Abogados de inmigración en Iowa enfrentan una creciente demanda bajo la administración Trump

Por F. Amanda Tugade, Des Moines Register

Eldora, IA — Una tarde de septiembre, Tim Farmer subió a su camioneta, conectó el cargador de su computadora portátil a un puerto USB del vehículo e inició una videollamada de Zoom con Escucha Mi Voz. Durante más de una hora, estacionado frente a un restaurante, el abogado de Perry se reunió con tres familias y el grupo de derechos de inmigración de Iowa City para ofrecer asesoría legal gratuita y responder preguntas sobre su estatus migratorio.

Con cada familia, con la puntualidad de un reloj, Farmer se incorporaba, esbozaba una sonrisa amable y se volvía a presentar a medida que nuevos rostros aparecían en la pantalla.

“Soy Tim Farmer. Soy abogado”, dijo, presentándose ante cada uno de ellos en español.

Farmer pasó el martes 16 de septiembre en la carretera, conduciendo hora y media desde su oficina en Perry hasta Eldora para reunirse con un cliente detenido en la cárcel del condado de Hardin, tras ser arrestado por agentes federales de inmigración durante una parada de tráfico. El abogado respondió llamadas de clientes y sus familias, incluida la preocupada novia del hombre en el condado de Hardin, que preguntaba por los horarios de visita y cómo depositar dinero en la cuenta de comisaría de su novio.

Los días largos se han vuelto normales para Farmer, quien, desde enero, ha atendido un aumento de llamadas y solicitudes de servicios legales debido a la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración ilegal. En una de sus primeras acciones en el cargo, el presidente Donald Trump canceló los vuelos de refugiados aprobados para venir a EE. UU. y ordenó a las agencias de reasentamiento que dejaran de atender a los recién llegados, quienes de otro modo habrían recibido tres meses de ayuda para encontrar vivienda, empleo y escuela para sus hijos. También declaró una emergencia nacional en la frontera sur de EE. UU. y buscó poner fin al programa de libertad condicional humanitaria para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

Farmer es uno de los abogados de inmigración de Iowa que dicen sentirse abrumados por la cantidad de personas que necesitan acceder a servicios legales. Incluso antes de las medidas de la administración Trump, los servicios ya estaban saturados, particularmente en las zonas rurales. La necesidad, afirman, solo ha crecido a medida que los frecuentes cambios de la administración en las políticas migratorias y su impulso a las deportaciones exprés crean nuevos desafíos para los abogados que buscan ayudar a sus clientes a permanecer en el país y con sus familias.

Desde el 1 de enero hasta el 28 de julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) ha realizado 693 arrestos en Iowa, según el Proyecto de Datos de Deportación. El proyecto recopiló y publicó datos que muestran información de casos individuales de arrestos y deportaciones de ICE. Esa cifra de arrestos en Iowa es más del doble de los 298 arrestos de ICE en 2024 —y más de cinco veces los 123 reportados en 2023—.

En esos siete meses, 511 personas en Iowa fueron deportadas, salieron voluntariamente o fueron expulsadas por haber reingresado a EE. UU. antes de estar autorizadas, según los datos. Esa cifra fue de 211 en 2024.

Muchas personas, incluidos algunos en Iowa, han aplaudido el aumento de arrestos y deportaciones. Creen que el sistema de inmigración del país estaba roto mucho antes de la ofensiva —y que el presidente finalmente lo está reparando con sus movimientos agresivos—.

Anuncios recientes del Departamento de Seguridad Nacional promueven las razones detrás del impulso de la administración por la aplicación de las leyes migratorias.

“América no es una nación de inmigrantes”, dijo el subsecretario adjunto de DHS, Micah Bock, en un video del 16 de noviembre publicado en redes sociales. “Somos una nación de ciudadanos, y es gracias a esos ciudadanos que somos una nación excepcional. El primer deber de nuestro gobierno es defender el bienestar de las personas, su forma de vida y salvaguardar la herencia de nuestra nación”.

Pero este enfoque ha tenido consecuencias, tanto para los abogados de Iowa como para las personas a las que defienden.

“Trabajé como abogado de inmigración durante la primera administración Trump también y diría que esta vez las cosas son mucho más agresivas”, dijo Farmer.

“No va a ceder en el corto plazo”, añadió en una entrevista del 7 de noviembre.

Según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, 211 abogados de inmigración son miembros del capítulo de Iowa y Nebraska de la organización nacional. De ese número, alrededor de 74 tienen su base en Iowa. Si bien estas cifras no son un recuento exacto de todos los abogados de Iowa que ejercen el derecho migratorio, ofrecen una idea de los recursos disponibles para los inmigrantes que buscan consulta o representación legal.

