Por Steph Conquest-Ware, The Midwest Newsroom
Desde que su padre fue detenido y deportado, Abigail Lopez tiene dificultades para concentrarse en clase. La adolescente de 14 años estudia en Stilwell Junior High School, en West Des Moines, Iowa.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a su padre, Juan Lopez, cuando se dirigía al trabajo en septiembre. ICE y el Departamento de Seguridad Nacional informaron a The Midwest Newsroom que Juan tiene antecedentes por delitos graves, entre ellos agresión agravada con un arma y robo con allanamiento.
Abigail es la menor de los siete hijos de Juan. Su hermana Stephanie Lopez, de 32 años, pensó que asistir a la escuela ayudaría a la adolescente a distraerse de la separación de su padre.
Pero no fue así.
“Le mandaba mensajes a mi mamá y le decía: ‘¿Puedes venir por mí? Estoy preocupada por ti. Tengo miedo de lo que pueda pasar’”, contó Stephanie, rodeada de sus hermanos en la casa de sus padres en Des Moines.
Abigail ha faltado cuatro días a la escuela debido al estrés que le provocaron la detención de su padre y su posterior deportación a México.
Es una de los más de 200,000 menores cuyos padres han sido detenidos por autoridades migratorias desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. De ellos, al menos 145,000 son ciudadanos estadounidenses, según estimaciones de Brookings Institution, un centro de investigación no partidista.
Las experiencias adversas durante la infancia, conocidas como ACE por sus siglas en inglés, pueden aumentar el riesgo de estrés crónico, problemas de salud, dificultades académicas, conductas delictivas, desempleo, adicciones, cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad y trastornos psiquiátricos durante la vida adulta, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Los niños de familias inmigrantes pueden enfrentar experiencias traumáticas particulares, como la deportación de uno de sus padres y una separación familiar prolongada. Defensores de los derechos de los inmigrantes y especialistas consideran que las prácticas migratorias de la administración Trump podrían afectar a estos menores durante décadas.
En distintos puntos de la región, cada vez más estudiantes faltan a clases por temor a los operativos migratorios o como consecuencia de ellos, de acuerdo con una investigación de Brookings Institution.
Durante un operativo de ICE realizado en septiembre en plantas procesadoras de carne y comunidades cercanas del suroeste de Kansas, 221 alumnos de Meadowlark Elementary School, en Liberal, faltaron a clases, según Tyler Parks, coordinador de comunicaciones del distrito escolar USD 480.
En Nebraska, el Center for Immigrant and Refugee Advancement (CIRA) ha registrado un aumento en las llamadas a su línea de ayuda relacionadas con separaciones familiares desde el inicio del ciclo escolar.
La organización, que ofrece asistencia legal y defensa de los derechos de los inmigrantes, ha recibido entre tres y cinco llamadas semanales por este motivo, según Monica Meier, directora de trabajo social de CIRA.
Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska confirmó, en respuesta a una solicitud de registros públicos, que desde enero de 2025 diez menores han sido colocados en hogares de acogida después de que uno de sus padres fuera detenido o deportado.
Meier considera que muchos niños de familias con distintos estatus migratorios que asisten a escuelas de Nebraska y otros estados de la región han sido separados de alguno de sus padres o viven “todos los días con el temor de que eso les pueda pasar”.
Una maestra se convierte en cuidadora de su alumna
Denise Meyer, maestra y especialista en enseñanza del inglés en Springfield, Missouri, recibió temporalmente en su casa a una alumna de cinco años después de que las autoridades migratorias detuvieran a la madre de la niña.
En octubre de 2025, Meyer estaba con sus estudiantes cuando recibió una llamada de la madre de una niña de kínder. La mujer había sido detenida por agentes de ICE mientras conducía.
Ante la posibilidad de no quedar en libertad y de que nadie pudiera recoger a su hija en la parada del autobús escolar, la madre pidió ayuda a la maestra.
“La niña habría llegado a una casa donde no la esperaba nadie. Eso me parecía algo muy grave, muy difícil de aceptar y profundamente incorrecto”, recordó Meyer.
