Por Shalina Chatlani, Stateline
El mes pasado, los padres de una niña de 7 años cuyo sangrado nasal no se detenía la llevaron a Portland Adventist Health, en Portland, Oregón, para recibir atención de urgencia. Antes de que la familia pudiera entrar al edificio, agentes federales de inmigración supuestamente los detuvieron en el estacionamiento y los trasladaron a un centro de detención en Texas.
En el Hennepin County Medical Center de Minneapolis, trabajadores afirman que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) permanecen en el campus, pidiendo a pacientes y empleados pruebas de ciudadanía. El mes pasado, las tensiones llegaron a un punto crítico cuando agentes de ICE utilizaron esposas para sujetar a la cama de hospital a un inmigrante mexicano de 31 años. ICE sostuvo que el hombre, quien tenía huesos rotos en el rostro y una fractura de cráneo, se había golpeado la cabeza contra una pared a propósito mientras estaba esposado e intentaba huir.
Y el verano pasado, agentes de ICE persiguieron a una persona inmigrante hasta el Ontario Advanced Surgery Center, en Ontario, California, lo que provocó una confrontación con dos trabajadores del centro quirúrgico que vestían uniforme médico. Posteriormente, un gran jurado federal acusó formalmente a ambos por agresión e interferencia contra agentes federales de inmigración.
A medida que la administración Trump intensifica su ofensiva migratoria, personal de salud en varios estados asegura que ICE está aumentando su presencia en instalaciones médicas, lo que disuade a las personas de buscar atención y crea caos que pone en riesgo la seguridad de los pacientes.
Incluso antes de que Trump asumiera el cargo el año pasado, estados gobernados por republicanos como Florida y Texas comenzaron a vincular la atención médica con el control migratorio, al exigir a los hospitales que preguntaran a los pacientes por su estatus migratorio. Ahora que ICE ha extendido sus operativos a hospitales y centros de salud — espacios que en gran medida estuvieron fuera del alcance durante la administración Biden — un número creciente de estados gobernados por demócratas está reaccionando.
El mes pasado, la gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, presentó un proyecto de ley “para mantener a ICE fuera de los tribunales, escuelas, guarderías, hospitales e iglesias”, y firmó una orden ejecutiva para limitar las acciones de ICE en propiedades estatales.
En diciembre, el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, firmó una medida que prohíbe a los proveedores de salud compartir información médica sensible con agentes federales de inmigración y exige que los hospitales elaboren políticas sobre cómo interactuarán con esos agentes.
Y en septiembre, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, promulgó una ley que convierte el estatus migratorio y el lugar de nacimiento en información de salud protegida, y prohíbe a los agentes entrar en áreas no públicas y sensibles para los pacientes dentro de las instalaciones médicas sin una orden judicial firmada por un juez.
Otros estados demócratas — entre ellos Maine, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Washington — analizan proyectos de ley similares.
Mientras tanto, legisladores republicanos en Arizona impulsan una iniciativa que obligaría a los hospitales que atienden a pacientes de Medicaid a incluir una pregunta sobre estatus migratorio en los formularios de admisión.
Evitar la atención médica
Independientemente de si la presencia de ICE en los centros de salud está aumentando o no, es evidente que las personas que viven en el país sin autorización están dejando de buscar atención médica, señaló Drishti Pillai, directora de políticas de salud para personas inmigrantes en el grupo de investigación KFF.
Una encuesta de KFF y The New York Times publicada en noviembre pasado mostró que 43% de las personas que se identificaron como padres inmigrantes que viven en el país sin autorización se saltaron o retrasaron la atención médica para sus hijos durante un periodo de 12 meses por temor a acciones de inmigración. Incluso entre inmigrantes con presencia legal, 10% dijo que evitó buscar atención médica para sus hijos debido a preocupaciones relacionadas con inmigración.
La parte realmente difícil de saber es cuántas personas ya no acuden al hospital cuando normalmente lo harían.
