Por Anna Pope, Harvest Public Media
Los estados pronto tendrán que asumir millones de dólares adicionales por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), tras la aprobación de la ley “One Big, Beautiful Bill Act”, impulsada por los republicanos y firmada la semana pasada por el presidente Donald Trump.
La nueva ley obliga a los estados a cubrir una mayor parte de los costos administrativos de SNAP. Incluso podrían tener que asumir, por primera vez, un porcentaje del costo de los beneficios, dependiendo de su tasa de error en pagos. Esta tasa se refiere tanto a pagos en exceso como en defecto a los beneficiarios, y no está relacionada con fraudes, según el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA).
Legisladores y funcionarios de la administración Trump que apoyan la medida afirman que estos cambios reducirán el desperdicio y el fraude en el programa.
“La ley responsabiliza a los estados por sus tasas de error, refuerza los requisitos laborales y evita que inmigrantes ilegales reciban SNAP”, dijo la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, en un comunicado elogiando la legislación.
Pero otros expresan preocupación por el impacto que esta ley tendrá en el programa y en las personas que dependen de él.
En junio, 23 gobernadores enviaron una carta al Congreso advirtiendo que trasladar los costos a los estados afectará su capacidad para administrar los beneficios de SNAP. Defensores del acceso a los alimentos aseguran que esto probablemente implicará que menos personas puedan acceder a ellos.
“En un momento en que la inseguridad alimentaria está aumentando a nivel nacional, esta legislación amenaza con agravar la crisis, dejando sin acceso a alimentos y atención médica a millones de personas, incluidos niños, personas mayores, veteranos y personas con discapacidades”, dijo Claire Babineaux-Fontenot, directora ejecutiva de Feeding America, en un comunicado.
Luke Elzinga, gerente de políticas y defensa del Des Moines Area Religious Council’s Food Pantry Network en Iowa, expresó que su preocupación es que el traslado de costos a los estados podría derivar en recortes de elegibilidad o afectar los presupuestos de otros programas. En el peor de los casos, dijo, SNAP se volvería insostenible para algunos estados, que podrían optar por abandonar el programa. No cree que ese sea el caso de Iowa.
“[Los estados] tendrán que hacer más con menos recursos”, señaló Elzinga. “Y eso genera una preocupación real: ¿cuáles serán las consecuencias no intencionadas de que los estados se enfoquen tanto en esta tasa de error en los pagos? Porque podrían enfrentar responsabilidades de decenas o incluso cientos de millones de dólares.”
Mayor peso sobre la tasa de error
SNAP es el mayor programa de asistencia alimentaria del país, y atiende a más de 42 millones de personas, incluyendo a millones en el Medio Oeste y las Grandes Llanuras. Durante años, el gobierno federal ha financiado la totalidad de los beneficios y compartido los costos administrativos con los estados.
A partir del próximo otoño, los estados deberán cubrir el 75 % de los costos administrativos, frente al 50 % actual. Y desde el otoño de 2027 podrían tener que asumir un porcentaje de los beneficios, según sus tasas de error:
- Estados con tasas de error inferiores al 6 % no pagarán parte de los beneficios
- Estados con tasas de error entre 6 y 8 % deberán cubrir el 5 %
- Entre 8 y 10 %, deberán cubrir el 10 %
- 10 % o más, deberán cubrir el 15 %
Durante los primeros dos años, el cálculo se basará en las tasas de error reportadas en los años fiscales 2025 o 2026. Luego, se tomará un promedio de los tres años anteriores.
Pero si los estados mantienen los mismos porcentajes que en las tasas de error del año fiscal 2024, todos excepto ocho estados tendrían que pagar una parte de los beneficios.
Millones de dólares adicionales
En Iowa, la tasa de error más reciente es de 6.14 %. Elzinga indicó que los legisladores estatales enfrentarán decisiones difíciles.
“Sumando los costos administrativos adicionales y el 5 % de copago, eso implicaría unos 40 millones de dólares más que el estado de Iowa tendría que cubrir”, explicó, citando un informe de la Iowa Hunger Coalition. “Creo que ya hemos visto muchas políticas populares y bipartidistas que no se han implementado en Iowa simplemente porque se dice que no hay fondos suficientes.”
En Oklahoma, cuya tasa de error es de 10.87 %, Hunger Free Oklahoma estima que el nuevo costo anual por beneficios podría ascender a 270 millones de dólares, más otros 30 millones por costos administrativos. Para Jessica Dietrich, directora de relaciones gubernamentales de la organización, estos montos son alarmantes.
“Nos preocupa que la meta parezca ser simplemente lograr un ahorro específico, y no porque sea una buena política pública”, dijo Dietrich. “Y esa no es la forma en que deberíamos tomar decisiones sobre el programa contra el hambre más grande del país.”
En Missouri, el traspaso de costos podría significar hasta 310 millones de dólares anuales, según Amy Blouin, directora ejecutiva del Missouri Budget Project. La tasa de error actual del estado es de 9.42 %.
Blouin advirtió que si el estado no puede asumir esos costos, quienes más sufrirán serán los beneficiarios. Pero también afectará a las economías locales. Por cada dólar de SNAP, se generan hasta $1.50 en actividad económica local, según Feeding America.
“Ese dinero se gasta en supermercados locales en todo el estado”, dijo Blouin. “Y en algunas áreas donde entre el 20 y 30 % de las personas tienen menos dinero para cubrir sus necesidades alimentarias, eso tendrá un impacto directo en los comercios locales.”
Los cambios en el Programa SNAP podrían afectar a los supermercados locales, advirtió Amy Blouin del Missouri Budget Project. (Anna Pope/Harvest Public Media)
El representante Glenn Thompson (Pensilvania) y el senador John Boozman (Arkansas) señalaron en un comunicado reciente que las actuales tasas de error reflejan una falta de control por parte de los estados.
“Las sanciones simbólicas del USDA no han logrado preservar la integridad del programa SNAP”, escribieron en la declaración conjunta.
Dietrich sostuvo que es importante reducir las tasas de error, pero que esta nueva ley podría lograr lo contrario al imponer más restricciones, lo que podría generar más errores. Agregó que muchas agencias trabajan con sistemas anticuados y carecen de personal suficiente.
“Honestamente, es sorprendente que puedan mantener las tasas de error como están, considerando lo poco que tienen para operar”, señaló Dietrich.
Elzinga añadió que sería mejor invertir en mejoras como modernizar los sistemas estatales, lo cual podría reducir las tasas de error de forma efectiva.
Un cartel en un mercado de agricultores en Oklahoma City promociona el programa estatal Double Up Oklahoma, que ofrece frutas y verduras a personas con tarjeta SNAP. (Anna Pope/Harvest Public Media)
Stacy Dykstra, directora ejecutiva del Regional Food Bank of Oklahoma, dijo que los programas gubernamentales como SNAP son la primera línea de defensa contra el hambre. Los bancos de alimentos son la segunda.
Feeding America estima que los recortes al SNAP y otros cambios en el proyecto “Big, Beautiful Bill” podrían eliminar el equivalente a entre 6 y 9 mil millones de comidas al año.
Dykstra dijo que los dos bancos de alimentos de Feeding America en Oklahoma ya registraron una demanda récord el año pasado, y ahora se están preparando para un aumento aún mayor. Aseguró que harán todo lo posible para que nadie se vaya con las manos vacías.
“Creemos que nadie debería pasar hambre”, afirmó. “Pero la realidad es que no hay manera de que podamos compensar las pérdidas que plantean estas decisiones. Y eso es aterrador. Es lo que me quita el sueño: cómo vamos a lograrlo.”
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