Por Clark Kauffman, Iowa Capital Dispatch
El condado remite a funcionarios de ICE la solicitud de registros públicos del contrato
El condado de Muscatine, que tiene un contrato para mantener a detenidos migratorios para el gobierno federal, se niega a divulgar públicamente su copia de ese contrato.
En los últimos meses, el administrador de la cárcel del condado de Muscatine ha sido mencionado en cinco demandas relacionadas con el acuerdo del condado para encarcelar a algunos de los inmigrantes detenidos en Iowa por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Al igual que otros condados de Iowa, el condado de Muscatine tiene un contrato con ICE para alojar a esas personas a cambio de pagos del gobierno federal. Ese contrato, y la detención de inmigrantes por parte del condado, han sido objeto de cinco demandas civiles y de una presunta queja ética relacionada con el exfiscal del condado de Muscatine, James Barry, quien renunció el año pasado.
El 16 de enero, Iowa Capital Dispatch solicitó al sheriff del condado de Muscatine, Quinn Riess, y al administrador de la cárcel, Matt McCleary, una copia del contrato del condado con ICE. Ni Riess ni McCleary respondieron a la solicitud ni a las llamadas telefónicas posteriores sobre el tema.
El 2 de febrero, Capital Dispatch volvió a escribir a Riess y McCleary y pidió un informe de estatus sobre la solicitud presentada bajo la Ley de Registros Abiertos. Ninguno de los dos respondió.
El 4 de febrero, Capital Dispatch escribió a la nueva abogada del condado de Muscatine, Korie Talkington, y solicitó el contrato y otros registros, incluidas las comunicaciones escritas entre su oficina y Barry durante el mes de enero de 2026.
El 6 de febrero, Talkington respondió y dijo que comenzaría a trabajar en la solicitud. Más tarde, Capital Dispatch retiró su solicitud de las comunicaciones con Barry.
El 19 de febrero, Talkington respondió a la solicitud del contrato carcelario indicando que “se han identificado intereses de ICE en los documentos que requieren revisión de ICE”.
Como resultado, dijo, la solicitud de Capital Dispatch presentada bajo la Ley de Registros Abiertos fue remitida a la Oficina de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) dentro de ICE, para que la agencia federal respondiera. Cualquier comunicación futura relacionada con la solicitud, señaló, provendría de ICE y no del condado.
Capital Dispatch objetó, señalando que no busca acceso a registros federales en poder de ICE y sujetos a la Ley de Libertad de Información, sino a registros del condado que están sujetos a la Ley de Registros Abiertos de Iowa.
“Como fiscal del condado, usted no tiene la facultad de convertir una solicitud de un ciudadano, presentada bajo la Ley de Registros Abiertos para documentos del condado, en una solicitud federal FOIA para documentos de ICE/DHS”, declaró el medio. “Tampoco puede delegar en ICE/DHS su propia responsabilidad de mantener y compartir los registros del condado de conformidad con la Ley de Registros Abiertos de Iowa”.
Al mismo tiempo, Capital Dispatch renovó su solicitud de acceso a la copia del contrato en poder del condado y también pidió todas las comunicaciones escritas entre Barry y la oficina de Talkington entre el 16 de enero de 2026 y el 19 de febrero de 2026.
Randy Evans, presidente y director ejecutivo del Iowa Freedom of Information Council, dijo el viernes que “esto no debería ser un asunto controvertido. Los habitantes de Iowa deberían poder leer los contratos que sus funcionarios del condado firman con ICE o con cualquier otro gobierno. El acceso al texto del contrato no debería depender de si el gobierno federal quiere compartir esa información”.
Contrato en disputa en demandas y queja ética
Registros estatales y federales muestran que el contrato del condado con ICE es un elemento de una presunta queja ética presentada contra Barry en 2025.
