Por Clark Kauffman, Iowa Capital Dispatch
La cárcel del condado alberga a 68 detenidos de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional
El condado de Polk enfrenta nuevas demandas presentadas por personas detenidas en la cárcel del condado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Polk, Woodbury, Muscatine y otros condados de Iowa han sido demandados en los últimos meses por numerosos reclusos de cárceles del condado, quienes alegan haber sido detenidos ilegalmente en centros locales por ICE y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).
Calcular una cifra exacta de todas las demandas contra cárceles de Iowa resulta difícil, ya que las cárceles de los condados suelen no divulgar los nombres de las personas detenidas por orden de ICE. Además, el acceso público a los registros judiciales federales relacionados con estas detenciones es muy limitado.
No obstante, los registros disponibles muestran que el condado de Polk, ICE y el DHS figuran como demandados en al menos tres casos adicionales presentados recientemente ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Iowa.
El teniente Mark Chance, de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, informó el viernes que 68 de los 993 reclusos actualmente alojados en la cárcel del condado de Polk son detenidos del DHS o de ICE.
A nivel nacional y en Iowa, muchas de las demandas relacionadas con detenidos de ICE están vinculadas con el esfuerzo, iniciado hace seis meses por la administración Trump, para ampliar su política de “detención obligatoria”. Bajo esta política, ICE mantiene a personas en la cárcel por tiempo indefinido mientras avanzan sus casos migratorios, argumentando que no tienen derecho a una audiencia en la que puedan solicitar su liberación bajo fianza.
Politico informó recientemente que más de 300 jueces federales, incluidos nombramientos de todos los presidentes desde Ronald Reagan, han rechazado la teoría de “detención obligatoria” de la administración en más de 1,600 casos.
El rechazo casi unánime de los tribunales a la postura de la administración no ha impedido que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) continúe utilizando ese razonamiento para encarcelar a personas de forma indefinida. De hecho, el DOJ apeló recientemente un fallo adverso a ICE, luego de que este derivara en la liberación de una mujer de la cárcel del condado de Muscatine.
Hombre del condado de Polk detenido durante una parada de tránsito
Uno de los casos presentados recientemente involucra a Ulises Ramírez Cruz, quien demandó al condado de Polk y a ICE por su detención y por la negativa de los tribunales de inmigración a concederle una audiencia en la que pudiera solicitar su liberación bajo fianza.
Los registros judiciales indican que Ramírez Cruz ha vivido en Iowa durante cinco años. Alega que agentes de ICE —identificados en los documentos judiciales únicamente como T. Staudinger, Scroggins, Palmer y Hanson— esperaron fuera de su casa el 7 de noviembre de 2025 y luego lo detuvieron tras salir, subir a su automóvil y comenzar a conducir.
El fiscal federal David Waterman argumentó ante el tribunal que Ramírez Cruz no tiene derecho a una audiencia de fianza y que está sujeto a detención obligatoria. En un fallo reciente en contra del gobierno, el juez federal Stephen Locher señaló que ha rechazado los argumentos del DOJ en al menos otros tres casos que han llegado ante él, y que jueces de todo el país han emitido decisiones similares de manera “abrumadora”.
La orden de Locher instruye al tribunal de inmigración a brindar a Ramírez Cruz la oportunidad de argumentar a favor de su liberación bajo fianza mientras continúa el proceso migratorio de fondo.
Se alega “detención punitiva” en un caso del condado de Polk
El segundo caso reciente involucra a un recluso de la cárcel del condado de Polk, Luis Pedroso, ciudadano de Cuba que ha vivido en Estados Unidos durante cuatro años y medio. Pedroso ha solicitado el estatus de residente permanente legal, pero como parte del proceso de aprobación debe demostrar que no es inadmisible por motivos de salud pública, lo que requiere un examen físico para descartar abuso de drogas y enfermedades transmisibles.
Según las regulaciones federales, dicho examen debe ser realizado por un médico seleccionado o aprobado por las autoridades migratorias. Los abogados de Pedroso sostienen que la cárcel, el Departamento de Salud del Condado de Polk y ICE no están dispuestos o no pueden proporcionarle un médico para llevar a cabo el examen. Asimismo, alegan que ICE se niega a trasladar a Pedroso a otra cárcel donde el examen pueda realizarse.
