Por Jonathan Shorman, States Newsroom
El presidente Donald Trump firmó el martes una amplia orden ejecutiva que busca restringir el voto por correo, una prioridad de la Casa Blanca que previsiblemente enfrentará importantes desafíos legales.
La orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, junto con la Administración del Seguro Social, a elaborar una lista de ciudadanos estadounidenses en edad de votar en cada estado y compartirla con los funcionarios electorales estatales. También exige al Servicio Postal de Estados Unidos enviar y recibir únicamente boletas que incluyan códigos de barras de rastreo.
La medida representa una escalada significativa en el intento de Trump por ejercer control presidencial sobre las elecciones, que, según la Constitución de Estados Unidos, son administradas por los estados. El año pasado, Trump intentó imponer de manera unilateral un requisito de prueba de ciudadanía para votar en elecciones federales mediante una orden ejecutiva que fue bloqueada en tribunales federales.
La decisión también refleja la atención sostenida de Trump y sus aliados sobre los votantes no ciudadanos. Diversos estudios han demostrado que el voto de personas no ciudadanas es extremadamente raro.
“Creo que esto ayudará mucho con las elecciones”, dijo Trump.
Base nacional de ciudadanos adultos
El Departamento de Seguridad Nacional opera el sistema SAVE, un potente programa informático que permite verificar la ciudadanía.
DHS ha invitado previamente a los estados a revisar sus padrones electorales mediante SAVE, que identifica a votantes como posibles no ciudadanos. Algunos funcionarios electorales han criticado el sistema al señalar que puede clasificar erróneamente a ciudadanos estadounidenses como posiblemente no elegibles.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos negó, tan recientemente como la semana pasada, cualquier intento de crear un registro nacional de votantes. Aunque la orden ejecutiva no establece de forma explícita la creación de una lista nacional, en la práctica representa un esfuerzo de la Casa Blanca por construir una base de datos nacional de ciudadanos adultos de Estados Unidos.
La orden exige que el Departamento de Seguridad Nacional permita a los estados complementar de forma periódica o sugerir cambios en las listas de ciudadanía de cada estado. También obliga a que los funcionarios federales permitan a las personas acceder a sus propios registros y actualizarlos o corregirlos antes de las elecciones.
Además, dispone que el director general del Servicio Postal proponga reglas para que toda la correspondencia electoral saliente se envíe en sobres con código de barras para su rastreo. También exige que los estados informen al Servicio Postal con al menos 90 días de anticipación si permitirán el envío de boletas por correo en elecciones federales.
“En lugar de enfocarse en reducir el costo de la energía, los alimentos y la atención médica, Donald Trump está intentando desesperadamente tomar el control de nuestras elecciones, manipularlas y evitar rendir cuentas en noviembre”, dijo el senador Alex Padilla, demócrata por California, en un comunicado tras el anuncio. “Esta orden ejecutiva es un abuso de poder evidente e inconstitucional”.
SAVE America Act
Trump ha impulsado al Congreso a aprobar la SAVE America Act, que obligaría a las personas a presentar documentos, como pasaporte o acta de nacimiento, que prueben su ciudadanía para poder registrarse como votantes. El Senado de Estados Unidos debate actualmente el proyecto, aunque parece poco probable que reúna los votos suficientes para superar un filibuster.
Trump ha pedido en repetidas ocasiones a los republicanos incluir tres disposiciones en el proyecto, entre ellas restricciones al voto por correo, con excepciones para miembros del ejército, personas enfermas y quienes estén de viaje.
El presidente también ha prometido impulsar restricciones al voto con o sin el respaldo del Congreso. A principios de este mes, Trump votó por correo en Florida.
La orden ejecutiva también instruye al Departamento de Justicia y a otras agencias federales a retener fondos federales a estados y localidades que no cumplan, “cuando dicha retención esté autorizada por la ley”.
La orden firmada el martes seguramente enfrentará desafíos legales. La Constitución otorga al Congreso, no al presidente mediante órdenes ejecutivas, la facultad de modificar las regulaciones electorales estatales.
Marc Elias, destacado litigante en materia de derechos electorales, adelantó que impugnará la medida.
“Si Trump firma una orden ejecutiva inconstitucional para tomar el control del voto, demandaremos”, escribió Elias en redes sociales. “No faroleo y por lo general gano”.
El presidente del Comité Nacional Republicano, Joe Grunters, respaldó la orden al señalar que Trump está restaurando la confianza en el sistema electoral. “Proteger las urnas en Estados Unidos no es opcional: es la base de nuestra república”, afirmó.
Demandas del Departamento de Justicia contra estados
El Departamento de Justicia ha demandado a 29 estados y al Distrito de Columbia para obtener copias de sus padrones electorales que contienen información personal sensible de los votantes, como licencias de conducir y números parciales del Seguro Social. Cerca de una docena de estados ha entregado los datos de manera voluntaria, pero la mayoría está impugnando la solicitud en los tribunales.
Hasta ahora, tres jueces federales han fallado en contra del Departamento de Justicia. La administración ha apelado y, en documentos judiciales, ha argumentado que decisiones rápidas de los tribunales son necesarias para garantizar la seguridad y equidad de las elecciones de medio término.
La administración Trump ha señalado que los datos son necesarios para verificar que únicamente ciudadanos estén registrados para votar. La semana pasada, un abogado del Departamento de Justicia confirmó en un tribunal que la información de votantes sería compartida con el Departamento de Seguridad Nacional.
“Algunos pueden alarmarse con esto, pero honestamente esto es ridículo”, escribió en redes sociales David Becker, director ejecutivo del Center for Election Innovation & Research y exabogado de la sección electoral del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Es claramente inconstitucional, será bloqueada de inmediato y lo único que logrará es enriquecer a los abogados liberales. Es como si firmara una orden ejecutiva para prohibir la gravedad”.
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