Por Tim Henderson, Stateline
Los arrestos migratorios bajo la administración Trump continuaron aumentando hasta mediados de octubre, alcanzando cifras de más de 30,000 al mes. Sin embargo, en lugar de centrarse en delincuentes condenados, como ha afirmado la administración, una proporción cada vez mayor de esos arrestos corresponde únicamente a infracciones migratorias.
En 45 estados, los arrestos migratorios se duplicaron con creces en comparación con el mismo periodo del año pasado, durante la administración Biden. Los mayores aumentos se registraron en el Distrito de Columbia, con 1,190 arrestos frente a solo siete el año pasado bajo la administración Biden. Los arrestos también fueron más de cinco veces superiores en Nuevo México, Idaho, Oregón y Virginia.
“El resultado contrasta con el objetivo de la administración de arrestar a ‘los peores de los peores’”, señaló Ariel Ruiz Soto, analista principal de políticas del Instituto de Política Migratoria, de carácter no partidista. El refuerzo de la aplicación de la ley probablemente está incrementando los arrestos “colaterales” de personas encontradas durante operativos dirigidos a delincuentes condenados, explicó.
Las comparaciones entre las administraciones Trump y Biden fueron calculadas por Stateline a partir de un análisis de datos publicados por el Deportation Data Project, una iniciativa de investigación de las universidades de California en Berkeley y Los Ángeles. Cerca del 93% de los arrestos pudieron identificarse por estado.
Aunque este año se arrestó a más personas, un menor porcentaje corresponde a delincuentes condenados.
La proporción de inmigrantes arrestados que habían sido condenados por delitos violentos cayó del 9% en enero a menos del 5% en octubre. Bajo la administración Biden, esa proporción se mantuvo de forma constante entre el 10% y el 11% durante el mismo periodo de 2024.
La misma tendencia se observa entre las personas arrestadas únicamente por infracciones migratorias: estas representaban el 20% en abril y aumentaron al 44% de los arrestos en octubre, según el análisis de Stateline.
En algunos estados y en el Distrito de Columbia, la mayoría de los arrestos se debieron exclusivamente a infracciones migratorias: Distrito de Columbia (80%), Nueva York (61%), Virginia (57%), Illinois (53%), Virginia Occidental (51%) y Maryland (50%).
Los estados con mayores poblaciones inmigrantes también registraron el mayor número de arrestos este año. Los mayores incrementos numéricos se dieron en Texas (29,403 más, el triple que el año pasado), Florida (14,693 más, un aumento de cuatro veces) y California (13,345 más, también cuadruplicando la cifra anterior).
Arrestos migratorios
Los arrestos migratorios aumentaron en todos los estados durante la administración Trump hasta el 15 de octubre, en comparación con el mismo periodo del año pasado bajo la administración Biden. Sin embargo, la proporción de personas arrestadas que son delincuentes condenados ha disminuido a nivel nacional y en la mayoría de los estados, a medida que los arrestos superaron los 30,000 mensuales.
Los dos estados con los mayores aumentos en las tasas de arresto han respondido de manera muy diferente a la misión de deportación del presidente Donald Trump.
“Vamos a resistir, como todos los estados demócratas”, dijo la gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, en una entrevista con The Santa Fe New Mexican tras las elecciones del año pasado, en referencia a los planes de deportaciones masivas. Propuso una legislación para prohibir los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado. La iniciativa fracasó este año, pero Lujan Grisham instó a la legislatura estatal a reconsiderarla el próximo año. El estado cuenta con tres centros de detención de ICE administrados por empresas privadas, con capacidad para 2,000 personas.
El gobernador republicano de Idaho, Brad Little, está colaborando con ICE mediante un acuerdo 287(g) acuerdo, trasladando desde cárceles del condado a custodia federal a lo que su oficina denomina “delincuentes extranjeros ilegales altamente peligrosos”. Los 53 hombres que aparecen en el sitio web del gobernador enfrentan cargos que van desde posesión de drogas hasta agresión sexual.
En un comunicado de prensa, la oficina del gobernador señala que el programa está destinado a trasladar a las personas “tras el cumplimiento de sus condenas”, aunque una revisión de octubre del Idaho Capital Sun encontró que algunas personas fueron trasladadas a pesar de que sus cargos habían sido desestimados o aún estaban pendientes.
A nivel nacional, los arrestos aumentaron este año de alrededor de 17,000 en febrero —el primer mes completo del actual mandato del presidente Donald Trump— a más de 30,000 en septiembre y octubre. La proporción de delincuentes condenados cayó del 46% al 30%, aunque el número de delincuentes condenados arrestados cada mes sigue siendo superior al registrado bajo el presidente Joe Biden.
Algunas de las políticas que han impulsado el aumento de los arrestos enfrentan nuevas batallas legales. Este mes, un juez federal bloqueó a la administración para que no realice arrestos migratorios en el Distrito de Columbia sin órdenes judiciales o causa probable.
En agosto, un tribunal federal bloqueó la ampliación de la expulsión acelerada promovida por la administración, un mecanismo que permite deportaciones rápidas sin revisión judicial. La administración ha apelado, argumentando que los inmigrantes que han estado en el país menos de dos años sin autorización legal no tienen garantizado el debido proceso.
Este tipo de deportaciones rápidas podría aplicarse a 2.5 millones de personas, según una estimación del Instituto de Política Migratoria publicada en septiembre, que incluye a 1 millón de personas liberadas en la frontera con México con fechas de audiencia y a 1.5 millones de personas con protecciones temporales, como el parole humanitario.
Este otoño, la proporción de inmigrantes arrestados con condenas penales continuó disminuyendo justo antes y durante el cierre del gobierno federal, con solo el 3% de las personas arrestadas y detenidas con condenas entre el 21 de septiembre y el 16 de noviembre, según información nacional analizada por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), una organización de investigación de datos de la Universidad de Syracuse.
“Mientras ICE detiene a cada vez más personas, el enfoque se ha desplazado de forma marcada hacia individuos sin ninguna condena penal”, señaló el informe de TRAC.
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