Por Ariana Figueroa, Iowa Capital Dispatch
Washington, D.C. – Desde el Día de la Investidura, más de 1,5 millones de inmigrantes han perdido o perderán su estatus legal temporal, incluidas sus autorizaciones de trabajo y protecciones contra la deportación, debido a la agresiva revocación de la inmigración legal impulsada por el presidente Donald Trump.
Se trata de la pérdida más rápida de estatus legal para inmigrantes en la historia reciente de Estados Unidos, según indicaron expertos en política migratoria a States Newsroom. La administración Trump redujo la inmigración legal al poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 1 millón de inmigrantes y cancelar las protecciones de parole humanitario para medio millón de personas adicionales.
“No creo que hayamos visto jamás, como país, a un número tan grande de personas perder su estatus migratorio al mismo tiempo”, dijo Julia Gelatt, subdirectora del Programa de Política Migratoria de Estados Unidos del Migration Policy Institute.
La decisión de retirar las autorizaciones de trabajo a tantos inmigrantes probablemente no solo afecte a las comunidades, sino que también golpee a la economía, señalaron expertos en inmigración y economía a States Newsroom.
“Ver que más de 1 millón de personas pierdan su autorización de trabajo en un solo año es un hecho de enorme magnitud, con efectos en cadena para empleadores, comunidades, familias y la economía en general”, añadió Gelatt.
Decenas de demandas han sido presentadas por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y por beneficiarios del TPS, quienes impugnan las cancelaciones por considerarlas ilegales.
“Esto es la continuación del ataque de la administración Trump contra la comunidad inmigrante, y específicamente contra el programa TPS, un programa que para muchos de nosotros ha sido positivo, un programa que ha salvado vidas”, afirmó José Palma, beneficiario del TPS de El Salvador y coordinador de la Alianza Nacional TPS, que participa en varias de las demandas relacionadas con el programa.
¿Quién recibe el Estatus de Protección Temporal?
La designación de TPS se otorga cuando el país de origen de una persona se considera demasiado peligroso para el retorno debido a violencia, guerra, desastres naturales u otras condiciones de inestabilidad.
Cuando el Congreso creó el programa en 1990, se concibió como una medida temporal, por lo que las autorizaciones pueden durar desde seis hasta 18 meses.
Los inmigrantes que reciben TPS deben someterse a verificaciones de antecedentes y a procesos de revisión cada vez que su estatus es renovado, pero el programa no ofrece un camino hacia la ciudadanía.
Durante la administración de Joe Biden, el número de beneficiarios del TPS aumentó, al igual que la categoría de parole humanitario.
Esa decisión de política pública fue duramente criticada por los republicanos, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, prometió reevaluar las designaciones de países bajo el TPS para su posible cancelación durante su audiencia de confirmación en el Senado este año.
“Este programa ha sido abusado y manipulado por la administración Biden, y eso ya no será permitido”, dijo Noem durante su audiencia.
Antes de que la administración Trump asumiera el cargo a finales de enero, había más de 1,3 millones de inmigrantes inscritos en el programa TPS, provenientes de 17 países. Durante la primera administración Trump, había aproximadamente 400.000 beneficiarios del TPS.
“Casi un millón de nuevas personas obtuvieron protecciones bajo el TPS durante la presidencia de Biden, por lo que vimos una expansión muy rápida y ahora estamos viendo una contracción igualmente acelerada. Esto significa que, en la primera administración Trump, no había tantas personas con TPS”, explicó Gelatt.
Noem ha cancelado el TPS para inmigrantes de 11 países, y más de 1 millón de personas afectadas perderán sus protecciones para febrero.
Noem extendió por seis meses la protección para Sudán del Sur a principios de este año, pero en noviembre decidió poner fin a esas protecciones a partir de enero. Más recientemente, canceló la designación TPS para Etiopía el 12 de diciembre.
Los otros países con cancelación del TPS son Afganistán, Birmania, Camerún, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Siria y Venezuela.
“Nunca habíamos visto que tantas personas perdieran su estatus legal en la historia de Estados Unidos”, afirmó David Bier, director de estudios migratorios del Cato Institute, un centro de pensamiento de orientación libertaria. “Esto es totalmente inédito”.
Las personas que pierden su estatus también se concentran en ciertas zonas. Florida cuenta con más de 400.000 beneficiarios del TPS y Texas tiene cerca de 150.000. Bier señaló que espera que ciertos sectores con alta presencia de trabajadores con TPS, como la construcción y la atención médica, sientan el impacto.
Haití, Venezuela
Los inmigrantes de dos países —Haití y Venezuela— representan la mayoría de los beneficiarios que están por perder sus protecciones bajo el TPS, con cerca de 935.000 personas.
Los venezolanos, que representan 605.000 de esos 935.000 beneficiarios del TPS, recibieron protecciones por primera vez durante el primer mandato de Trump.
En su último día en el cargo en 2021, su administración emitió protecciones contra la deportación por 18 meses para venezolanos —conocidas como Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés)—, citando la inestabilidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“A través de la fuerza y el fraude, el régimen de Maduro es responsable de la peor crisis humanitaria en el hemisferio occidental en la memoria reciente”, según el memorando del 19 de enero de 2021. “Una crisis económica catastrófica y la escasez de bienes básicos y medicinas han obligado a unos cinco millones de venezolanos a huir del país, a menudo en condiciones peligrosas”.
