Por Stephen Gruber-Miller, Des Moines Register
Des Moines, IA-Introducir ilegalmente a alguien que no es ciudadano estadounidense para obtener beneficios o para ocultarlo de las fuerzas del orden se convertiría en un delito estatal en Iowa bajo un proyecto de ley que se presentó el miércoles en la Cámara de Representantes de Iowa.
El impulso de los republicanos a la legislación se produce la misma semana en que el presidente Donald Trump asumió el cargo, prometiendo llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.
“Los estados tienen que empezar a defenderse”, dijo el autor del proyecto de ley, el representante Steven Holt, republicano de Denison. “Porque gracias a Dios ahora tenemos un nuevo presidente en la Casa Blanca, pero tuvimos una administración durante cuatro años que no hizo nada en la frontera sur, permitió una invasión que impactó a nuestros ciudadanos de una manera profunda.”
Representante Lindsay James, D-Dubuque, un pastor presbiteriano, dijo que le preocupa que el lenguaje del proyecto de ley tiene el potencial de criminalizar las acciones de los grupos religiosos que buscan apoyar a los inmigrantes.
“Me preocupa que esta ley criminalice a las comunidades religiosas y las consecuencias no deseadas de que la gente viva su compromiso de fe y cometa delitos involuntariamente”, dijo. “Es una gran preocupación”.
Los legisladores votaron 2-1 para promover la medida, House Study Bill 15, fuera del subcomité el miércoles, enviándolo a la Comisión Judicial de la Cámara para su consideración. Holt y Rep. Skyler Wheeler, R-Hull, estaban a favor, mientras que James se opuso.
Los republicanos de la Cámara llevaron a cabo un proyecto de ley similar el año pasado. La legislación aprobada por la Cámara de Iowa, pero no avanzó en el Senado de Iowa.
La gobernadora Kim Reynolds firmó una ley de inmigración independiente que crea un delito estatal de “reingreso ilegal” en Iowa para las personas que han sido previamente deportadas o se les ha prohibido entrar en los Estados Unidos. Esa ley se enfrenta actualmente a un par de demandas y está bloqueada mientras se resuelven los litigios.
Reynolds ordenó la semana pasada a las fuerzas del orden y a las prisiones del estado de Iowa que “cooperen plenamente y ayuden” con los esfuerzos de deportación de Trump, en un memorando publicado días antes de la toma de posesión del presidente.
¿Qué haría el proyecto de ley de “ tráfico ilícito “?
El proyecto de ley crearía un nuevo delito de “contrabando” de un inmigrante indocumentado, que se aplicaría a alguien que actúa “a sabiendas, por pago o algún otro beneficio.”
Quien transporte a un inmigrante indocumentado con la intención de ocultárselo a las fuerzas del orden, huir de ellas o animarlas a entrar o permanecer ilegalmente en Estados Unidos o a entrar o permanecer ilegalmente en terrenos agrícolas sin el consentimiento del propietario sería culpable de un delito grave de clase C, castigado con hasta 10 años de cárcel.
Las penas aumentarían si existiera una probabilidad sustancial de que la persona objeto del contrabando sufriera lesiones graves o la muerte, o si la persona objeto del contrabando fuera menor de 18 años, si el contrabandista pretendiera beneficiarse monetariamente o si hubiera un arma implicada. Esas circunstancias constituirían un delito de clase B, castigado con hasta 25 años de prisión.
Y el delito sería de clase A, castigable con cadena perpetua sin libertad condicional, si la persona objeto del contrabando resulta gravemente herida, muere o sufre abusos sexuales.
Grupos religiosos y de derechos civiles se oponen al proyecto de ley
Diversos grupos religiosos, de derechos civiles, de defensa de los derechos de los inmigrantes y de apoyo a los supervivientes de la violencia doméstica se pronunciaron en contra del proyecto de ley en la subcomisión del miércoles.
Pete McRoberts, miembro del grupo de presión de la Unión Americana de Libertades Civiles de Iowa, dijo que el proyecto de ley no sólo se aplica a las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
“El lenguaje del proyecto de ley no distingue entre los no ciudadanos”, dijo. “Así que puede tratarse de alguien que ha entrado en el país violando la ley penal federal. Puede tratarse de alguien que se ha quedado más tiempo del permitido en su visado, lo que no es un delito. También puede tratarse de un residente permanente legal”.
Holt dijo que está abierto a las recomendaciones de la ACLU sobre el cambio del lenguaje en el proyecto de ley.
“Si tenemos que distinguir que estamos hablando de alguien que no está aquí legalmente en contraposición a alguien con una tarjeta verde, entonces lo haremos sin duda”, dijo.
Tom Chapman, director ejecutivo de la Conferencia Católica de Iowa, que se opone al proyecto de ley, dijo que la iglesia católica considera el servicio a los recién llegados como “un ministerio central de la iglesia”.
“El derecho de un país a regular sus fronteras y hacer cumplir sus leyes de inmigración debe equilibrarse con sus responsabilidades de defender la santidad de la vida humana, respetar la dignidad que Dios ha dado a todas las personas y promulgar políticas que promuevan el bien común”, dijo.
Los cuatro obispos católicos de Iowa después de la elección de Trump en noviembre publicaron una carta a la comunidad migrante del estado diciéndoles que “su Iglesia está con ustedes en solidaridad” y que “abogaremos por su trato justo y su dignidad dentro del marco de la ley.”
Chapman dijo que le preocupa que los católicos que transporten u ofrezcan refugio a inmigrantes indocumentados puedan ser procesados por la ley.
“¿Animar o persuadir a una persona para que permanezca en EE.UU. significa proporcionar comida o refugio a un inmigrante?”, dijo. “No queremos llegar a una situación como la que hemos visto en al menos otro estado donde las autoridades están tratando de cerrar algunos ministerios católicos porque estaban ayudando a los inmigrantes en base a un lenguaje similar.”
Laura Hessburg, lobista de la Coalición de Iowa contra la Violencia Doméstica, que también se opone al proyecto de ley, dijo que tiene preocupaciones similares de que los organizadores que atienden a sobrevivientes de violencia doméstica podrían ser atrapados por la ley y enfrentar el enjuiciamiento por ayudar a los sobrevivientes indocumentados a acceder al apoyo federal u otros servicios.
Erica Johnson, lobista de Iowa Migrant Movement for Justice, dijo que su grupo cree que la ley es innecesaria y redundante porque el tráfico de personas ya es ilegal bajo la ley federal.
Holt dijo que el lenguaje de la legislación que especifica que el delito sólo es aplicable a alguien que actúa a sabiendas y por el pago u otro beneficio debe abordar las preocupaciones de que los grupos religiosos podrían ser blanco.
“No vamos a perseguir a los pastores ni a las personas que intentan ayudar a la gente a ir al dentista o al médico o cosas por el estilo”, dijo.
Rechazó las preocupaciones de que el proyecto de ley haría Iowa poco acogedor.
“Creo que Iowa es hospitalaria con los inmigrantes legales y no pretendo que seamos hospitalarios con los infractores de la ley y con los extranjeros ilegales”, dijo. “Seremos poco hospitalarios en ese sentido, porque defendemos el Estado de derecho”.
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