La lista de abogados de inmigración en Iowa es aún más reducida si se tienen en cuenta las especialidades. Aproximadamente un tercio de los abogados de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración en Iowa manejan procedimientos de expulsión, dijo Gunda Brost, enlace de medios del capítulo y abogada de inmigración en el noreste de Iowa. Más se enfocan en inmigración empresarial y trabajan con empresas en visas de empleo o presentaciones ante agencias como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. o el Centro Nacional de Visas.

“Las personas atrapadas en la aplicación de la ley de Trump ni siquiera van a poder encontrar un abogado de inmigración laboral que tome su caso”, dijo.

Quienes viven en zonas rurales tienen menos opciones, ya que la mayoría de los abogados de inmigración se encuentran en ciudades más grandes como Des Moines y Cedar Rapids.

“Si piensas en quiénes son los inmigrantes, muchos están en plantas empacadoras de carne, construcción… donde necesariamente están en áreas rurales”, dijo Brost. “En otras palabras, es difícil para ellos acceder a estos servicios”.

Brost, cuyo bufete está en Cedar Falls, atiende a clientes del área y de Waterloo. El siguiente abogado de inmigración más cercano está en un radio de 40 millas o al menos a una hora en auto, dijo.

Brost comentó que algunos clientes han recurrido a organizaciones sin fines de lucro para obtener ayuda legal, pero han tenido dificultades para concertar citas con el personal debido a la alta demanda o a la limitación de cupos.

El acceso a representación legal es “una protección que cambia la vida”, informó el Transactional Records Access Clearinghouse, una organización de datos de la Universidad de Syracuse que rastrea la detención migratoria. Las personas que reciben asesoría legal tienen más probabilidades de “obtener alivio de la deportación”, dijo el grupo.

De los casos judiciales decididos a nivel nacional de 2019 a 2024, el 62 % de los inmigrantes sin abogado fueron deportados, en comparación con el 27 % de aquellos con uno, según el Consejo Estadounidense de Inmigración.

El costo y el idioma son barreras para muchos, dijo Brost. Puede ser difícil para los clientes navegar por el sistema migratorio y judicial de EE. UU., especialmente si su inglés es limitado. Eso significa que el acceso a abogados bilingües o multilingües y a intérpretes de calidad es vital.

De los 10 idiomas principales hablados en los tribunales de inmigración, TRAC encontró que los no ciudadanos que hablan criollo y no tenían representación legal tenían una alta probabilidad —93 %— de recibir una orden de expulsión en el año fiscal 2025. Más del 80 % de los hispanohablantes también recibieron órdenes de expulsión —y más del 85 % no tuvieron representación en los casos que terminaron en expulsión—.

El caso de uno de los clientes más conocidos de Farmer, Pascual Pedro, un joven de 20 años que fue arrestado y detenido después de una revisión de rutina de ICE, subraya la rapidez con la que deben trabajar los abogados de inmigración. Pedro, un inmigrante guatemalteco que vivía en West Liberty con su familia y trabajaba en la construcción, fue deportado a su país de origen cinco días después de su arresto el 1 de julio.

Farmer dijo que ni siquiera tuvo la oportunidad de representar a su cliente. Un grupo de derechos de los inmigrantes contrató a Farmer el 3 de julio, pero debido al feriado del 4 de julio, muchas oficinas estaban cerradas. El lunes siguiente, mientras Farmer presentaba una petición de suspensión de la expulsión, se enteró de que Pedro ya estaba en Guatemala.

En 2018, Pedro, entonces de 13 años, huyó a EE. UU. desde Guatemala con su padre. Los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. les emitieron a ambos una expulsión acelerada, pero solo el padre de Pedro fue deportado. A Pedro se le emitió una orden de supervisión, que le permitió vivir temporalmente en el país bajo condiciones estrictas mientras esperaba las órdenes finales de deportación.

“Básicamente ha estado viviendo en EE. UU. durante los últimos años a su antojo”, dijo Farmer anteriormente. “Pueden decidir ejecutar la orden de expulsión en cualquier momento, y eso es lo que han hecho”.

Ola de cambios en políticas trae nuevos desafíos para abogados y organizaciones de inmigración

En el viaje a Eldora, la camioneta eléctrica de Farmer se convirtió en una oficina móvil improvisada. Corbatas enredadas ocupaban la guantera, sus sacos en el maletero. Las llamadas telefónicas incesantes han reemplazado un pasatiempo: escuchar audiolibros de literatura clásica.

“Me interrumpen mucho”, dijo Farmer, quien dejó un bufete en Perry después de 10 años para iniciar su práctica privada en enero.

Anticipó una carga de trabajo más pesada, pero no así.

