Washington, D.C. — El ambicioso paquete de recortes fiscales y presupuestarios del presidente Donald Trump, aprobado el jueves, incluye como pieza central una asignación de 170.000 millones de dólares destinada a intensificar la ofensiva migratoria de su administración, cumpliendo así su promesa de campaña de 2024 de realizar deportaciones masivas de personas sin estatus legal permanente.
La medida, aprobada por la Cámara de Representantes con 218 votos a favor y 214 en contra, contempla varios de los principales objetivos migratorios de Trump: reforzar la seguridad fronteriza, aumentar la capacidad de detención y establecer nuevas tarifas para trámites de inmigración legal, entre otras disposiciones. Se prevé la contratación de miles de nuevos agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Aunque la mayoría de las disposiciones migratorias de esta extensa ley buscan ampliar drásticamente la aplicación de las leyes migratorias, también se propone restringir ciertos beneficios actualmente disponibles para inmigrantes con estatus legal.
Bajo esta normativa, los inmigrantes con estatus legal —incluidos quienes tienen asilo— quedarían excluidos del programa de asistencia alimentaria SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria). Las personas sin autorización legal ya están excluidas de este beneficio, del cual dependen aproximadamente 42 millones de personas.
La ley también podría eliminar beneficios fiscales para familias con estatus migratorio mixto, es decir, donde los integrantes tienen distintos estatus migratorios.
Por ejemplo, aunque los republicanos proponen aumentar el crédito fiscal por hijo a 2.200 dólares por menor elegible, la norma impediría que hijos ciudadanos estadounidenses accedan a este beneficio si sus padres no tienen estatus migratorio legal. Para solicitar el crédito, el padre o madre deberá tener un número de Seguro Social válido.
La ley de 870 páginas fue aprobada en el Senado por 51 votos contra 50, con el voto de desempate emitido por el vicepresidente JD Vance.
A continuación, un resumen de otras disposiciones incluidas en la ley:
Aplicación de leyes migratorias
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) convertiría a ICE en la agencia de seguridad pública con mayor presupuesto del país: cerca de 30.000 millones de dólares hasta septiembre de 2029.
Los fondos se destinarán a contratar 10.000 nuevos agentes de ICE en cinco años, bonificaciones por retención, traslados de personas migrantes, mejoras en instalaciones de ICE, detención de familias y contratación de abogados migratorios para procesos de remoción ante tribunales de inmigración.
También se otorgarán bonificaciones de firma a quienes ingresen a ICE tras la promulgación de la ley, así como incentivos por permanencia para agentes con cinco años de servicio en funciones específicas de control migratorio. La ley no detalla los montos de estos bonos.
La versión del Senado otorga a ICE mayor flexibilidad para decidir cómo distribuir esos casi 30.000 millones de dólares.
Financiamiento al Departamento de Defensa (DOD)
De forma independiente a ICE, la ley contempla 1.000 millones de dólares para que el Departamento de Defensa despliegue personal militar en operaciones fronterizas, construya instalaciones y detenga temporalmente a personas en bases militares.
En abril, Trump ordenó a varias agencias militarizar un tramo de la frontera sur como parte de su estrategia para entrelazar a las fuerzas armadas con su política migratoria.
Se creó una zona de amortiguamiento militar en la frontera con México, específicamente en Arizona, California y Nuevo México. Esto implica que cualquier migrante que cruce por esa zona estaría invadiendo una base militar, lo que permite a tropas en servicio activo detenerlos hasta que llegue la Patrulla Fronteriza.
Expertos nacionales y militares han expresado preocupación por posibles violaciones a la Ley Posse Comitatus de 1878, que limita el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna.
Además, el mes pasado la administración Trump desplegó 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles tras las protestas por redadas migratorias dirigidas a jornaleros en tiendas Home Depot.
Detención
La ley destina 45.000 millones de dólares para construir nuevos centros de detención para migrantes, tanto personas solas como familias. Esto representa un aumento de más del 300 % en comparación con el presupuesto de ICE para detención en el año fiscal 2024, que fue de 9.000 millones.
Dado que construir nuevos centros lleva tiempo, es probable que empresas de prisiones privadas como CoreCivic y GEO Group firmen más contratos con ICE.
Estas compañías ya comenzaron a expandir su capacidad. CoreCivic adquirió recientemente un centro con 736 camas en Virginia y GEO compró una instalación de 770 camas en California occidental.
