Tras semanas de criticar las redadas federales de inmigración, los legisladores estatales tomaron medidas legislativas
Por Brenden Moore, Capitol News Illinois
Springfield, IA — Tras semanas de condenar verbalmente la agresiva ofensiva federal de inmigración en la región de Chicago, los legisladores de Illinois aprobaron la madrugada del viernes una ley que prohíbe los arrestos civiles de inmigración dentro de los tribunales estatales y en sus alrededores.
El Proyecto de Ley 1312 de la Cámara, entre otras disposiciones, también permitirá que los residentes de Illinois demanden a agentes de inmigración que violen su derecho constitucional al debido proceso y a la protección contra registros e incautaciones irrazonables.
La medida pasa ahora al despacho del gobernador demócrata JB Pritzker, tras recibir la aprobación del Senado de Illinois por 40-18 y de la Cámara de Representantes por 75-32, en las últimas horas de la sesión anual de veto de otoño.
“Estamos aquí porque nuestras comunidades han estado viviendo con miedo: miedo a ser separadas de sus hijos, miedo a ser sacadas de sus hogares, miedo a simplemente existir”, dijo la senadora estatal Celina Villanueva, demócrata de Chicago. “Este proyecto de ley busca brindar a las personas una sensación de seguridad, de humanidad y la certeza de que su gobierno las ve y estará ahí para defenderlas”.
Los legisladores estatales trabajaron entre bastidores durante semanas para diseñar un paquete legislativo en respuesta a la campaña federal de inmigración conocida como “Operación Midway Blitz”.
El Departamento de Seguridad Nacional afirma que esta operación ha derivado en la detención de más de 1,500 inmigrantes que vivían sin autorización legal en Chicago y sus suburbios durante las últimas siete semanas.
Pero también ha provocado episodios de violencia, con enfrentamientos repetidos entre agentes federales y manifestantes frente a un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el suburbio de Broadview. Además, agentes federales encapuchados han usado gas lacrimógeno y otros agentes químicos para dispersar protestas que surgen durante operativos en vecindarios de Chicago.
Muchos legisladores del área de Chicago han presenciado directamente estos incidentes. El representante estatal Hoan Huynh, demócrata de Chicago, dijo que un agente de la Patrulla Fronteriza le apuntó con un arma la semana pasada mientras advertía a los residentes del vecindario de Albany Park sobre actividades de aplicación de inmigración en la zona. Huynh, un refugiado vietnamita que afirmó que su familia estuvo en una lista de exterminio, señaló que las tácticas utilizadas por los agentes le recuerdan al régimen autoritario del que escapó hace décadas.
“No podemos seguir permitiendo que mercenarios armados, a menudo sin insignias oficiales, recorran nuestras comunidades y secuestren a nuestros vecinos”, dijo Huynh. “Ya es suficiente. La conducta de ICE es inaceptable y contraria a los valores estadounidenses. Si aman la Constitución de Estados Unidos, si aman a este país tanto como dicen y si creen en el debido proceso, entonces les insto a votar a favor de este proyecto”.
El presidente de la Cámara, Emanuel “Chris” Welch, demócrata de Hillside y patrocinador del proyecto, colocó la acción en un contexto histórico, preguntando a sus colegas si habrían apoyado en su momento enmiendas para abolir la esclavitud o conceder el derecho al voto a las mujeres.
“Este es nuestro momento”, dijo Welch. “Y la historia juzgará nuestras acciones ahora, al igual que juzgó a nuestros predecesores. La historia recordará a quienes guardaron silencio en momentos como este”.
Según el proyecto de ley, los arrestos civiles de inmigración quedarían prohibidos dentro de los tribunales estatales y en un perímetro de 1,000 pies alrededor de los edificios. Aunque durante mucho tiempo existió un entendimiento tácito de que estos espacios estaban fuera del alcance de la aplicación migratoria, durante el último año se han convertido con mayor frecuencia en puntos de detención. Quienes violen esta ley enfrentarán sanciones legales de 10,000 dólares.
Demandar a agentes del orden
El proyecto también permite que los residentes de Illinois demanden a agentes de inmigración por violar sus derechos constitucionales. Podrán recibir daños punitivos, que podrían aumentar si los agentes ocultan su identidad con una máscara, no utilizan cámaras corporales o emplean vehículos sin placas de Illinois o con placas ocultas.
El representante estatal Patrick Windhorst, republicano de Metropolis, advirtió que la medida tendría consecuencias no deseadas para las agencias estatales y locales de seguridad pública. Grupos policiales como la Asociación de Jefes de Policía de Illinois y la Asociación de Sheriffs de Illinois expresaron preocupaciones similares.
“Este proyecto va demasiado lejos”, dijo Windhorst. “Es demasiado amplio y tendrá graves consecuencias para nuestro estado si se adopta”.
Los defensores del proyecto señalaron que esto no afectaría a las agencias estatales y locales, ya que tienen prohibido participar en la aplicación civil de leyes de inmigración bajo la Ley TRUST del estado.
El presidente del Senado, Don Harmon, demócrata de Oak Park, calificó el proyecto como “una ley imperfecta”.
También reconoció que los legisladores estaban “jugando con desventaja” frente a un gobierno federal con la “mano superior”, debido a la cláusula de supremacía de la Constitución de EE. UU., y anticipó que habrá impugnaciones legales.
“Esta ley será impugnada —lo sabemos—”, dijo Harmon. “Pero eso no significa que no sea lo correcto”.
Todos los republicanos se opusieron a la medida, acusando a los demócratas de excederse hasta el punto de que la legislación no resistirá impugnaciones judiciales. También expresaron preocupación porque la ley dificulte la aplicación de las leyes migratorias del país.
“Debemos dejar de demonizar a quienes hacen cumplir la ley vigente”, dijo el senador estatal Neil Anderson, republicano de Andalusia. “Si no les gusta la ley, cámbienla. Pero esa es la ley”.
Otras disposiciones del proyecto exigen que universidades y colegios públicos, hospitales y centros de cuidado infantil establezcan políticas para manejar operativos migratorios. También prohibiría, en la mayoría de los casos, revelar el estatus migratorio de estudiantes, pacientes, padres y menores. Los proveedores de cuidado infantil y las universidades públicas deberán notificar a los padres y a las comunidades universitarias sobre actividades de aplicación de inmigración.
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