Organizaciones como Iowa Migrant Movement for Justice y Lutheran Services in Iowa han sentido el impacto de la escasez de servicios legales de inmigración asequibles en el estado. La financiación limitada para brindar esos servicios a menudo lleva a las organizaciones a rechazar clientes y derivarlos a abogados privados como Farmer, dijeron Ann Naffier, codirectora legal de Iowa MMJ, y Nicholas Wuertz, quien supervisa los servicios para inmigrantes y refugiados de LSI.

“La gente sigue preguntándome: ‘Oh, debes estar muy ocupada’, pero la verdad es que siempre he estado muy ocupada”, dijo Naffier. “Simplemente estamos más estresados”.

“¿Hay mucho más trabajo por hacer? Sí. Pero ya estábamos a capacidad”.

Iowa MMJ expandió recientemente sus clínicas legales para contrarrestar los cambios de la administración Trump a programas, incluidos aquellos que revocaron los estatus legales temporales de inmigrantes que ya vivían y trabajaban en EE. UU. La organización, que brinda servicios legales gratuitos o de bajo costo, comenzó a ofrecer clínicas de asesoría legal para ayudar a más de esas personas a explorar opciones, si las hay, para permanecer en EE. UU.

Las clínicas legales son populares entre los clientes de Iowa MMJ, pero el espacio es limitado. Algunas clínicas con 10 cupos para citas han recibido solicitudes de 200 miembros de la comunidad, dijo Elena Casillas-Hoffman, especialista en comunicaciones.

En agosto, Iowa MMJ realizó una clínica de emergencia en Ottumwa para trabajadores de la planta empacadora de carne JBS cuyas visas de trabajo habían sido revocadas y que corrían riesgo de deportación. Muchos de los 200 trabajadores tenían estatus legal temporal a través del programa de libertad condicional CHNV. Ese programa terminó en mayo y alguna vez protegió de la deportación a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y les otorgó visas de trabajo. Organizó otras clínicas en Clarion y Storm Lake, donde las comunidades enfrentaron un problema similar y personas cuyos estatus legales fueron “arrancados de debajo de ellos” fueron despedidas en masa, dijo Casillas-Hoffman.

Ese tipo de políticas están entre los factores que llevan a las personas a buscar ayuda del equipo legal de Iowa MMJ. El aumento del miedo y la ansiedad entre las comunidades de inmigrantes y refugiados es otro.

Tener un equipo legal más grande también permitió a la organización de defensa atender a más personas. Iowa MMJ tiene cuatro abogados —uno de los cuales se agregó el año pasado y se enfoca en miembros de la comunidad detenidos— y seis representantes acreditados por el Departamento de Justicia para brindar servicios legales de inmigración. Dos asistentes administrativos bilingües y dos trabajadores legales también se unieron al equipo este año.

Iowa MMJ es una de 10 organizaciones en el estado —y una de tres en Des Moines— reconocida por el Departamento de Justicia y tiene representantes acreditados autorizados para representar a clientes en casos de inmigración, incluidas peticiones familiares y renovaciones de visas de trabajo.

Dos miembros del personal de LSI están tomando cursos para convertirse en representantes acreditados federalmente, un comienzo para el objetivo a largo plazo de la organización sin fines de lucro de tener su propia rama de servicios legales de inmigración.

Los cambios en las políticas migratorias bajo la administración Trump añaden combustible a ese objetivo, dijo Wuertz.

Los cambios recientes en los beneficios de SNAP están afectando a los clientes refugiados de LSI, que ya no son elegibles para el programa federal bajo la ley HR 1, también conocida como la “Ley del Gran y Bello Proyecto Único” de Trump. Las personas a las que se les concedió asilo, los sobrevivientes de violencia doméstica y trata de personas, y otros no ciudadanos tampoco pueden obtener asistencia bajo esta ley, que se convirtió en ley en julio.

“Con la aprobación de la ley, se restringe su acceso a programas hasta que obtengan la residencia permanente legal o la tarjeta verde”, para la cual pueden solicitar después de un año, dijo Wuertz.

Los refugiados también pueden solicitar la ciudadanía después de cinco años. Ambos pasos requerirían la asistencia de servicios legales de inmigración.

“Solo aumenta la urgencia de acceder a servicios legales de inmigración asequibles para que los refugiados y otros inmigrantes humanitarios puedan obtener su tarjeta verde a tiempo y volver a ser elegibles para algunos de esos programas de seguridad”, dijo Wuertz.

“Es una bendición” si los migrantes detenidos salen de la cárcel, dice un abogado

En la cárcel del condado de Hardin, Farmer pasó por las puertas aseguradas y entró en una pequeña habitación blanca con una sola silla y una ventana de vidrio, y esperó a que su cliente entrara.

