La corte determinó que los inmigrantes no pueden permanecer detenidos sin acceso a fianza y ordenó una audiencia de fianza en un plazo de 90 días
Por Tim Henderson, Nebraska Examiner
Un nuevo fallo de una corte de apelaciones representa otro golpe a la política de detención obligatoria del gobierno de Trump, que amenaza a millones de inmigrantes con encarcelamiento indefinido y sin fianza por haber cruzado alguna vez la frontera de forma ilegal.
Un panel dividido del 5th U.S. Circuit Court of Appeals falló 2-1 el 2 de julio que esos inmigrantes deben recibir una audiencia de fianza en un plazo de 90 días. Uno de los dos jueces dijo que 30 días sería un mejor límite de tiempo.
El juez disidente dijo que negar la fianza era apropiado y calificó la política de Trump como “constitucionalmente sólida”.
La política de 2025 ha enfrentado una resistencia generalizada entre jueces federales, incluso entre designados por Trump, muchos de los cuales han liberado a personas detenidas por inmigración y han calificado la política como inconstitucional. Otras cortes de apelaciones también la han anulado, en un conflicto que probablemente llegue en octubre a la U.S. Supreme Court.
El fallo de la semana pasada afecta a tres de los estados con algunos de los centros de detención más grandes: Louisiana, Mississippi y Texas. Inmigrantes de todo el país suelen ser trasladados a esos estados.
“Como ICE traslada a las personas que detiene con tanta rapidez y frecuencia, aislándolas de sus abogados, familias y redes de apoyo, muchos neoyorquinos terminan detenidos en centros de esos estados”, dijo Reed Dunlea, portavoz de la New York Immigration Coalition.
El American Immigration Council, que fue parte en el caso, señaló que el caso giró en torno a tres residentes de Texas de larga trayectoria, sin antecedentes penales y con hijos ciudadanos estadounidenses, todos detenidos durante paradas de tráfico.
La decisión “afirma que los derechos constitucionales no desaparecen simplemente porque alguien esté en un proceso migratorio”, dijo en un comunicado Rebecca Cassier, abogada del consejo que argumentó el caso.
El Department of Homeland Security, en una declaración sin atribución nominal enviada a Stateline, dijo que no está de acuerdo con la decisión y que espera la revisión de la Supreme Court: “DHS está firmemente en desacuerdo con el panel del Fifth Circuit y confía en su posición legal sobre la detención obligatoria”.
Se trata de una reversión parcial del fallo de febrero de la misma corte de apelaciones, que avaló la detención sin límite para algunos inmigrantes en esos estados, pese a fallos contradictorios en otros estados que anularon la política por considerarla inconstitucional. Hasta ahora, solo el 8th U.S. Circuit Court of Appeals ha confirmado la política de detención, con cobertura sobre centros en siete estados: Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota y South Dakota.
Una corte federal en California anuló a nivel nacional la política de detención obligatoria en una demanda colectiva. El fallo quedó suspendido mientras se resuelve la apelación en marzo, pero sigue vigente en parte de California y ha sido citado con frecuencia por jueces en otros estados para liberar a personas detenidas por inmigración, según una revisión de Stateline sobre fallos migratorios recientes.
La población en centros de detención migratoria alcanzó en enero un máximo histórico de más de 70,000 personas. En abril bajó a unas 60,000, mientras disminuía la detención de inmigrantes sin antecedentes penales tras la controversia y las protestas por operativos de aplicación de la ley en Minnesota y otros lugares.
Hay algunos indicios de que se está deteniendo a menos personas sin antecedentes penales, incluso cuando los arrestos han aumentado en los últimos días, en un intento del gobierno de Trump por duplicar el número de arrestos a 2,000 al día. La proporción de arrestos migratorios que terminaron en detención bajó de 38% el año pasado a 17% entre marzo y mayo.
Menos de 30% de los inmigrantes detenidos en abril tenían condenas penales, incluidas infracciones de tránsito y delitos migratorios. Los demás solo tenían violaciones migratorias o cargos penales pendientes.
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