By Marissa Payne, Des Moines Register
Los inmigrantes indocumentados arrestados tendrían más dificultades para obtener una fianza y enfrentarían sanciones más severas por delitos electorales, bajo un proyecto de ley impulsado por legisladores republicanos de Iowa.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes se opusieron al proyecto de ley de la gobernadora Kim Reynolds, la House Study Bill 663, ante preocupaciones de que viola derechos constitucionales otorgados a todas las personas, sin importar su estatus de ciudadanía, mientras que quienes la apoyan señalan que preserva la seguridad pública en Iowa.
Un subcomité de tres integrantes avanzó la legislación el martes 10 de febrero, con el respaldo de los representantes republicanos Charley Thomson, de Charles City, y Samantha Fett, de Carlisle, y la oposición de la representante demócrata Angel Ramirez, de Cedar Rapids. Ahora pasa al Comité Judicial de la Cámara en pleno para su consideración.
“Se trata de restaurar y reforzar la integridad de los sistemas de Iowa, algunos de los cuales se han visto debilitados por decisiones y políticas muy desafortunadas e imprudentes de la administración Biden”, dijo Thomson, al criticar las políticas migratorias del expresidente demócrata Joe Biden.
Ramirez, la primera legisladora latina elegida en Iowa, expresó fuertes preocupaciones sobre el proyecto.
“Creo que este proyecto de ley tendrá consecuencias no previstas —o quizá previstas— que empujarán a los inmigrantes indocumentados a vivir aún más en la clandestinidad”, dijo Ramirez.
¿Qué plantea el proyecto de ley de la gobernadora Kim Reynolds?
El proyecto crearía la presunción de que cualquier inmigrante indocumentado arrestado en Iowa por un delito distinto a una falta menor simple representa un riesgo de fuga y no debería recibir fianza. El acusado podría impugnar esa presunción.
Reynolds también propone convertir en ley una orden ejecutiva que firmó en octubre tras el arresto por inmigración del exsuperintendente de Des Moines Public Schools, Ian Roberts, que exige que todas las agencias estatales verifiquen la elegibilidad laboral de las nuevas contrataciones mediante los sistemas federales E-Verify y SAVE.
La orden ejecutiva también aplica a cualquier persona a la que se le otorgue una licencia ocupacional y profesional emitida por el estado.
Su proyecto también propone cambios a las leyes electorales de Iowa para exigir que, al registrarse para votar, los residentes del estado afirmen bajo juramento que son ciudadanos de Estados Unidos. Actualmente, en Iowa las personas deben declarar que son ciudadanas de Estados Unidos cuando emiten su voto.
La legislación también aumentaría las sanciones por mala conducta electoral, al garantizar que el delito sea al menos un delito grave de clase D, castigado con hasta cinco años de prisión.
Ramirez se opuso a imponer el uso de E-Verify, al señalar que identifica erróneamente a personas como no ciudadanas; también dijo temer que los cambios propuestos por Reynolds sobre fianzas saturen cárceles locales ya llenas y sostuvo que negar la fianza de manera categórica a toda una clase de acusados es inconstitucional.
“Si de verdad nos preocupa el fraude electoral y garantizar que cada persona sea un residente legal, estaríamos destinando nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestra energía a encontrar mejores vías hacia la ciudadanía en este estado”, dijo Ramirez.
Ramirez preguntó al asesor jurídico principal de la gobernadora, Stan Thompson, qué problema resuelve el proyecto, dado que ya es un delito estatal y federal que personas no ciudadanas voten.
Él respondió que hubo procesos impulsados por la fiscalía general de Iowa en los que no se obtuvieron condenas y que este proyecto permitiría lograr condenas exitosas en el futuro.
Grupos expresan preocupaciones por los cambios en el acceso a la fianza
Cabilderos de la Iowa Association for Justice y de la Iowa Catholic Conference se registraron como indecisos, pero compartieron preocupaciones sobre tratar de manera distinta a los inmigrantes frente a otros habitantes de Iowa en materia de fianzas.
Lisa Davis-Cook, de la Iowa Association for Justice, dijo que los jueces ya tienen la facultad de fijar una fianza más alta en casos de delitos violentos, por lo que no hay razón para crear una presunción rebatible y hacer que una persona permanezca en la cárcel durante dos semanas mientras espera su audiencia de revisión de fianza.
El grupo expresó preocupación por encarcelar a personas que han sido arrestadas pero no condenadas, dijo, y señaló que mantener a alguien detenido antes de una condena puede hacer que pierda su empleo, su vivienda y la custodia de sus hijos.
“Esto va a generar una enorme necesidad de más recursos judiciales para el aumento de audiencias de revisión de fianza y también incrementará el costo de transportar a los acusados de ida y vuelta de la cárcel al tribunal para estos procedimientos”, dijo Davis-Cook.
Grupos defensores de inmigrantes lo califican como un “ataque” al debido proceso
El proyecto se suma a una lista creciente de propuestas que apuntan a los derechos de los inmigrantes en la sesión legislativa de 2026.
Entre las propuestas más similares que los legisladores han impulsado se encuentra otro proyecto que no codifica explícitamente requisitos para que el estado use E-Verify y SAVE, pero refuerza las exigencias sobre cómo se evalúa a educadores y administradores en cuanto a elegibilidad laboral y estatus migratorio.
El Comité de Educación del Senado avanzó la Senate File 2218, que ordena que la Iowa Board of Educational Examiners y los distritos escolares exijan a los solicitantes presentar prueba de ciudadanía legal estadounidense.
Fett defendió el proyecto de Reynolds y dijo que “se trata de un compromiso por restablecer comunidades seguras, para asegurar que quienes contratamos deban estar aquí”.
Erica Johnson, directora ejecutiva de Iowa Migrant Movement for Justice, calificó el proyecto de Reynolds como un ataque a los derechos al debido proceso, en lugar de mantener la presunción de inocencia, donde el gobierno tiene la carga de probar que una persona debe permanecer detenida.
“El proyecto crea reglas severas para ciertos residentes de Iowa y daría lugar a dos sistemas de justicia penal separados y desiguales en el estado”, dijo Johnson.
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