
Washington, D.C — Una jueza federal bloqueó temporalmente el lunes una política del gobierno de Trump que impedía a miembros del Congreso realizar visitas de supervisión sin previo aviso a instalaciones donde se retiene a inmigrantes.
La orden de restricción temporal de la jueza Jia Cobb, del tribunal federal del Distrito de Columbia, bloqueó el requisito de avisar con siete días de anticipación que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estableció a inicios de este mes. La orden permite a los demócratas en el Congreso acceder a instalaciones que están en el centro del debate nacional sobre la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.
“La decisión del tribunal de conceder hoy una orden de restricción temporal contra el intento ilegal de ICE de obstaculizar la supervisión del Congreso es una victoria para el pueblo estadounidense”, dijo en un comunicado el representante demócrata de Colorado Joe Neguse, demandante principal del caso. “Seguiremos luchando para garantizar que prevalezca el Estado de derecho”.
Noem emitió la política el 8 de enero, un día después de que el agente federal de inmigración Jonathan Ross disparara y matara a Renee Good, de 37 años, en Minneapolis, escenario de un operativo migratorio agresivo durante casi dos meses.
Un segundo residente de Minneapolis, Alex Pretti, de 37 años, fue baleado y asesinado el 24 de enero por un agente de Aduanas y Protección Fronteriza y un agente de la Patrulla Fronteriza.
Tras el tiroteo del 7 de enero, demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Minnesota intentaron realizar visitas de supervisión sin previo aviso a una instalación del Departamento de Seguridad Nacional que retenía a inmigrantes, como lo permite una ley de asignaciones presupuestarias de 2019. Los demócratas han argumentado que las políticas de aviso emitidas por Noem violan esa ley.
Noem sostuvo que la política de aviso era válida, pese a la ley de gasto, porque las instalaciones se financiaban mediante la “One Big Beautiful Bill Act”, no mediante una ley de asignaciones presupuestarias, y por lo tanto estaban exentas de la política de visitas de supervisión sin previo aviso.
Cobb rechazó por ahora ese argumento, mientras el caso continúa, al señalar que el gobierno no había demostrado cómo el departamento podría separar de manera efectiva los fondos de cada ley. Cobb dijo que el planteamiento planteaba “desafíos prácticos”.
“Quizá reflejando esa dificultad, los demandados no han intentado seriamente argumentar que el DHS y ICE se aseguraron de que solo se utilizaran recursos financiados por la OBBBA antes de promulgar e implementar por primera vez la política del 8 de enero”, escribió.
Una docena de legisladores demócratas presentó la demanda en julio, después de que el DHS estableciera una política de aviso con siete días de anticipación para visitar una instalación donde se detiene a inmigrantes. En la demanda, los legisladores argumentaron que el DHS se excedió en su autoridad al crear la política y que violaba una ley de asignaciones presupuestarias de 2019.
En diciembre, Cobb también emitió un bloqueo temporal de esa política.
Entre los demócratas de la Cámara que presentaron la demanda están Neguse, Adriano Espaillat de Nueva York, Jamie Raskin de Maryland, Robert Garcia de California, J. Luis Correa de California, Jason Crow de Colorado, Veronica Escobar de Texas, Dan Goldman de Nueva York, Jimmy Gomez de California, Raul Ruiz de California, Bennie Thompson de Mississippi y Norma Torres de California.
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