Los abogados de Pedroso afirman que ICE y el condado, en la práctica, le han negado su estatus de residente permanente legal y han vulnerado su derecho al debido proceso.
“Mantener a Pedroso en detención con el propósito de resolver su reclamo ante el tribunal de inmigración transforma su detención en una detención punitiva destinada a castigarlo por el hecho de ser elegible para la residencia permanente legal”, sostiene la demanda.
Los demandados en el caso aún no han presentado respuesta.
Residente de EE. UU. desde hace 35 años, encarcelado durante cuatro meses
Una tercera demanda relacionada con la cárcel del condado de Polk gira en torno a Amir Rahimi, de Centerville, originario de Irán y residente en Estados Unidos desde hace 35 años.
En su demanda contra el condado, ICE y el DHS, Rahimi alega que ha estado casado durante 33 años con una ciudadana estadounidense nacida en el país, con quien tiene tres hijos. Según la demanda, el hijo mayor de la pareja forma parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y actualmente se encuentra desplegado en el extranjero.
Rahimi sostiene que fue detenido por agentes federales cuando acudió a una oficina de ICE para una cita rutinaria y programada el 22 de julio de 2025. En ese momento, afirma, ICE no le dio otra razón para su detención más que informarle que estaban “buscando un tercer país para su expulsión”, lo que sugiere que la agencia planea deportarlo no a Irán, sino a otro país.
“Tras cuatro meses de detención, la justificación legal de su detención sigue sin estar clara y no se le ha proporcionado ninguna explicación sobre el cambio en sus circunstancias que dio lugar a la privación de su libertad”, sostiene la demanda.
La demanda solicita una orden judicial que impida la detención continua de Rahimi, citando presuntas violaciones a su derecho al debido proceso y a la Ley federal de Inmigración y Nacionalidad.
El gobierno federal apela un fallo en un caso del condado de Muscatine
Además de las demandas recientemente presentadas, una cuarta demanda relacionada con la cárcel del condado de Muscatine continúa avanzando pese a un fallo judicial emitido a principios de noviembre.
Este caso se centra en María Enríquez Reyes, quien ingresó a Estados Unidos desde México cerca de Sasabe, Arizona, el 23 de septiembre de 2023, junto con su hijo —que ahora tiene 10 años— y su esposo. En ese momento, la familia afirmó que huía de persecución. Fueron detenidos brevemente por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y luego liberados bajo palabra.
Posteriormente, Reyes y su familia presentaron solicitudes formales de asilo para escapar de lo que describieron como persecución por parte de cárteles del narcotráfico mexicanos, actualmente reconocidos como organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense.
El 2 de septiembre de 2025, con la solicitud aún pendiente, la familia Reyes acudió a la oficina de ICE en Cedar Rapids para una cita de “registro” previamente programada. Según los registros judiciales, agentes de ICE abordaron a Reyes en la oficina y luego la enviaron a la cárcel del condado de Muscatine. Posteriormente, un juez de inmigración rechazó su solicitud de audiencia de fianza.
Reyes presentó una demanda ante un tribunal federal y, el 3 de noviembre de 2025, el juez Locher falló a su favor, señalando que la mayoría de los tribunales del país han rechazado la interpretación de la administración que exige la detención obligatoria.
Locher indicó que Reyes ha vivido en Estados Unidos con su familia durante dos años y que no tiene antecedentes de actividad delictiva ni de conductas peligrosas.
Al ordenar que el tribunal de inmigración le concediera a Reyes una audiencia sobre su solicitud de liberación bajo fianza, Locher escribió que “el propio ICE claramente no consideró que estuviera sujeta a detención obligatoria” cuando la liberó bajo palabra en septiembre de 2023 y nuevamente en febrero de 2025.
Los registros judiciales indican que Reyes obtuvo fianza tras una audiencia celebrada el 7 de noviembre de 2025 y fue liberada de custodia tres días después mediante una fianza de 6,000 dólares.
A pesar del fallo de Locher y de la posterior liberación de Reyes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ahora está apelando dicha resolución.
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