La maestra aseguró que no dudó en hacerse cargo de la pequeña, quien ya había sido alumna suya.
“Cuando te importan las personas y su bienestar, muchos de esos miedos simplemente desaparecen”, explicó.
Meyer cuidó a la niña durante casi dos meses, hasta que pudo reunirse nuevamente con su madre. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional deportó a ambas a Honduras.
Meyer trabaja con estudiantes que están aprendiendo inglés. Según explicó, muchos llegan diariamente a la escuela en una especie de “modo de supervivencia”, siempre atentos a cualquier cosa que ocurra a su alrededor.
“No saben si sus padres estarán en casa cuando regresen, ni qué va a pasar con sus familias. Es una realidad muy presente para los estudiantes con los que trabajo, y definitivamente es un miedo que ha ido creciendo tanto en ellos como en sus familias”, dijo Meyer.
Mitra Naseh, profesora y directora de la Forced Migration Initiative de Washington University en St. Louis, advirtió que los operativos migratorios que continúan desarrollándose en la región podrían empeorar la salud mental y física de las comunidades inmigrantes durante “los próximos años”.
“Esto solo ampliará la carga desproporcionada de problemas de salud que estas comunidades ya enfrentan”, señaló Naseh.
La especialista explicó que el estrés provocado por las acciones migratorias en comunidades racializadas también limita las oportunidades económicas. El temor a salir y participar en la vida cotidiana surge de la posibilidad de enfrentar una detención, la separación familiar, una deportación u otras consecuencias.
Las consecuencias de la separación familiar
Madie Perez, de 22 años, y Bryan Perez, de 26, vivían en una pequeña casa de tres habitaciones, con un patio cercado para su golden retriever. Pensaban que aquella vivienda de Springfield, Missouri, era el lugar ideal para criar a su hijo, que ahora tiene un año.
Bryan llegó a Estados Unidos con sus padres durante la adolescencia y llevaba casi una década viviendo en el país cuando ICE lo detuvo el 23 de marzo, según relató Madie.
Estaba tramitando su residencia permanente cuando, el Domingo de Pascua, las autoridades lo deportaron a Guatemala, su país de nacimiento.
The Midwest Newsroom confirmó que Bryan tenía registrada una infracción de tránsito menor de 2024.
Madie, quien se dedicaba al cuidado de su hijo en casa, contó que el último sueldo de su esposo apenas alcanzó para cubrir sus necesidades.
“Si no fuera por la generosidad de nuestra comunidad y por las personas que rezan por nosotros, no sé qué haría. No tengo más estudios que la preparatoria y tampoco mucha experiencia laboral”, explicó.
Madie y su hijo tuvieron que mudarse con familiares en Springfield porque ya no podía pagar la casa de tres habitaciones.
Consiguió un empleo temporal en un centro preescolar y también limpia casas para llegar a fin de mes. Está ahorrando para que ella y su hijo puedan visitar a Bryan en Guatemala.
Monica Meier, directora de trabajo social de CIRA, explicó que las emociones que enfrentan padres como Madie y Bryan pueden afectar también a sus hijos, sin importar qué tan pequeños sean.
“Como madre, si estoy muy ansiosa por algo y no puedo controlar esa ansiedad, mis hijos van a sentirla”, señaló.
Nicole Novak, profesora investigadora adjunta de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Iowa, especializada en los efectos de la inmigración sobre la salud, explicó a The Midwest Newsroom que incluso los bebés que todavía no han nacido pueden verse afectados por los operativos migratorios.
En 2008, ICE arrestó a 390 personas en una planta procesadora de carne de Agriprocessors Inc., en Postville, Iowa. Matt M. Dummermuth, quien entonces era fiscal federal, describió aquella acción como el mayor operativo migratorio realizado hasta ese momento en un centro de trabajo en la historia de Estados Unidos.
Novak y sus colegas investigaron las consecuencias del operativo en la salud de las madres latinas de Postville y las comunidades cercanas.
Encontraron que el estrés vivido por las mujeres latinas durante el año posterior al operativo afectó el crecimiento de los bebés durante el embarazo.
