Por Robin Opsahl, Iowa Capital Dispatch
El miércoles se alcanzó un acuerdo de conciliación en la demanda que impugna la orden emitida en 2024 por el secretario de Estado de Iowa, Paul Pate, relacionada con más de 2,000 personas identificadas como posiblçes no ciudadanos.
Pate y la fiscal general Brenna Bird celebraron lo que calificaron como una “victoria en integridad electoral”, mientras que defensores que hablaron en nombre de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en una conferencia de prensa el miércoles dijeron que el acuerdo incluye “salvaguardas importantes” para proteger los derechos de voto de los residentes de Iowa en futuras elecciones.
La demanda, presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU de Iowa y un bufete que representa a la League of United Latin American Citizens (LULAC) y a otros demandantes, cuestionó la guía que Pate emitió en 2024 para los auditores de condado, la cual impugnaba las boletas de votantes identificados como posiblemente no contar con ciudadanía estadounidense.
Estas personas se habían identificado como no ciudadanas ante el Departamento de Transporte de Iowa (Iowa Department of Transportation) u otra entidad gubernamental dentro de los 12 años previos a la orden. Pate dijo que la guía, emitida semanas antes de las elecciones generales de 2024, era necesaria porque al estado se le negó el acceso a la base de datos Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) para verificar la condición de ciudadanía de estas personas.
El estado presentó su propia demanda contra el gobierno federal en diciembre de 2024, acusando a ICE, bajo la administración Biden, de retener indebidamente información sobre ciudadanía. Bird anunció en diciembre de 2025 que esa demanda se resolvió mediante un acuerdo que permite a funcionarios estatales acceder a la base de datos SAVE durante los próximos 20 años, mientras Iowa proporciona al gobierno federal datos de licencias de conducir del estado. En 2025 también se promulgó una ley que permite a la oficina de Pate celebrar contratos con agencias federales y estatales, así como con entidades privadas, para la verificación y el mantenimiento del padrón electoral.
El acuerdo en la demanda presentada por la ACLU, LULAC y otras personas incluidas como “posibles no ciudadanos” aún no está finalizado, según un comunicado de la ACLU. Hasta la tarde del miércoles, los grupos y las personas que presentaron la demanda habían entregado documentos para solicitar la desestimación del caso y la adopción del acuerdo, pero un juez todavía no ha emitido una orden en el expediente.
Sin embargo, se dieron a conocer detalles del acuerdo, que incluyen compromisos de que la lista utilizada en 2024 no se usará en futuras elecciones ni para futuras impugnaciones, depuraciones o actividades de mantenimiento del padrón electoral, y el requisito de que futuras listas de impugnación dentro de los 90 días previos a una elección no se basen exclusivamente en datos del Departamento de Transporte de Iowa, de acuerdo con la ACLU.
La oficina del secretario de Estado señaló en un comunicado que ahora puede usar la base de datos SAVE y que “ya no necesita la lista de 2024, la cual fue rescindida”.
Bird dijo en un comunicado que el acuerdo “subraya la importancia de nuestro convenio con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que ayudará a Iowa a resguardar la integridad de nuestras elecciones durante los próximos años, al asegurar que un voto ilegal no anule el voto legal de los ciudadanos de Iowa”.
En marzo de 2025, Pate afirmó que, tras usar la base de datos SAVE, se determinó que 277 de las 2,176 personas señaladas en la guía de 2024 no tenían ciudadanía estadounidense. Aunque Pate y los republicanos han destacado esa cifra como prueba de la necesidad de más salvaguardas contra la participación de no ciudadanos en las elecciones en Estados Unidos, la directora legal de la ACLU de Iowa, Rita Bettis Austen, dijo que esos datos también reconocen que “al menos el 88% de quienes estaban en la lista eran, en realidad, ciudadanos estadounidenses plenamente elegibles para votar”.
Austen dijo que el acuerdo ayudará a prevenir situaciones en las que se impugne el voto de ciudadanos estadounidenses elegibles en elecciones de Iowa. La mayoría de las personas incluidas como “posibles no ciudadanos” en la guía de 2024 eran ciudadanos naturalizados con el derecho legal de votar.
“Los habitantes de Iowa merecen elecciones libres de este tipo de esfuerzo injustificado e intimidatorio por parte de nuestros más altos funcionarios estatales para señalar a votantes plenamente calificados de manera discriminatoria y poco confiable”, dijo Austen. “Esto socavó tanto los derechos de voto como la confianza de la gente en las elecciones”.
Pate dijo en un comunicado que su oficina está comprometida tanto con garantizar que “solo voten los votantes elegibles de Iowa” como con empoderar a todos los votantes elegibles para que voten.
“La integridad electoral y la participación de los votantes no son mutuamente excluyentes; se apoyan y se fortalecen entre sí”, dijo Pate. “Nuestro objetivo siempre ha sido verificar la ciudadanía de forma proactiva, en el momento del registro y no al momento de votar, y con acceso a SAVE y nuevas soluciones legislativas, tenemos las herramientas para hacerlo”.
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