Por Clark Kauffman, Iowa Capital Dispatch
El condado ha sido demandado repetidamente por retener a detenidos de ICE
La principal fiscal del condado de Muscatine afirma que la ley federal le prohíbe divulgar públicamente el acuerdo de la cárcel del condado para detener a personas arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Al igual que otros condados de Iowa, el condado de Muscatine tiene un contrato con el gobierno federal para alojar a algunos de los inmigrantes detenidos en Iowa por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocido como ICE.
Ese contrato, y la detención de inmigrantes por parte del condado de Muscatine, han sido objeto de al menos cinco demandas civiles y de una presunta queja ética relacionada con el exfiscal del condado de Muscatine, James Barry, quien renunció el año pasado.
En enero, Iowa Capital Dispatch presentó una solicitud formal por escrito bajo la Ley de Registros Abiertos ante el sheriff del condado de Muscatine, Quinn Riess, y el administrador de la cárcel, Matt McCleary, solicitando una copia del contrato de la cárcel del condado para alojar a detenidos de ICE. Ni Riess ni McCleary respondieron a la solicitud ni a las cartas y llamadas telefónicas posteriores sobre el tema.
El 4 de febrero, Capital Dispatch hizo una solicitud similar a la fiscal del condado de Muscatine, Korie Talkington. El 19 de febrero, Talkington respondió señalando que había remitido la solicitud a ICE para que esa agencia la tramitara a través de la Ley federal de Libertad de Información (FOIA). Cualquier comunicación futura sobre el tema, dijo, provendría de ICE y no del condado.
Después de que Capital Dispatch objetara, señalando que no estaba solicitando acceso a registros federales en poder de ICE, sino a registros del condado sujetos a la Ley de Registros Abiertos de Iowa, Talkington respondió con una carta en la que afirmó: “No puedo proporcionar una copia del contrato con ICE/DHS. Su divulgación violaría la ley federal”.
Cuando se le preguntó a qué ley federal se refería y quién en ICE le había asesorado sobre el tema, Talkington dio a Capital Dispatch el nombre de uno de los tres empleados de ICE con los que dijo haber consultado y no citó la ley federal que, según ella, prohíbe la divulgación.
La empleada de ICE identificada por Talkington, Shayla Wray, dijo el lunes que redacta los contratos de cárceles para ICE y señaló que no estaba al tanto de que el condado de Muscatine ya hubiera afirmado que la ley federal prohíbe la divulgación pública de su contrato con ICE. “No lo sé”, dijo Wray. “No creo que ese sea el caso”.
Al preguntarle por qué ICE no quiere que el condado divulgue su propia copia del contrato, Wray respondió: “Simplemente pedimos a nuestro equipo de FOIA que revise todo y se asegure de que no haya nada que deba redactarse o algo por el estilo —solo el proceso tradicional— y luego lo divulgaríamos, a menos que Muscatine tenga alguna preocupación sobre publicar algo, lo cual no parecía ser el caso. Así que no tenemos problema en divulgar nada. Solo tenemos que seguir el proceso de FOIA”.
Cuestionan las respuestas de ICE a solicitudes FOIA
Durante el último año, la oficina de FOIA de ICE ha sido criticada repetidamente por la forma en que maneja las solicitudes de registros públicos:
— Información de detenidos: La semana pasada, una afiliada de ABC en Carolina del Norte informó que aún esperaba que la oficina de FOIA de ICE respondiera a una solicitud presentada hace tres meses. La estación de noticias busca acceso a detalles sobre algunas de las personas detenidas por ICE.
— Planes de expansión: En octubre de 2025, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Virginia y Carolina del Norte demandó a ICE por presuntamente no responder a una solicitud FOIA presentada en agosto de 2025 para obtener registros sobre los posibles planes de la agencia de ampliar la detención migratoria en Virginia.
— Imágenes de video: El mes pasado, el Center for Investigative Reporting demandó tanto a ICE como a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, alegando que violaron los plazos establecidos por ley y que aún no habían informado a CIR sobre el alcance del material que pretendían producir o retener en respuesta a una solicitud FOIA para obtener grabaciones de video de acciones de ICE en Los Ángeles y Chicago.
— Quejas de detenidos: El año pasado, el Los Angeles Daily News informó que envió a ICE una solicitud FOIA para obtener todas las quejas presentadas por detenidos en una instalación de California y, después de ocho meses, no recibió ninguna respuesta.
— “Menos transparente”: Chioma Chukwu, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro American Oversight, dijo a Columbia Journalism Review el otoño pasado que ICE tenía un historial “desastroso” en materia de transparencia. De las 137 solicitudes que la organización había presentado ante ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza hasta septiembre de 2025, solo una había recibido una respuesta sustantiva, dijo, y esa respuesta tardó casi siete meses. “ICE y CBP siguen siendo de las agencias más lentas y menos transparentes con las que tratamos”, dijo Chukwu a CJR.
— Beneficiarios de Medicaid: El año pasado, la Freedom of the Press Foundation presentó tres demandas separadas contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en parte por las respuestas FOIA a solicitudes de registros relacionadas con la afirmación de la secretaria Kristi Noem de que quería procesar a CNN y con un acuerdo del 14 de julio que dio a ICE acceso a los datos personales de los 78 millones de beneficiarios de Medicaid del país.
El contrato también fue solicitado por una abogada
Según la Ley de Libertad de Información, las agencias federales deben determinar en un plazo de 20 días hábiles si cumplirán o rechazarán una solicitud FOIA y luego “notificar inmediatamente” al solicitante sobre esa decisión. Sin embargo, las agencias pueden extender ese plazo debido a lo que consideran “circunstancias inusuales”.
Aunque algunas agencias tardan meses, o incluso años, en responder a solicitudes FOIA, Wray dijo que ICE tiene amplia experiencia manejando estas solicitudes de manera oportuna y eficiente.
“ICE se ha vuelto muy bueno en esto”, dijo. “Nunca he estado en una agencia que haya retenido información de forma intencional”.
Después de hablar con Wray, Iowa Capital Dispatch renovó su solicitud para acceder a la copia del contrato del condado de Muscatine con ICE, así como a la respuesta del condado a una solicitud de ese mismo contrato que, supuestamente, fue presentada el año pasado por la abogada Emily Rebelskey, de Iowa City.
El verano pasado, Rebelskey presentó documentos judiciales relacionados con un cliente, un detenido de ICE que había estado recluido en la cárcel del condado de Muscatine, en los que planteó la pregunta de si el condado tenía incentivos financieros para mantener detenidos a inmigrantes el mayor tiempo posible, dados los pagos que recibe de ICE por cada detención.
“Presenté una solicitud de registros públicos para ver el contrato y no me entregaron ese documento”, dijo Rebelskey a un juez de Iowa en ese momento.
Talkington aún no ha respondido a la solicitud del 20 de febrero de Capital Dispatch sobre la respuesta del condado de Muscatine a la solicitud de registros públicos presentada por Rebelskey.
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