Washington, D.C. — Dos fallos de tribunales federales durante el fin de semana del Día del Trabajo invalidaron medidas agresivas que la administración Trump había implementado en la aplicación de las leyes de inmigración.
La jueza Sparkle Sooknanan ordenó el domingo la suspensión temporal de un número no especificado de vuelos que transportaban a niños guatemaltecos no acompañados, dos días después de que la jueza Jia Cobb anulara una política utilizada para eludir la revisión judicial en deportaciones rápidas de migrantes lejos de la frontera sur. Ambas juezas pertenecen al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Estos fallos forman parte de un enfrentamiento en curso entre el presidente Donald Trump y el poder judicial federal en torno a la ofensiva migratoria de su administración. Los jueces han expresado preocupación de que se estén vulnerando los derechos de los inmigrantes al debido proceso.
El domingo, Sooknanan manifestó preocupación por los derechos de debido proceso de los menores no acompañados y ordenó detener temporalmente los vuelos antes de que despegaran.
La administración había planeado deportar a 10 niños a Guatemala, su país de origen.
El caso guarda similitudes con otro ocurrido a principios de este año, cuando un juez ordenó detener vuelos que trasladaban a hombres venezolanos expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Pese a la orden, varios aviones aterrizaron en El Salvador, donde más de 200 venezolanos fueron enviados a una conocida mega prisión.
Los 10 menores guatemaltecos que estaban en los vuelos tenían entre 10 y 17 años y cruzaron solos la frontera sur. Abogados señalaron en documentos judiciales que los niños tenían casos de inmigración pendientes y que expresaron temor de regresar a Guatemala.
“Todos estarían en riesgo”
La orden de Sooknanan siguió a la emitida el viernes por Cobb, quien concedió la petición de grupos pro inmigrantes para frenar la implementación de una nueva política que ampliaba la deportación expedita.
La administración ha hecho de la ampliación de la deportación expedita, que permite la expulsión rápida de migrantes, un pilar de su objetivo de llevar a cabo deportaciones masivas de personas sin estatus legal permanente.
Durante décadas, las administraciones han aplicado la deportación expedita a inmigrantes detenidos en la frontera sur que no pueden demostrar que han vivido en Estados Unidos por más de dos años. Si no pueden presentar esa prueba, son sujetos a una deportación acelerada sin comparecer ante un juez de inmigración.
En enero, la administración Trump amplió la deportación expedita para que se aplicara en todo el país, en lugar de solo dentro de las 100 millas de la frontera sur.
En su opinión del viernes, Cobb escribió que la administración probablemente había violado los derechos de los inmigrantes y estuvo cerca de incurrir en una violación generalizada del derecho constitucional al debido proceso. El presidente Joe Biden nombró a Cobb en 2021.
“Al defender este proceso tan limitado, el Gobierno presenta un argumento verdaderamente sorprendente: que quienes ingresaron ilegalmente al país no tienen derecho a ningún proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar únicamente la gracia que el Congreso les otorgue”, escribió. “Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, sino todos estarían en riesgo”.
Vuelos de menores guatemaltecos suspendidos
En una serie de acciones el domingo, Sooknanan suspendió temporalmente la deportación de los niños por 14 días mientras el caso continúa, tras una solicitud de emergencia presentada por el National Immigration Law Center, un grupo de defensa legal.
Los abogados del NILC argumentaron que, de ser devueltos, los menores podrían enfrentar violencia y que la medida de la administración violaba los procedimientos de inmigración aplicables a menores no acompañados.
“Los acusados planean de manera inminente transferir ilegalmente a los demandantes a la custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para subirlos a vuelos hacia Guatemala, donde podrían enfrentar abuso, negligencia, persecución o incluso tortura, en contra de su mejor interés”, escribieron los abogados en su solicitud de emergencia.
Los 10 niños fueron bajados de los aviones y devueltos a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, según un informe presentado el lunes por los abogados del NILC.
Según los documentos judiciales, la administración Trump ha identificado hasta 600 niños guatemaltecos para ser deportados bajo un programa piloto creado mediante un acuerdo con Guatemala.
La orden de Sooknanan se aplica a unos 2,000 menores guatemaltecos no acompañados que se encuentran bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Biden también designó a Sooknanan.
Carlos Ramíro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, dijo en una entrevista con The New York Times que la iniciativa comenzó cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó Guatemala en julio. Agregó que existe un acuerdo para que Guatemala reciba a más de 600 niños.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la solicitud de comentarios de States Newsroom.
El informe del Departamento de Estado de 2024 sobre Guatemala señala preocupaciones en materia de derechos humanos, como la violencia, y desaconseja viajar al país.
El caso relacionado con los menores no acompañados fue reasignado al juez Timothy James Kelly, designado por Trump en 2017.
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