Washington, D.C. — La Corte Suprema de Estados Unidos falló el lunes a favor de permitir, de manera provisional, que la administración Trump lleve a cabo deportaciones a terceros países, después de que un juez en Massachusetts prohibiera estas remociones sin la notificación adecuada.
Una orden no firmada, respaldada por seis jueces, concedió a la administración Trump una solicitud de emergencia para suspender el fallo de un tribunal inferior que impedía deportaciones a terceros países sin dar primero a las personas afectadas la oportunidad de expresar sus temores si consideran que podrían ser víctimas de daño en el país al que serían enviadas.
“En asuntos de vida o muerte, es preferible actuar con cautela”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en su opinión disidente. “En este caso, el Gobierno eligió el camino opuesto”.
Las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se sumaron a la disidencia de Sotomayor.
Las deportaciones a terceros países —es decir, la expulsión desde Estados Unidos hacia una nación que no es el país de origen del inmigrante— se llevan a cabo cuando el país de origen se niega a aceptar su repatriación.
La orden de la Corte Suprema revierte una medida cautelar emitida en abril por el juez federal Brian Murphy, del Distrito de Massachusetts, que establecía que las personas sujetas a deportación a un tercer país debían contar con al menos 15 días para impugnar su remoción si temían por su seguridad.
A comienzos de mayo, Murphy emitió una orden adicional para frenar la deportación de varios hombres inmigrantes originarios de Myanmar, Laos, Vietnam, Cuba y México, quienes iban a ser trasladados a Sudán del Sur.
Después de que Murphy determinara que esas deportaciones violaban su medida cautelar, los inmigrantes fueron redirigidos a una base militar estadounidense en Yibuti, África Oriental, donde se les realizaron entrevistas para evaluar su temor creíble.
La orden no firmada implica que la decisión del juez Murphy queda suspendida mientras se resuelve el caso.
Mientras la administración Trump avanza con su plan de deportaciones masivas, el fallo del máximo tribunal facilitará que el Gobierno expulse a inmigrantes hacia otros países en los casos en que sus naciones de origen se nieguen a recibirlos.
En su disidencia, Sotomayor sostuvo que la decisión vulnera el debido proceso, es decir, el derecho de las personas en suelo estadounidense a defenderse ante los tribunales. Argumentó que la administración Trump desobedeció abiertamente la orden del tribunal inferior al deportar a varios inmigrantes a Sudán del Sur, país que no era el suyo.
“Al premiar la ilegalidad, la Corte vuelve a debilitar un principio fundamental”, afirmó. “Al parecer, el Tribunal considera más aceptable que miles sufran violencia en lugares remotos que aceptar la remota posibilidad de que un tribunal de distrito haya excedido sus facultades al ordenar al Gobierno que brinde la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y legal”.
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