Por Shauneen Miranda, Iowa Capital Dispatch
Washington, D.C — El Departamento de Educación de Estados Unidos deberá reincorporar temporalmente a cientos de empleados despedidos a principios de este año y no podrá avanzar con una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca desmantelar la agencia, según lo determinó el jueves un juez federal en Massachusetts.
El fallo se deriva de dos demandas presentadas en marzo: una por parte de un grupo de fiscales generales demócratas y otra por una coalición de organizaciones defensoras y sindicatos. La decisión bloquea tres de las iniciativas impulsadas por Trump, representando un fuerte revés para su agenda educativa, que busca reformar de manera drástica el papel del gobierno federal en el ámbito educativo.
Las demandas cuestionan algunos de los cambios más significativos promovidos por la administración hasta la fecha: un plan de reducción de personal que eliminó a más de 1,300 empleados del Departamento de Educación; la orden ejecutiva que instruía a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a facilitar el cierre de la propia agencia; y la propuesta de transferir la administración de los préstamos estudiantiles a la Administración de Pequeñas Empresas, así como los servicios de educación especial al Departamento de Salud y Servicios Humanos.
“Un departamento sin el personal necesario para cumplir con las funciones que la ley le encomienda no puede considerarse un departamento en sentido pleno”, escribió el juez de distrito Myong J. Joun en su memorando de 88 páginas que acompaña la orden judicial preliminar.
“No se le puede pedir a este tribunal que cierre los ojos mientras se despide sistemáticamente al personal del Departamento y se trasladan unidades clave hasta reducirlo a una mera sombra de lo que fue”, añadió Joun, quien fue designado por el expresidente Joe Biden.
La medida cautelar dictada por Joun entró en vigor de inmediato y permanecerá vigente hasta que se resuelva el fondo del caso consolidado. Un portavoz del Departamento de Educación informó que la administración apelará de inmediato la sentencia, y ya ha iniciado el proceso correspondiente.
Victoria para los estados demócratas
Una de las demandas fue presentada por una coalición de fiscales generales demócratas de los estados de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.
La segunda fue interpuesta por la Federación Estadounidense de Profesores, su filial en Massachusetts, el Consejo 93 de AFSCME, la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y dos distritos escolares de Massachusetts.
El plan de reducción de personal generó gran preocupación entre líderes educativos y defensores del sector, quienes cuestionaron la capacidad del Departamento para cumplir con sus funciones esenciales tras la eliminación de aproximadamente la mitad de su plantilla, incluidos recortes significativos en unidades clave como la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, la Oficina de Derechos Civiles y el Instituto de Ciencias de la Educación.
Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Profesores, uno de los principales sindicatos de docentes del país, celebró la decisión judicial en un comunicado emitido el jueves.
“El tribunal ha rechazado con razón uno de los actos más ilegales y trascendentales de esta administración: abolir el papel del gobierno federal en la educación”, afirmó Weingarten.
“Esta decisión es un primer paso para revertir esta ofensiva contra el conocimiento y la reducción de oportunidades. Si queremos construir un mejor futuro para Estados Unidos, todos debemos asumir más responsabilidad, no menos, por el éxito de nuestros niños.”
La orden del juez Joun también prohíbe al Departamento implementar la propuesta presidencial de transferir la gestión de los préstamos estudiantiles y los servicios de educación especial a otras agencias federales.
Trump anunció esta iniciativa, que no venía acompañada de una orden ejecutiva formal, durante una aparición en el Despacho Oval junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth. A principios de esta semana, un portavoz del Departamento de Educación declaró a States Newsroom que no tenían novedades sobre dicha propuesta de transferencia.
Críticas de la administración
Madi Biedermann, portavoz del Departamento de Educación, aseguró que la agencia apelará la medida de inmediato y con carácter urgente.
“Una vez más, un juez de extrema izquierda ha sobrepasado de forma drástica su autoridad, basándose en la denuncia de demandantes con claros sesgos, y ha emitido una orden judicial contra esfuerzos que son claramente legales para hacer del Departamento de Educación una entidad más eficiente y funcional para el pueblo estadounidense”, afirmó en un comunicado.
“El presidente Trump y la secretaria de Educación, confirmada por el Senado, tienen la autoridad para tomar decisiones sobre la reorganización de la agencia. No corresponde a un juez no electo e influenciado políticamente bloquear estos esfuerzos. Este fallo no responde a los intereses de los estudiantes ni de las familias estadounidenses.”
La sentencia fue emitida un día después de que la secretaria McMahon compareciera ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, donde fue interrogada por legisladores demócratas sobre los recortes y cambios propuestos en su departamento.
Durante la audiencia, McMahon presentó la propuesta presupuestaria de Trump para el año fiscal 2026, que contempla un recorte de 12,000 millones de dólares al Departamento de Educación.
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