Por Brian Martucci, Minnesota Reformer
“La paciencia del tribunal ha llegado a su límite”.
Minneapolis, MN – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) liberó el martes al detenido en el centro de una creciente tensión entre la administración Trump y los tribunales de Minnesota, tras ceder a la presión del juez principal del tribunal federal de distrito con sede en la ciudad.
El lunes, el juez Patrick Schiltz tomó lo que él mismo reconoció como una “medida extraordinaria” al ordenar al director interino de ICE que liberara al hombre, identificado en documentos judiciales como Juan T.R., o enfrentar un proceso por desacato.
“La paciencia del tribunal ha llegado a su límite… el alcance de las violaciones de ICE a las órdenes judiciales es igualmente extraordinario, y ya se han intentado medidas menos severas sin éxito”, escribió Schiltz en una breve orden.
Schiltz afirmó que el director interino de ICE, Todd Lyons; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; y el principal funcionario local de ICE, David Easterwood, no habían cumplido con “decenas” de órdenes judiciales en las últimas semanas.
Schiltz es una figura reconocida en círculos jurídicos conservadores, lo que hace que su contundente orden sea aún más llamativa. Fue nombrado por el expresidente George W. Bush y trabajó como asistente legal del fallecido juez de la Corte Suprema Antonin Scalia, un destacado defensor del originalismo que murió repentinamente en 2016.
El punto de quiebre para Schiltz fue el incumplimiento de una orden del 14 de enero para conceder a tiempo una audiencia de fianza a un solicitante identificado en documentos judiciales como Juan T.R., quien —según Schiltz— seguía bajo custodia hasta el viernes. La orden del lunes arremetió contra Lyons y sus colegas por causar “dificultades significativas” a residentes de Minnesota atrapados en la redada federal, muchos de los cuales “han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante años y no han hecho absolutamente nada malo”, enfatizó.
Schiltz describió situaciones en las que los detenidos eran retenidos más tiempo del necesario; trasladados a centros de detención en otras partes del país; o liberados a cientos o incluso miles de millas de su hogar sin que se hicieran arreglos para su regreso. Ordenó a Lyons presentarse el viernes por la tarde en su sala en Minneapolis “para explicar por qué no debería ser declarado en desacato”, a menos que el gobierno confirmara previamente que había liberado a Juan T.R.
El abogado de Juan T.R., Graham Ojala-Barbour, dijo a NBC News el martes que su cliente había sido liberado en Texas. Ojala-Barbour identificó al hombre como Juan Tobay Robles, un ciudadano ecuatoriano que ingresó a Estados Unidos siendo menor de edad hace casi 30 años.
La orden de Schiltz se produjo en medio de una ola de acontecimientos legales y políticos relacionados con la Operación Metro Surge, la ofensiva federal de aplicación de la ley en curso en Minnesota.
A última hora del martes, el gobierno de Ecuador presentó una protesta ante funcionarios de Estados Unidos después de que un agente de ICE intentara ingresar a su consulado en Minneapolis, en aparente violación del derecho internacional. No está claro si el incidente está relacionado con el caso de Juan T.R.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijeron el lunes que el presidente Trump les informó que algunos agentes federales abandonarían las Ciudades Gemelas esta semana. El “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, reemplazó al comandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino como el principal funcionario de inmigración sobre el terreno en Minnesota, con base en Washington, y se reunió con Walz y Frey.
Frey y Walz dijeron que trabajarían con Trump y las agencias federales en asuntos legítimos de aplicación de la ley.
También el lunes, el estado de Minnesota y las ciudades de Minneapolis y St. Paul pidieron a otro juez federal que detuviera la Operación Metro Surge en una audiencia extensa. La jueza Katherine Menendez, designada por el expresidente Joe Biden, no emitió de inmediato un fallo en ese caso.
Mientras tanto, demócratas en Washington y el sindicato que representa a más de 800,000 trabajadores federales aumentaron la presión sobre la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros asociados con la política migratoria de línea dura de la administración, tras las muertes este mes de Renee Good y Alex Pretti.
La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE, por sus siglas en inglés) exigió anoche la renuncia de Noem y de Stephen Miller, el veterano asesor de la Casa Blanca considerado uno de los arquitectos de políticas polarizantes como el “veto musulmán” del primer mandato de Trump y el actual esfuerzo de deportación masiva. El representante de Nueva York Hakeem Jeffries, el principal demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, amenazó a Noem con un juicio político si Trump no la destituye primero.
Dos senadores republicanos —Thom Tillis, de Carolina del Norte, y Lisa Murkowski, de Alaska— también pidieron la renuncia de Noem, y el primero se refirió a sus “procesos de pensamiento amateur, de asistente de gerente”, según informó NBC News.
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