Tras la designación de DED por 18 meses durante la administración Trump, el gobierno de Biden emitió la designación TPS para venezolanos que llegaron a Estados Unidos en 2021 y nuevamente en 2023. Esta medida creó dos grupos distintos de beneficiarios del TPS para venezolanos.
“En términos generales, retirar a los 935.000 venezolanos y haitianos provocaría que toda la economía se contrajera en más de 14.000 millones de dólares”, dijo Michael Clemens, profesor del Departamento de Economía de la Universidad George Mason.
Añadió que no todos los beneficiarios del TPS participan en el mercado laboral. Algunos son niños o adultos mayores dependientes que no pueden trabajar. Clemens señaló que la población laboral con TPS de haitianos y venezolanos es de aproximadamente 400.000 personas.
Programa de parole humanitario
De forma paralela, durante la administración Biden, casi 750.000 inmigrantes contaban con algún tipo de parole humanitario, que les otorgaba autorización de trabajo y estatus legal temporal debido, ya sea, a la guerra de Rusia en Ucrania o a los esfuerzos del gobierno por gestionar la migración masiva desde países de Centroamérica.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha avanzado para poner fin al parole humanitario de 532.000 inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, lo que los expone a procesos de deportación.
“La avalancha de ataques que hemos visto contra formas temporales de estatus migratorio, especialmente aquellas con un enfoque humanitario, es realmente triste y preocupante”, dijo Alice Barrett, abogada supervisora de inmigración en la organización defensora de los derechos de los inmigrantes CASA.
No todos los beneficiarios se han visto afectados. La agencia ha mantenido el parole humanitario para 140.000 ucranianos que llegaron a Estados Unidos tras la invasión rusa en 2022, así como para 76.000 afganos que fueron trasladados después de la caótica retirada de Estados Unidos de su país.
Sin embargo, desde el tiroteo de la Guardia Nacional el mes pasado en Washington, D.C., presuntamente perpetrado por un ciudadano afgano con asilo concedido, el programa se encuentra bajo un mayor escrutinio y toda la tramitación migratoria relacionada con afganos ha sido suspendida.
Decisiones judiciales influyentes
Esta no es la primera vez que la administración Trump intenta poner fin al TPS.
Durante el primer mandato del presidente, se intentó cancelar el TPS para Haití, Nicaragua, El Salvador y Sudán, pero los tribunales bloquearon esos intentos en 2018.
Esta vez es distinto, señaló Palma, de la Alianza Nacional TPS.
“Lo único diferente ahora es que la Corte Suprema está permitiendo que la administración Trump continúe con la cancelación del TPS, a pesar de que tribunales inferiores están diciendo: ‘No, deberíamos detener la cancelación del TPS por ahora, hasta que esté claro si la decisión fue ilegal o no’”, explicó.
Hasta el momento, en apelaciones de emergencia, el máximo tribunal ha permitido que la administración Trump avance en la retirada del estatus legal para los dos grupos de beneficiarios venezolanos del TPS y para personas inscritas en el programa de parole humanitario.
Barrett, de CASA, organización que lidera el desafío legal contra la cancelación del TPS para Camerún y Afganistán, afirmó que, en lo que respecta a la terminación del TPS, “lo que estamos viendo en la segunda administración Trump es una versión intensificada de lo que vimos en la primera”.
“Básicamente, estamos viendo que en esta administración se están concretando más cancelaciones desde etapas tempranas, incluso mientras los litigios siguen en curso, lo que ha sido especialmente decepcionante para los miembros de la comunidad, que permanecen en este limbo”, añadió.
Barrett agregó que incluso cuando los beneficiarios del TPS intentan solicitar un estatus legal de mayor duración, enfrentan múltiples obstáculos.
“Por ejemplo, estamos viendo que son cuestionados o se les niega el alivio en entrevistas de asilo porque no solicitaron asilo dentro del primer año de su ingreso a Estados Unidos, a pesar de que el Código de Regulaciones Federales establece claramente una excepción a ese plazo de un año para personas que han tenido otro estatus válido antes de solicitar asilo”, explicó Barrett.
“Estos miembros de nuestra comunidad, que han estado en estatus legal, ahora corren el riesgo de ser colocados en procesos de deportación e incluso en detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde las condiciones son cada vez más inhumanas y peligrosas”, continuó.
Los beneficiarios del TPS continúan luchando en los tribunales y compartiendo sus historias, señaló Barrett.
“Estos casos siguen en curso y mantenemos la esperanza de que, pese a las resoluciones preliminares que han dejado a tantas personas trabajadoras y a sus familias en un estado de incertidumbre, tras una revisión exhaustiva y la litigación de estos casos, los tribunales reconozcan la naturaleza impropia de las recientes cancelaciones del TPS y restituyan el estatus a quienes buscan seguridad en Estados Unidos”, concluyó.
Mantente informado con historias que importan — visita HolaAmericaNews.com para conocer las últimas noticias, cultura y actualizaciones comunitarias.
Facebook Comments