Por Jacob Fischler, States Newsroom
Todos los estados con un gobernador o fiscal general demócrata firmaron un escrito dirigido a la Corte Suprema de EE.UU., solicitando a los magistrados que respalden a Illinois y Chicago para continuar bloqueando el despliegue propuesto por el presidente Donald Trump de tropas de la Guardia Nacional en Chicago.
En un escrito de amicus curiae presentado el lunes en la apelación de la administración Trump para revocar los fallos de cortes inferiores que determinaron que Trump carece de autoridad legal para enviar tropas a Chicago, 24 funcionarios demócratas argumentaron que limitar el poder presidencial para movilizar a la Guardia Nacional constituye una protección constitucional esencial.
“El Presidente ha reclamado un poder ilimitado muy alejado de las leyes y tradiciones de nuestra Nación: el poder de federalizar y desplegar cantidades ilimitadas de tropas de la Guardia Nacional a su antojo y sin revisión judicial alguna”, escribieron. “Esta Corte no debe avalar tal poder”.
Las unidades estatales de la Guardia Nacional generalmente se encuentran bajo el control del gobernador de cada estado. La ley federal sí permite al presidente federalizar las unidades estatales de la Guardia Nacional en casos excepcionales de invasión, insurrección o cuando el estado no puede hacer cumplir las leyes federales.
La administración Trump ha argumentado que las circunstancias en Chicago constituyen tanto la amenaza de una insurrección como la incapacidad de la policía local para hacer cumplir la ley federal.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han sostenido que las cortes inferiores determinaron correctamente que esas circunstancias no se cumplen en Chicago y que, por lo tanto, Trump no puede desplegar tropas en la ciudad.
El fiscal general de Maryland, Anthony G. Brown, y el fiscal general del estado de Washington, Nicholas W. Brown, lideraron la presentación del escrito.
También firmaron los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Wisconsin y el Distrito de Columbia, así como los gobernadores de Kansas, Kentucky y Pennsylvania.
El gobernador de California, Gavin Newsom, un demócrata cuyo estado interpuso su propia demanda contra el despliegue de Trump de tropas de la Guardia Nacional y de Infantería de Marina en Los Ángeles, presentó un escrito de amicus curiae por separado el lunes.
El Departamento de Justicia de EE.UU. no respondió a una solicitud de comentarios el martes.
Disputa sobre Chicago
El caso se origina a partir de la orden de Trump de federalizar las tropas de la Guardia Nacional de Illinois y desplegarlas en Chicago.
Trump ha declarado que la medida es necesaria para controlar la criminalidad que amenaza al personal y a los edificios federales. Pritzker y Johnson, así como los funcionarios estatales en el escrito del lunes, afirman que el uso de fuerzas militares para responder a la delincuencia común constituye una grave violación del equilibrio de poderes de la Constitución de EE.UU.
Los estados, incluso aquellos donde Trump no ha amenazado con enviar tropas, corren el riesgo de perder la autoridad que les confiere la Constitución, escribieron los funcionarios.
“La invocación del presidente Trump del 10 U.S.C. § 12406 para desplegar soldados armados y federalizados de la Guardia Nacional e involucrarlos en actividades cotidianas de aplicación de la ley civil, como responder a protestas de pequeña escala—sobre la objeción del Gobernador de Illinois—representa una ruptura asombrosa con la ley y la tradición”, escribieron, en referencia a la ley que establece las condiciones bajo las cuales un presidente puede federalizar una Guardia Nacional estatal.
Apelación ante la Corte Suprema
El procurador general de EE.UU., D. John Sauer, presentó la moción de emergencia de la administración Trump para una suspensión el viernes. Argumentó que una medida cautelar de un tribunal federal de Illinois el 7 de octubre determinó incorrectamente el alcance de la autoridad del presidente para controlar las unidades de la Guardia Nacional.
Sauer abogó por una interpretación más amplia de la autoridad de Trump, afirmando que solo el presidente puede determinar si se han cumplido las condiciones para federalizar las unidades de la Guardia Nacional.
“La medida cautelar del tribunal de distrito sustituye de manera inadmisible el criterio del tribunal por el del Presidente en asuntos militares y se basa en una interpretación de la Sección 12406 que convertiría el estatuto en una virtual nulidad”, escribió Sauer en la moción del 17 de octubre. “La medida cautelar infringe indebidamente la autoridad del Presidente”.
Los funcionarios demócratas calificaron el lunes la afirmación de dicha autoridad como una extralimitación del poder presidencial.
“Permitir que el Presidente se apropie de las Guardias Nacionales estatales y las utilice a su antojo alteraría fundamentalmente el equilibrio de poder entre los Estados y el gobierno federal”, escribieron. “Esta Corte debe declinar la invitación de los Demandados para dar un paso tan drástico y sin precedentes”.
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