Por Virginia Barreda, Des Moines Register
Una organización sin fines de lucro que trabaja con inmigrantes y refugiados en Iowa está recurriendo al gobierno local en busca de financiamiento para servicios legales, tras la implementación de una nueva política que aumenta el riesgo de detención para esta población.
Los refugiados pueden solicitar la residencia permanente legal después de un año en Estados Unidos. Sin embargo, un nuevo memorando del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitido el 18 de febrero establece que aquellos que no cuenten con residencia permanente, también conocida como green card, tras ese periodo podrían ser detenidos sin derecho a fianza durante el proceso.
La medida se suma a una orden previa del DHS emitida en noviembre que suspende las decisiones finales sobre solicitudes de residencia permanente para refugiados. Esto significa que los solicitantes pueden presentar sus documentos, asistir a entrevistas y completar verificaciones de antecedentes, pero no recibirán una resolución, explicó Lucas Asbury, abogado principal de Iowa Migrant Movement for Justice, organización que ofrece servicios legales de bajo costo a inmigrantes y refugiados en el estado.
Asbury, quien atiende casos de refugiados, señaló que el memorando de febrero genera una contradicción que pone en riesgo a miles de personas que intentan cumplir con el proceso legal para permanecer en el país.
“Si no puedes solicitarla hasta que pasa un año, no hay forma de que en el día 366 ya tengas una green card. Es imposible”, afirmó, al señalar que el trámite puede tardar al menos un año.
El memorando más reciente, parte de la ofensiva migratoria de la administración Trump, establece que los refugiados deben regresar a custodia del gobierno para “inspección y revisión” un año después de su ingreso al país. Según el documento, esto busca volver a evaluar a los refugiados y reforzar la seguridad pública.
Erica Johnson, directora ejecutiva fundadora de IMMJ, solicitó a principios de marzo a los supervisores del condado de Polk un financiamiento de 300,000 dólares para contratar más abogados y atender la creciente carga de trabajo relacionada con solicitudes de residencia.
La asistencia legal es más importante que nunca para proteger a las familias refugiadas de la detención o de perder su estatus migratorio, afirmó.
Johnson estima que al menos 3,000 refugiados en Iowa necesitan ajustar su estatus migratorio y acceder a servicios legales, la mayoría de ellos en el condado de Polk.
Asbury advirtió que la detención de refugiados bajo esta política no solo representa un problema humanitario, sino que también podría tener un impacto significativo en la economía de Iowa. Sectores como la agricultura, el procesamiento de carne y la manufactura podrían enfrentar una pérdida importante de mano de obra si los refugiados son “arrancados de sus comunidades”. Además, la detención de padres podría obligar a los servicios sociales a intervenir para hacerse cargo de sus hijos.
El administrador del condado de Polk, Frank Marasco, indicó que aún no han recibido una propuesta formal por parte de la organización, pero que será evaluada por la Junta de Supervisores una vez presentada.
¿Cuál es la necesidad en Iowa?
Para las familias refugiadas en Iowa, la detención podría significar permanecer en la cárcel sin derecho a fianza mientras se procesa su solicitud, explicó Asbury. Con la suspensión de las decisiones sobre las green cards, ese tiempo podría ser indefinido.
La política ya ha comenzado a aplicarse en lugares como Minnesota, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han detenido a algunos refugiados que solicitaron su residencia permanente, pero no la han recibido, dijo Ann Naffier, codirectora legal de IMMJ, durante una reunión del 10 de marzo con los supervisores del condado de Polk.
Hasta ahora, no se han registrado detenciones masivas en el condado de Polk, señaló Asbury.
Funcionarios de IMMJ estiman que en el último año han atendido a personas provenientes de cinco continentes y cerca de 100 países, incluidos refugiados de Afganistán, Ucrania, el Congo, Sudán, Irak, Siria y Venezuela.
Los refugiados con mayor riesgo bajo esta nueva política son aquellos con recursos limitados, barreras lingüísticas y poco conocimiento del sistema legal estadounidense, agregó Asbury.
En conjunto, Iowa y Nebraska cuentan con alrededor de 72 abogados de inmigración. Además, son pocas las organizaciones en Iowa que ofrecen servicios legales migratorios gratuitos o de bajo costo, indicó.
IMMJ, que atiende a personas en todo el estado, depende de un pequeño equipo legal y de voluntarios capacitados para realizar entrevistas iniciales, revisar documentos y completar solicitudes.
La demanda supera ampliamente la capacidad disponible, advirtió Asbury.
“Es un flujo constante de personas y solo podemos atender una pequeña parte de la necesidad”, dijo.
¿Cómo ayudarían los fondos?
Con los 300,000 dólares adicionales, IMMJ busca contratar más abogados, ampliar sus clínicas legales y capacitar a más voluntarios, explicó Naffier durante la reunión del 10 de marzo.
Actualmente, IMMJ tiene cerca de 190 refugiados en lista de espera en el condado de Polk que necesitan actualizar su estatus migratorio, dijo Asbury. La organización aspira a duplicar su capacidad de atención y ayudar a 500 personas en el próximo año, añadió Johnson.
Asbury señaló al Register que contar con más recursos no garantiza evitar la detención, pero sí puede reducir el riesgo.
Cuanto más avanzado esté el proceso de una persona, más difícil resulta justificar su detención, explicó.
“Si comienzan a detener personas de manera masiva en Iowa… quiero que la mayor cantidad posible haya presentado su solicitud, para demostrar que no tienen su green card no por culpa propia, sino porque el gobierno simplemente se ha negado de manera arbitraria a otorgarla”, afirmó.
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