Washington, D.C — La decisión del presidente Donald Trump de desplegar a 800 miembros de la Guardia Nacional en el Distrito de Columbia, bajo el argumento de que la ciudad enfrenta una crisis de criminalidad —a pesar de que los índices están en mínimos históricos—, se produce tras el uso de las fuerzas armadas en el marco de la creciente ofensiva migratoria de su administración.
“(D.C.) está fuera de control, pero vamos a ponerla bajo control muy rápido, como hicimos en la frontera sur”, dijo Trump en una conferencia de prensa el lunes, acompañado por miembros de su gabinete, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Prometió aplicar la misma medida en más ciudades gobernadas por demócratas.
El regreso de Trump a la Casa Blanca estuvo marcado por una promesa de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas, vinculando a los inmigrantes recién llegados a la frontera sur con altos índices de criminalidad y argumentando la necesidad de usar tropas para detener y expulsar a esos migrantes.
Desde el día de su investidura, el presidente ha enviado a miles de miembros de la Guardia Nacional para que se desplieguen en la frontera entre Estados Unidos y México, y ha militarizado franjas de terreno a lo largo de la frontera, poniendo a migrantes en contacto directo con personal militar.
El despliegue de la Guardia Nacional de California en junio, en respuesta a disturbios por redadas migratorias, fue visto como un caso de prueba para el uso de fuerzas militares estatales. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, escribió el lunes en X que Trump “apenas se estaba calentando en Los Ángeles” con esa orden.
“Manipulará la narrativa para militarizar cualquier ciudad que quiera en Estados Unidos”, dijo Newsom. “Esto es lo que hacen los dictadores”.
‘Fuerza de Reacción Rápida’
Ahora, la administración Trump evalúa planes para establecer una “Fuerza de Reacción Rápida ante Disturbios Civiles” compuesta por 600 miembros de la Guardia Nacional, que permanecerían en alerta para ser desplegados rápidamente en cualquier ciudad de EE. UU. que enfrente protestas u otros disturbios civiles en el plazo de una hora, según documentos obtenidos por The Washington Post.
Los grupos, equipados con material antidisturbios y otras armas, se dividirían equitativamente entre Alabama y Arizona, de acuerdo con el Post.
La propuesta del Departamento de Defensa también contempla una rotación de efectivos de unidades de la Guardia Nacional del Ejército y de la Fuerza Aérea con base en Alabama, Arizona, California, Illinois, Maryland, Michigan, Mississippi, Misuri, Nebraska, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur y Tennessee, según el Post.
Los miembros de la Guardia Nacional suelen estar en la reserva y son de los primeros en responder ante desastres naturales.
El Departamento de Defensa y la Guardia Nacional no respondieron a la solicitud de comentarios de States Newsroom sobre los planes de la “Fuerza de Reacción Rápida”. La Casa Blanca tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
¿Cuáles ciudades serían las siguientes?
En la conferencia de prensa del lunes, Trump mencionó específicamente cuatro ciudades que podrían ver movimientos similares de la Guardia Nacional: Baltimore, Chicago, Nueva York y Oakland, todas con gobiernos demócratas y alcaldes afroamericanos. La criminalidad violenta en estas ciudades ha seguido disminuyendo, según las bases de datos policiales locales.
El condado de Baltimore, Maryland; el condado de Cook, Illinois; la ciudad de Nueva York y todo el estado de California también figuran en una nueva lista de “jurisdicciones santuario” emitida por el Departamento de Justicia el 5 de agosto, que identifica a las entidades “con políticas, leyes o regulaciones que obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración”.
Pero, a diferencia del Distrito de Columbia, donde el presidente tiene control sobre la Guardia Nacional, la ley establece que los gobernadores de los estados tienen autoridad sobre sus respectivas unidades de la Guardia Nacional.
Además, aunque Trump ha asumido el control de los 3,400 agentes del Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia durante 29 días bajo la Ley de Autogobierno del distrito, expertos señalan que no hay base legal para hacer lo mismo con otros cuerpos policiales locales.
“Lo que están haciendo en D.C. no puede replicarse fuera de D.C. Todo esto es posible únicamente porque D.C. no es un estado”, afirmó Joseph Nunn, asesor del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center. “No existe un manual que les permita hacer lo que aparentemente quieren hacer fuera de D.C.”