Los hijos de esas madres tuvieron un 24% más de riesgo de nacer con bajo peso que los bebés de madres blancas de la misma zona. El estudio incluyó tanto a latinas nacidas en Estados Unidos como a mujeres inmigrantes.
“Es algo parecido a lo que se observa después de un terremoto, un episodio de violencia colectiva u otro acontecimiento que provoca mucho estrés”, explicó Novak.
Novak señaló que la mayoría de las acciones migratorias en Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska no se parecen al operativo de Postville.
En muchos casos ocurren durante situaciones cotidianas, sin la intervención directa de agentes federales, mediante la participación de policías locales o departamentos del sheriff.
Esto es posible gracias a los acuerdos 287(g), que autorizan a determinados agentes locales a desempeñar funciones migratorias y detener personas para ICE.
La Patrulla de Caminos de Missouri, la Oficina de Investigación de Kansas, la Patrulla Estatal de Nebraska y el Departamento de Seguridad Pública de Iowa también mantienen acuerdos con ICE, según los registros de la agencia.
Novak explicó que estas colaboraciones entre ICE y los gobiernos estatales y locales permiten aplicar las leyes migratorias a una escala más amplia y menos visible que los operativos en centros de trabajo, los cuales suelen atraer atención pública por su cobertura en los medios y las redes sociales.
Para la investigadora, el temor que generó el operativo de Postville puede ser similar al estrés que experimenta un niño durante una parada de tránsito o incluso cuando escucha noticias sobre acciones migratorias.
Una familia que todavía intenta recuperarse
Juan Lopez tiene siete hijos y catorce nietos, todos ciudadanos estadounidenses. Antes de su deportación, había vivido casi 40 años en Estados Unidos.
Se mudó a Iowa en 2017 desde Los Ángeles, California. Según su familia, pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en una empresa de sistemas de riego, reparando automóviles para sus amigos o viendo televisión.
La mañana de su detención, apenas llevaba unos minutos conduciendo hacia su trabajo en Des Moines. Hablaba por teléfono con Laura Becerra, su pareja desde hacía muchos años, cuando cinco vehículos sin identificación le cerraron el paso y rodearon su camioneta, según contaron sus hijos a The Midwest Newsroom.
La familia aseguró que Becerra escuchó cómo agentes de ICE rompían las ventanas del vehículo antes de que se cortara la llamada.
Las fotografías de la camioneta tomadas después de la detención muestran vidrios rotos sobre el asiento del conductor, el piso y el marco de la puerta.
ICE sostuvo que Lopez “se negó a cumplir varias órdenes legales de bajar la ventanilla y mostrar una identificación, por lo que los agentes tuvieron que utilizar la fuerza mínima necesaria para efectuar el arresto”.
Un mes después, la familia todavía intenta recuperarse de la ausencia de quien era su figura central.
Sus hijos contaron que, durante los primeros días después de la detención, no podían comer. Cuando Abigail regresó a clases, muchas personas le preguntaban qué había pasado, relató entre lágrimas.
“Mi papá tenía muchísimo miedo de que esto le pasara. Por eso ni siquiera íbamos a los parques ni a ningún lado. No queríamos ir a restaurantes. Mi papá simplemente llegaba directo a la casa y eso era todo”, contó Tiffany Lopez.
Tiffany y otros integrantes de la familia dijeron creer que Juan tenía una tarjeta de residencia permanente, conocida como green card.
También contó que su padre había sido deportado en 1998 por robar una bicicleta y que después regresó a Estados Unidos sin autorización. Tiffany considera que ese antecedente podría explicar la rapidez con la que se llevó a cabo la deportación.
The Midwest Newsroom pudo confirmar la deportación, pero no el antecedente del robo.
Una vez en México, Juan propuso vender la casa de Des Moines. Sin embargo, sus hijos gemelos, Jonathan Lopez y Juan Lopez Jr., de 25 años, ahora ayudan a pagar la hipoteca.
Los Lopez son una familia muy unida. Solían reunirse los sábados en casa para preparar carne asada en el patio.
Ahora intentan adaptarse a una nueva realidad. Pero sus hijos aseguran que, mientras su padre no regrese, la casa no volverá a sentirse como un hogar.
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