Por Ariana Figueroa, Nebraska Examiner
Washington, D.C. — Un juez federal prohibió el martes por la noche a los agentes federales realizar arrestos sin orden judicial en el Distrito de Columbia, a menos que puedan demostrar causa probable, después de que grupos defensores de inmigrantes presentaran una demanda.
Según la medida cautelar concedida por la jueza federal principal Beryl A. Howell, los agentes de inmigración solo podrán arrestar a una persona en el distrito sin orden judicial si pueden establecer que el individuo se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y representa un riesgo de fuga antes de que se pueda obtener una orden de una autoridad.
Los defensores que presentaron la demanda habían manifestado que creían que los latinos estaban siendo blanco de arrestos en el distrito, incluso aquellos con estatus legal.
“En consecuencia, considerar a todos los inmigrantes potencialmente sujetos a deportación como delincuentes es, en términos legales, simplemente incorrecto”, escribió Howell, quien fue nominada por el expresidente Barack Obama.
Howell señaló los comentarios públicos de los funcionarios de la administración Trump sobre la necesidad de cumplir con cuotas de arrestos de inmigración, en lugar de enfocarse en una aplicación dirigida y en la causa probable.
“Aquí, ‘el expediente’ en su conjunto ‘no deja duda’ de que los acusados en la práctica han consumado un proceso de toma de decisiones que resultó en la implementación de una nueva política de realizar arrestos de inmigración civil sin orden judicial basada en un estándar más bajo que la causa probable”, según la orden de Howell.
Presencia de la Guardia Nacional
La demanda surge de la declaración de emergencia del presidente Donald Trump en agosto en el distrito, que inundó la capital de 68 millas cuadradas con agentes de la ley federales y tropas de la Guardia Nacional.
Como resultado, ha habido un aumento en la aplicación agresiva de las leyes de inmigración por parte de funcionarios federales, tanto de civil como encapuchados, en vecindarios con altas poblaciones de inmigrantes.
Los cuatro demandantes individuales en el caso son todos inmigrantes con alguna forma de estatus legal, como un caso de asilo pendiente o protecciones temporales. Sin embargo, todos fueron arrestados y detenidos por oficiales federales, a veces durante días.
En declaraciones al tribunal, describieron sentirse como si estuvieran siendo secuestrados y argumentaron que fueron seleccionados debido a su etnia. Dijeron temer que seguirán siendo blanco porque son latinos.
Las organizaciones legales que representan a los demandantes solicitaron dos certificaciones de acción colectiva, lo que significa que otras personas afectadas estarían representadas en la demanda.
Howell dijo en su orden que tomaría una decisión sobre esas dos certificaciones de clase en un momento posterior.
ACLU y otros elogian la medida cautelar
Los grupos legales que representan a los demandantes celebraron la medida cautelar.
“A pesar de los intentos de miedo e intimidación de la administración Trump, todos en D.C. tienen derechos, sin importar quiénes sean y su estatus migratorio; y todos los agentes federales están obligados por ley a respetar estos derechos”, según una declaración conjunta de los grupos legales que presentaron la demanda contra el gobierno federal.
Esos grupos legales incluyeron la American Civil Liberties Union del Distrito de Columbia; la American Civil Liberties Union; el Amica Center for Immigrant Rights; CASA; el National Immigration Project; el Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs; y el bufete de abogados Covington & Burling LLP.
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