Un detalle en el caso del hombre habla de una nueva tendencia que Farmer ha notado: las paradas de tráfico que se convierten en arrestos por inmigración son más comunes a medida que la administración Trump intensifica la aplicación de la ley migratoria. El hombre fue detenido en el condado de Wright por usar su teléfono celular mientras conducía, lo que consecuentemente llevó a su arresto por las autoridades federales de inmigración.

“A veces, detienen a las personas solo por tener una luz delantera apagada o algo así, y luego el oficial descubre que no tienen licencia”, dijo Farmer. “A veces, incluso los arrestan por conducir sin licencia, lo que normalmente no es algo por lo que serías arrestado”.

“Algunos oficiales te arrestarán por conducir sin licencia si descubren que la razón por la que no tienes licencia es porque eres indocumentado”.

Y si eres un inmigrante indocumentado, es posible que no seas elegible para la fianza.

Un cambio en la política de ICE impide a los jueces otorgar fianza a la mayoría de los migrantes detenidos, lo que Farmer y el abogado de inmigración de Des Moines Alexander Cárdenas Cruz dijeron que limita aún más las opciones legales de sus clientes.

“Si sales de la cárcel, es una bendición, honestamente”, dijo Cruz, quien trabaja en el bufete del centro de Des Moines Mueller Schmidt Mulholland & Cooling.

Cruz dijo que la salida voluntaria, una alternativa a la deportación, se ha vuelto más atractiva para sus clientes que han sido liberados bajo custodia de ICE o están en detención.

“Mucha gente la está aceptando”, dijo. “Han estado en la cárcel un par de semanas y simplemente están hartos de estar en la cárcel, lo cual no los culpo, porque no son criminales peligrosos”.

La cárcel del condado de Hardin es una de las seis cárceles de condado de Iowa contratadas por el Servicio de Alguaciles de EE. UU. para retener a reclusos federales. La cárcel del condado de Polk, la más grande de las seis que también incluye los condados de Linn, Muscatine, Pottawattamie y Woodbury, tiene entre 170 y 200 camas reservadas para reclusos federales, dijo el teniente Mark Chance, portavoz de la oficina del sheriff del condado de Polk.

Sesenta y cuatro de esas camas son para ICE.

Para que se les conceda la salida voluntaria, las personas deben admitir que están en EE. UU. sin documentos de inmigración y retirar las solicitudes o peticiones presentadas. Aquellos que salen voluntariamente podrían desencadenar una prohibición de 10 años para reingresar a EE. UU. y pagar multas de hasta unos $10,000.

Al igual que Farmer, Cruz dijo que sigue recibiendo más solicitudes de servicios legales desde que Trump asumió la Oficina Oval en enero.

El trabajo ha sido incesante.

“Hemos estado hablando durante 20 minutos, y tengo cinco llamadas perdidas de personas, ya sean clientes o (aquellos) que buscan representación”, dijo Cruz durante una entrevista el 6 de noviembre.

“Cada vez que alguien en Instagram dice que algo está sucediendo, recibo una llamada”, dijo. Las noticias de arrestos de ICE en todo el país, incluido Iowa, los frecuentes cambios en las leyes de inmigración o las nuevas tarifas agregadas a las solicitudes de inmigración hacen que su teléfono suene.

“Si sale un artículo de noticias que dice que alguien fue deportado en una audiencia judicial, recibo una llamada (de un cliente preguntando:) ‘¿Me van a deportar en mi audiencia judicial?'”, dijo.

En octubre, las llamadas llegaron a raudales cuando la gente se enteró de una nueva política que les exigiría pagar $100 por cada año que sus solicitudes de asilo estuvieran pendientes. Un juez federal bloqueó temporalmente ese cambio ese mismo mes después de que el Asylum Seeker Advocacy Project presentara una demanda contra USCIS por la tarifa.

La incertidumbre es difícil de enfrentar. También lo son las lágrimas de los clientes de Cruz.

Las familias tienen miedo de ser separadas, de perder a sus seres queridos sin una fecha de regreso a la vista. Cruz dijo que tiene el difícil trabajo de decirle a las personas que es posible que no ganen sus casos.

Con clientes que enfrentan deportaciones, habla con las familias sobre sus próximos pasos, que podrían implicar planes sobre lo que podrían hacer para regresar legalmente a EE. UU.

“Siempre me he asegurado, al menos, de disfrutar realmente las victorias”, dijo. “Porque así es como puedo decirme a mí mismo que estoy haciendo una diferencia”.

“Pero puedo decirte cada cliente que he perdido y sus nombres, cómo perdimos y cómo sus familias lo manejaron porque nunca lo olvidaré”, dijo Cruz. “Esas son las conversaciones más difíciles que he tenido en mi vida”.

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