados a otro sector del CECOT, “donde fueron fotografiados con colchones y mejor comida—imágenes que al parecer fueron montadas para simular una mejora en las condiciones”, según sus abogados.
Alrededor del 10 de abril, fue trasladado en solitario a otra prisión ubicada en Santa Ana, El Salvador. Ese mismo día, la Corte Suprema de EE. UU. ordenó a la administración Trump “facilitar” el regreso de Abrego García, quien contaba con protección contra la deportación desde 2019.
No obstante, durante meses, la administración Trump sostuvo que Abrego García estaba bajo custodia de El Salvador y que Estados Unidos no podía obligar al país a repatriarlo.
En la nueva prisión, Abrego García “fue ocultado sistemáticamente de los visitantes, y se le ordenaba permanecer en una habitación aparte cada vez que llegaban personas externas”, indica la demanda.
“Durante toda su detención en El Salvador, al demandante Abrego García se le negó cualquier tipo de comunicación con su familia y el acceso a asesoría legal, hasta que el senador (Chris) Van Hollen lo visitó el 17 de abril de 2025”, detalla el documento.
El senador demócrata por Maryland viajó a El Salvador con el objetivo de lograr el regreso de Abrego García, quien ha residido durante años en dicho estado.
Cargos penales
Aunque Abrego García regresó a Estados Unidos el mes pasado, fue para enfrentar cargos penales federales presentados en Tennessee mientras permanecía detenido en El Salvador. Sus abogados niegan las acusaciones de tráfico de personas y aseguran que se trata de un intento de la administración Trump por salvar las apariencias.
El proceso penal contra Abrego García se desarrolla en un tribunal de Tennessee, y permanece detenido debido al temor de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intenten deportarlo nuevamente.
La semana pasada, abogados del Departamento de Justicia declararon ante el Tribunal de Distrito de Maryland que la administración Trump tiene la intención de deportar a Abrego García a un tercer país, aunque indicaron que no sería de forma inmediata.
Los abogados de Abrego García buscan avanzar con el proceso de recopilación de pruebas para determinar si la administración Trump desobedeció la orden del tribunal de distrito y la de la Corte Suprema al negarse a repatriarlo después de haber reconocido que su deportación fue un error.
“El desprecio de los demandados por la ley y el debido proceso, así como su crueldad, resulta escandaloso y exige una respuesta judicial inmediata, sostenida y bajo supervisión”, afirma la demanda. “Esto también representa una profunda crisis constitucional, en la que agencias del poder ejecutivo han desafiado repetidamente y de manera deliberada la autoridad de múltiples tribunales federales —incluida la Corte Suprema.”
“Este desacato socava los principios fundamentales de nuestro sistema constitucional al debilitar los pesos y contrapesos y el Estado de derecho que protegen la libertad individual frente a los abusos del poder gubernamental”, agregaron los abogados.
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