El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró las declaraciones de Trump sobre el envío de miembros de la Guardia Nacional a ciudades.
“El presidente está hablando de lo que le gustaría que ocurriera en otras ciudades del país”, dijo. “Cuando llegue el momento, hablaremos de eso. Empezar por la capital de la nación es un gran punto de partida y debería servir como modelo”.
Trump dijo esperar que otras ciudades estén “observando”.
“Tal vez se limpien por sí mismas y hagan esto por su cuenta, y eliminen la libertad bajo fianza sin efectivo y todas las cosas que causaron el problema”, señaló el presidente.
Nunn agregó que, incluso si el presidente federalizara la Guardia Nacional de un estado, sus miembros estarían sujetos a la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe en términos generales el uso de las fuerzas armadas en tareas de aplicación de la ley a nivel interno.
“No existe ninguna excepción legal en la Ley Posse Comitatus que permita a las fuerzas armadas participar en labores de policía local”, afirmó Nunn.
Los Ángeles
Esta semana se desarrolla un juicio que impugna la decisión del presidente de federalizar a los miembros de la Guardia Nacional de California, en una demanda presentada por Newsom, después de que un tribunal de apelaciones respaldara temporalmente la medida de Trump.
El presidente desplegó a 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina en Los Ángeles después de que estallaran protestas contra operativos migratorios agresivos realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con el rostro cubierto, que llevaban a cabo redadas en estacionamientos de tiendas Home Depot.
Sin embargo, la cuestión legal ante un tribunal de San Francisco no es si las acciones del presidente fueron ilegales, sino la cuestión política de quién tiene la autoridad sobre la Guardia Nacional.
Otros gobernadores de los estados mencionados por Trump como posibles para la activación de la Guardia Nacional rechazaron la idea.
El gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, quien sirvió en el Ejército de Estados Unidos, afirmó en un comunicado que la decisión del presidente de llamar a la Guardia Nacional al Distrito de Columbia “carece de seriedad y es profundamente peligrosa”.
El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, escribió en X, antes Twitter, que el presidente no podía enviar la Guardia Nacional a Chicago.
“No engañemos al público, tú y yo sabemos que no tienes autoridad para tomar control de Chicago”, expresó.
El conflicto entre Trump y los demócratas coincide con las amenazas de Newsom de impulsar una redistribución de los distritos electorales de California para contrarrestar el intento de Texas de redibujar los mapas y añadir más escaños republicanos en la Cámara de Representantes de EE. UU.
Pritzker, por su parte, recibe en Illinois a los legisladores demócratas de Texas que abandonaron su estado para impedir que la legislatura estatal alcanzara el quórum después de que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, convocara una sesión especial de redistribución de distritos.
Fuerzas militares
Desde que asumió su segundo mandato, el presidente ha firmado cinco órdenes ejecutivas que establecen el uso de fuerzas militares dentro de las fronteras de EE. UU. y amplían otros poderes ejecutivos para acelerar su ofensiva migratoria.
Pronto también habrá más fondos disponibles para las deportaciones masivas de Trump. La amplia ley de recortes fiscales y de gasto aprobada en julio contempla $170,000 millones como parte central de la ofensiva migratoria de la administración. Esta medida refuerza la seguridad fronteriza, aumenta la capacidad de detención de inmigrantes y añade tarifas a las vías legales de inmigración, entre otras disposiciones. Está prevista la contratación de miles de agentes adicionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Algunos gobernadores republicanos han aceptado desplegar a sus propios miembros de la Guardia Nacional para ayudar a la administración Trump en la aplicación de las leyes migratorias, como en Iowa y Tennessee. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, envió a la Guardia Nacional a la frontera sur en Texas cuando era gobernadora de Dakota del Sur.
Nunn señaló que, aunque no es habitual que los estados utilicen a la Guardia Nacional para labores de patrullaje local, existen precedentes, como cuando Nueva York destinó efectivos al metro de la ciudad.
“Lo que no tiene precedentes es que el gobierno federal utilice personal militar para tareas de prevención del delito o de vigilancia policial regular”, concluyó Nunn.
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