– Dra. Paula Latortue, ginecóloga obstetra que colabora como voluntaria en Migrant Clinicians Network
Pillai también señaló los esfuerzos de la administración Trump para unificar fragmentos de datos personales que están en manos de distintas agencias federales, creando un solo conjunto de información sobre las personas que viven en Estados Unidos.
“Esperamos que estos temores se hayan intensificado aún más este año desde que se hizo público el acuerdo de intercambio de datos, y hay ciertas preocupaciones sobre la privacidad de la información de cara al futuro”, dijo Pillai a Stateline.
La doctora Paula Latortue, ginecóloga obstetra en Washington D. C. y voluntaria de Migrant Clinicians Network, una organización sin fines de lucro que brinda servicios médicos a personas inmigrantes, dijo que no está claro cuántas personas están evitando la atención médica ni con qué frecuencia.
“La parte realmente difícil de saber es la gente que ya no llega al hospital cuando normalmente lo haría por una urgencia o emergencia”, dijo Latortue en una entrevista. “Pero muchos médicos en la comunidad temen que eso ya esté ocurriendo”.
Los estados intervienen para proteger lugares sensibles
Las administraciones de Biden y Obama instruyeron a ICE a evitar operativos en lugares “sensibles”, como hospitales, escuelas e iglesias, salvo que recibieran autorización de altos mandos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Sin embargo, en enero de 2025, la administración Trump revocó esas directrices, abriendo estos espacios a los operativos de inmigración.
Stateline contactó en varias ocasiones a la Casa Blanca y al Departamento de Seguridad Nacional, pero no obtuvo respuesta. Cuando se modificaron las directrices, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que abrir las áreas “sensibles” a los agentes “empodera a los valientes hombres y mujeres de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de ICE para hacer cumplir nuestras leyes migratorias”.
Las directrices anteriores no prohibían que ICE operara en esos lugares, pero sí “desalentaban enérgicamente” hacerlo, según Sophia Genovese, asesora jurídica especializada en derecho migratorio en la Universidad de Georgetown.
Agregó, sin embargo, que los estados y las ciudades pueden aprobar leyes para proteger estos espacios, aunque su capacidad para “interferir y participar en la elaboración de leyes migratorias” es limitada.
“Siempre se necesitan órdenes de cateo para realizar registros o investigaciones en áreas privadas y no públicas, y esas órdenes deben estar firmadas por un juez. Esto es simplemente un derecho básico de la Cuarta Enmienda”, explicó Genovese. “Cuando se trata de que ICE entre a hospitales y tenga acceso a áreas privadas dentro de ellos, eso depende de las políticas de cada hospital”.
Genovese dijo que los estados también pueden exigir que los hospitales homologuen sus políticas sobre los espacios a los que puede acceder la fuerza pública dentro de un centro médico y que creen protocolos para asegurarse de que los agentes presenten una orden judicial antes de entrar.
Trabajadores de la salud piden protecciones
Precisamente eso es lo que el personal médico en muchos estados está solicitando.
“Hay un alto nivel de miedo y ansiedad. Las enfermeras ven los videos de lo que sucede en todo el país y ellas mismas lo han vivido”, dijo a Stateline Peter Starzynski, portavoz de la Oregon Nurses Association.
El incidente del mes pasado, en el que la niña de 7 años y sus padres fueron detenidos en Portland, subrayó la importancia de proteger los espacios de atención médica frente a ICE, añadió.
“Eso nunca debería ocurrir. Es repugnante”, dijo Starzynski.
La Oregon Nurses Association también ha condenado la presencia de ICE en el Legacy Emanuel Medical Center de Portland, alegando que los agentes violan las políticas del hospital, incluso en materia de acceso a los pacientes. Legacy ha rechazado las acusaciones del sindicato y sostiene que ningún agente de ICE ha entrado en sus instalaciones “a menos que acompañe a un paciente bajo custodia”.
“Las enfermeras de urgencias tratan con la policía local de manera habitual y esas relaciones se construyen sobre el respeto mutuo: las fuerzas del orden saben qué deben hacer cuando entran en un hospital”, señaló Starzynski. “Eso ha cambiado con el aumento de agentes federales en Oregón”.
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