Seguridad fronteriza
La ley asigna 46.600 millones de dólares a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para construir un muro en la frontera con México y realizar reparaciones. Esto triplica el monto que se invirtió en el primer mandato de Trump, que fue de unos 15.000 millones.
El financiamiento también cubrirá tecnologías como cámaras, luces, sensores y sistemas de detección. Estos recursos estarán disponibles desde el año fiscal 2025 hasta el 30 de septiembre de 2029.
Además, se destinarán 4.100 millones de dólares a la contratación de personal de CBP y 2.000 millones a bonificaciones por retención.
Otros 855 millones se usarán para reparar vehículos de CBP, y se invertirán 5.000 millones más en modernizar y reparar instalaciones.
Asimismo, 6.100 millones se utilizarán para adquirir equipos no intrusivos destinados a detectar narcóticos en los puertos de entrada terrestre, marítimo y del norte.
Cualquier persona sin autorización legal que sea detenida en un puerto de entrada será sancionada con una multa de 5.000 dólares. Actualmente, estas multas civiles oscilan entre 50 y 250 dólares. Las personas que solicitan asilo suelen entregarse directamente en los puertos de entrada.
Vías legales de inmigración y tarifas
El Departamento de Justicia recibiría 3.300 millones de dólares para la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración, con el fin de procesar casos como el voto de no ciudadanos —extremadamente raro— y violaciones a la Ley de Registro de Extranjeros.
En abril, la secretaria del DHS Kristi Noem anunció que las personas sin estatus legal debían registrarse ante la agencia o enfrentar cárcel y multas de hasta 5.000 dólares.
La ley también autoriza la contratación de jueces de inmigración, pero fija un límite de 800 jueces. Actualmente hay unos 700, mientras se acumula un atraso de 3,5 millones de casos, según TRAC.
Se modifica además el esquema de tarifas migratorias. Por primera vez, solicitar asilo tendrá un costo de 100 dólares. No habrá exenciones, salvo para menores no acompañados. Todas las tarifas se ajustarán por inflación.
El permiso de trabajo inicial para solicitantes de asilo costará 550 dólares (actualmente gratuito). Renovarlo costará 275 dólares (actualmente 470 en línea o 520 por correo).
Para quienes tienen Estatus de Protección Temporal (TPS), la solicitud pasará de 50 a 500 dólares. El trámite de alivio humanitario subirá de 630 a 1.000 dólares.
La solicitud inicial de permiso de trabajo para quienes tienen TPS o alivio humanitario subirá a 550 dólares. Su renovación bajará a 275 dólares.
La visa de no inmigrante, que hoy es gratuita, tendrá un costo de 250 dólares. Esta visa se utiliza para estudiantes internacionales, trabajadores agrícolas y mano de obra calificada.
Niños inmigrantes no acompañados
Parte de los 2.000 millones para el DHS se destinarán a la deportación de menores no acompañados si cumplen ciertos criterios: haber sido detenidos en un puerto de entrada, no ser víctimas de trata y no temer regresar a su país.
La ley también prevé un fondo de 300 millones de dólares para la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, encargada de estos menores, para realizar estudios de antecedentes y del entorno de cualquier potencial patrocinador.
También se financiarán evaluaciones para detectar antecedentes penales o vínculos con pandillas. A partir de los 12 años, los menores bajo custodia serán revisados por posibles tatuajes o marcas relacionadas con pandillas.
La visa especial para menores inmigrantes —dirigida a quienes han sido abandonados o maltratados por un padre— ahora tendrá un costo de 250 dólares, aunque podrá ser exenta. Actualmente es gratuita.
Subvenciones a estados, Mundial y Juegos Olímpicos
Algunos estados recibirán 450 millones de dólares a través del Programa de Subvenciones Operación Stonegarden, que apoya financieramente a gobiernos estatales y locales que colaboran en tareas de seguridad fronteriza.
La ley también contempla apoyo para los estados sede de grandes eventos deportivos como el Mundial de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028.
Se asignan 625 millones para costos de seguridad del Mundial de la FIFA y 1.000 millones para planificación y seguridad de los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Los Ángeles en 2028.
Mantente informado con historias que importan — visita HolaAmericaNews.com para conocer las últimas noticias, cultura y actualizaciones comunitarias.
Facebook Comments