Por Clark Kauffman, Iowa Capital Dispatch
Abogada: los “jueces de deportación” buscaban impulsar los objetivos políticos de Trump
Un joven de Iowa de 23 años, que ha vivido en Estados Unidos desde que tenía un año, fue detenido por agentes federales de inmigración y encarcelado en el condado de Muscatine mientras se le negó de manera ilegal una audiencia de fianza, resolvió un juez federal.
El fallo se produjo en un caso civil en el que el demandante sostiene que los esfuerzos del gobierno federal por contratar “jueces de deportación” —conocidos normalmente como jueces de inmigración— forman parte de una estrategia para contratar jueces cuyas posturas se alineen con los objetivos políticos del presidente Donald Trump.
El caso involucra a Giovanni Uribe-Gonzalez, de 23 años, residente de Hawkeye, quien fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en noviembre de 2025 tras un arresto por conducir en estado de ebriedad y posteriormente recluido en la cárcel del condado de Muscatine, a la espera de una posible deportación.
Según documentos judiciales presentados por la abogada de Uribe-Gonzalez, Amy Cummings, él fue llevado a Estados Unidos por su madre cuando tenía un año de edad.
“De niño, dio sus primeros pasos en suelo de Iowa y aprendió a leer y escribir en aulas de Iowa, donde siempre fue apreciado por sus compañeros y maestros. Recitaba el Juramento a la Bandera cada mañana y celebraba los fuegos artificiales cada Cuatro de Julio”, declaró Cummings ante un juez federal el mes pasado. “Cada uno de sus recuerdos y sueños comienza y termina en el estado de Hawkeye, y su identidad, valores y cultura se forjaron aquí, moldeándolo como un auténtico habitante del Medio Oeste estadounidense”.
Cummings dijo al tribunal que en 2021 la familia de Uribe-Gonzalez había ahorrado lo suficiente para pagar la cuota de $495 para su solicitud de ciudadanía bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Aunque el gobierno aceptó el pago, alegó Cummings, nunca procesó completamente la solicitud y el asunto sigue pendiente sin una resolución final.
Tras graduarse de West Central High School en Maynard, Uribe-Gonzalez se inscribió en un programa de capacitación para soldadores ferroviarios, obtuvo su certificación, solicitó empleo y posteriormente fue rechazado debido a su estatus migratorio. En 2025, fue arrestado en dos ocasiones por conducir en estado de ebriedad, y ambos arrestos derivaron en una condena por el cargo de primera infracción por conducir ebrio.
Los registros judiciales indican que, tras su segundo arresto en noviembre, fue detenido en el condado de Chickasaw, donde ICE emitió una retención migratoria que impidió su liberación, a pesar de que un juez de Iowa le había permitido pagar fianza.
De acuerdo con los expedientes judiciales, David Bindert, un oficial de deportación de ICE con base en Iowa, señaló en su informe escrito sobre la detención que Uribe-Gonzalez tenía una solicitud de DACA pendiente, pero añadió que “no tenía presencia legal en Estados Unidos” y que estaba sujeto a detención por parte de ICE.
Posteriormente, Uribe-Gonzalez fue trasladado a la cárcel del condado de Muscatine para su custodia, y ICE inició los procedimientos de deportación.
La abogada cita un anuncio de “jueces de deportación”
Al igual que con miles de otros detenidos de ICE en todo el país en 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvo que la ley federal que establece la detención obligatoria de personas detenidas se aplica no solo a quienes son aprehendidos en la frontera —como se ha interpretado y aplicado durante décadas—, sino también a personas que pudieron haber ingresado al país de manera irregular meses o incluso años antes.
La nueva postura del Departamento de Justicia sobre la detención obligatoria ha llevado a jueces de inmigración en todo el país a negar a los detenidos la oportunidad de solicitar su liberación bajo fianza mientras sus casos están pendientes.
Desde julio de 2025, más de 300 jueces de tribunales federales de distrito en 1,600 casos han rechazado ese argumento, al considerar que la nueva interpretación de la ley contradice las propias regulaciones de ICE, sus lineamientos de aplicación publicados, fallos judiciales previos y “la lógica general” del sistema migratorio del país.
Pese a esas resoluciones, ICE y las cárceles de los condados en Iowa y en el resto del país han continuado reteniendo a personas por periodos indefinidos sin otorgarles la oportunidad de solicitar su liberación bajo fianza. Los casos en los que estas prácticas han sido rechazadas son aquellos en los que los detenidos han llevado sus demandas ante tribunales federales de distrito, argumentando que se están violando sus derechos al debido proceso.
El 16 de diciembre de 2025, Cummings presentó una demanda de este tipo en nombre de Uribe-Gonzalez ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Iowa, nombrando como demandados al presidente Trump, a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y a otros funcionarios.
Como parte de su petición para solicitar una audiencia de fianza para su cliente, Cummings señaló que el gobierno federal ha despedido a decenas de jueces de inmigración y posteriormente ha publicado anuncios para contratar “jueces de deportación”, los cuales, según argumenta, buscan “alinearse mejor” con los objetivos políticos de Trump.
Como prueba en su caso, presentó una copia de la convocatoria escrita del gobierno federal dirigida a solicitantes para el cargo de “juez de deportación”.
La convocatoria señala: “USTED SEA EL JUEZ. Ayude a escribir el próximo capítulo de Estados Unidos. Postúlese hoy para convertirse en juez de deportación y podría tener derecho a estos beneficios: $159,951 a $207,500 al año… DEFINA A ESTADOS UNIDOS PARA GENERACIONES… Presida casos en tribunales federales de inmigración y determine si una persona extranjera debe abandonar Estados Unidos o puede quedarse. Tome decisiones con consecuencias generacionales… Restaure la integridad y el honor del sistema de tribunales de inmigración de nuestra nación”.
Recientemente, el juez federal de distrito Stephen Locher falló a favor de Uribe-Gonzalez en el tema de la audiencia de fianza, señalando que tribunales federales de distrito en todo el país han determinado que este tipo de detenidos tienen derecho a una audiencia en la que puedan argumentar a favor de su liberación.
Los registros judiciales disponibles no indican si dicha audiencia se ha llevado a cabo.
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