En agosto de 2025, la abogada Emily Rebelskey, de Iowa City, presentó documentos judiciales relacionados con un cliente —un detenido de ICE que había estado recluido en la cárcel del condado de Muscatine— en los que afirmó que “se ha presentado una queja ante la Oficina de Regulación Profesional de Iowa respecto a conflictos de interés reales y potenciales del fiscal del condado de Muscatine, y actualmente hay una investigación en curso”.
En procedimientos judiciales relacionados con el caso de su cliente, Rebelskey planteó si el condado tenía un incentivo financiero para mantener detenidos migratorios el mayor tiempo posible, dado que el condado recibe pagos de ICE por cada detención.
Barry dijo el viernes que “no estaba interesado” en hablar del tema con un reportero de Iowa Capital Dispatch.
En una audiencia judicial de agosto de 2025, Rebelskey dijo a un juez de distrito de Iowa que creía que Barry tenía un conflicto de interés, dado el tipo de contrato del condado con ICE y el papel de Barry en asegurar a los detenidos dentro de la cárcel.
“Presenté una solicitud de registros públicos para ver el contrato, y no me entregaron ese documento”, dijo Rebelskey al tribunal en ese momento.
El viernes, Iowa Capital Dispatch pidió al condado de Muscatine una copia de su respuesta a la solicitud de Rebelskey de una copia del contrato. El condado tiene 10 días para responder. Rebelskey no ha respondido a los mensajes en los que se le solicitó un comentario.
El exfiscal fue sancionado en dos ocasiones
Barry renunció como fiscal del condado de Muscatine el otoño pasado después de que la Corte Suprema de Iowa lo reprendiera públicamente por ejercer la práctica privada de la abogacía mientras se desempeñaba como fiscal del condado a tiempo completo, una violación de la ley estatal. La Junta Disciplinaria de Abogados de Iowa determinó que Barry brindó servicios legales y representación sin costo a otras personas mientras trabajaba como fiscal del condado.
En 2004, antes de trabajar para el condado de Muscatine, Barry fue separado de la Oficina del Fiscal del condado de Cass después de que Des Moines Register publicara una serie de reportajes sobre cómo su oficina fabricaba multas por supuestas infracciones de equipo para generar ingresos para el condado.
Como fiscal del condado de Cass, Barry tenía la práctica de desestimar multas por exceso de velocidad a cambio de que los conductores aceptaran por escrito declararse culpables de numerosas infracciones ficticias relacionadas con el equipo del vehículo. Esas “infracciones” no contaban en el historial de manejo de los automovilistas, pero generaban ingresos para el condado.
También se determinó que Barry intercambió bienes incautados a acusados en casos penales a cambio de “donaciones” para la oficina del sheriff. En un caso, retuvo la camioneta de un acusado por drogas hasta que la persona aceptó hacer una donación de 500 dólares a la oficina del sheriff.
En ese momento, Barry admitió que sabía que el dinero proveniente de las multas ficticias y de los decomisos no debía haber sido retenido por el condado. “Sé adónde se supone que deben ir los fondos”, dijo. “Conozco muchas leyes que, nos gusten o no, no se aplican al pie de la letra”.
Después de que se publicaran los reportajes, un grupo de residentes del condado de Cass se organizó y presentó ante el tribunal una petición para que Barry fuera destituido del cargo. Tras un juicio, un juez obligó a dejar el puesto tanto a Barry como al sheriff del condado de Cass, Larry Jones.
En 2009, la Corte Suprema de Iowa suspendió la licencia de Barry por un mínimo de un año.
En 2020, la Junta de Supervisores del condado de Muscatine votó por unanimidad para nombrar a Barry en el cargo de fiscal del condado, para completar los seis meses restantes del periodo del anterior fiscal del condado, Alan Ostergren.
En ese momento, el supervisor del condado de Muscatine, Scott Sauer, dijo que Barry “tuvo algunos tropiezos en su pasado”, pero agregó: “Ciertamente no tengo ningún problema con el caballero”.
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