La familia solicita una resolución en su caso y protección ante posibles represalias por parte de funcionarios federales
Según la demanda, la familia ha esperado desde junio de 2014 que USCIS procese su formulario I-485, también llamado “Solicitud para registrar la residencia permanente”.
Este formulario es fundamental para que las personas que ya se encuentran en Estados Unidos puedan solicitar la tarjeta de residencia (green card), que otorga el estatus de residente permanente legal. El proceso permite que ciudadanos extranjeros elegibles cambien de un estatus “no inmigrante” a “residente permanente” sin salir del país.
La demanda indica que Khai ha sido residente permanente legal desde octubre de 2024, pero su esposa e hijos aún están a la espera de una decisión que les otorgue ese mismo estatus.
De acuerdo con los documentos presentados por el abogado de la familia, la primera solicitud de residencia permanente se presentó hace 11 años, en junio de 2014. Una segunda solicitud se presentó en mayo de 2017, hace ocho años. Aunque esta segunda solicitud fue aprobada parcialmente, el caso de residencia permanente de la familia aún no ha sido resuelto de forma definitiva.
Como resultado, la demanda sostiene que “la esposa e hijos de Khai han esperado casi 11 años por sus tarjetas de residente permanente legal. Si USCIS hubiera procesado oportunamente el formulario I-485, ya podrían ser ciudadanos naturalizados”.
La demanda también alega que, durante los últimos 22 años, Bondi y sus antecesores en el Departamento de Justicia de EE. UU. han “incumplido totalmente con su obligación legal” de eliminar el rezago en los casos de beneficios migratorios, algo que debía resolverse antes de noviembre de 2003.
Según registros federales vinculados al caso, una solicitud de naturalización tarda aproximadamente 16 meses en procesarse en el área de Des Moines, un periodo considerablemente más largo que el promedio nacional de 9.2 meses.
La familia Khai, señala la demanda, ha esperado 96 meses —un “tiempo intolerable”, según argumentan— desde que presentaron su segunda solicitud, lo cual equivale a “diez veces el tiempo promedio histórico de procesamiento” de este tipo de trámites. En los últimos ocho años, asegura la demanda, USCIS no ha ofrecido respuestas significativas ni explicaciones ante las consultas de la familia sobre su caso.
La familia pide al tribunal que imponga una fecha límite concreta para que USCIS actúe, así como el reembolso de los honorarios legales y una orden judicial que les proteja de cualquier represalia como consecuencia de haber presentado la demanda.
El gobierno federal aún no ha respondido a las acusaciones.
Pareja de Altoona afirma haber esperado cinco años
Un caso similar involucra a Justin y Victoria Kokeh, de Altoona, quienes también han demandado a Noem, Bondi y USCIS.
En su demanda, los Kokeh, originarios de Liberia, buscan una orden judicial que obligue a las autoridades a resolver dos solicitudes de naturalización (formularios N-400) que, afirman, han estado retenidas por un tiempo irrazonable.
Sostienen que la oficina local de Des Moines suele tardar unos ocho meses en procesar este tipo de solicitudes. Sin embargo, la pareja ha esperado entre 58 y 60 meses, lo cual, según la demanda, les ha causado “daños irreparables”.
La pareja solicita al tribunal una orden que obligue a USCIS a “cumplir con sus deberes” conforme a la ley, además del pago de los honorarios legales.
Aunque la pareja presentó su demanda en febrero de 2025 y la enmendó en mayo del mismo año, el gobierno federal aún no ha respondido y recientemente obtuvo una tercera prórroga para presentar su contestación.
Los casos de Kokeh y Khai no son los únicos en Iowa contra Noem y autoridades migratorias por demoras prolongadas e injustificadas en el procesamiento de solicitudes. Sin embargo, el acceso a la información en muchos de estos casos está restringido por los tribunales federales.
Algunos expedientes han sido presentados bajo sello por los abogados, y aunque el público puede acceder a ellos, los documentos solo pueden ser consultados en persona en el tribunal donde fueron archivados.
Chandlor Collins, secretario del Tribunal del Distrito Sur de Iowa, permitió a un reportero de Iowa Capital Dispatch revisar los documentos de los casos Kokeh y Khai, pero explicó que las reglas federales de procedimiento civil prohíben a su oficina proporcionar copias electrónicas o impresas de dichos registros.
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