
Omaha, NE — Un trabajador de Glenn Valley Foods, detenido durante una redada migratoria en su lugar de trabajo el 10 de junio, en la que se arrestó a cerca de 80 personas, fue liberado esta semana tras pagar una fianza impuesta por un juez de inmigración.
Según sus abogados, se trata del primer empleado de Glenn Valley liberado bajo fianza mientras continúa su proceso legal. Se espera que en los próximos días y semanas se lleven a cabo más audiencias para determinar fianzas a otros detenidos, indicaron los abogados que colaboran con el grupo.

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Uno de los casi 80 trabajadores detenidos durante una redada migratoria en Glenn Valley Foods, Omaha, el 10 de junio. (Cortesía de U.S. Immigration and Customs Enforcement)
El próximo paso para el trabajador liberado, de origen extranjero, será preparar su caso para demostrar que puede permanecer legalmente en el país, explicó Bassel El-Kasaby. Añadió que la abogada Lauren Schmoke, del bufete Kasaby Schmoke, representó al trabajador en los procedimientos ante la corte migratoria. El-Kasaby señaló que estos procesos pueden tardar años en resolverse debido a la sobrecarga del sistema judicial.
El abogado también aclaró que su cliente no enfrenta cargos penales, sino una infracción civil por haber ingresado y trabajado en Estados Unidos sin autorización, lo que puede conllevar sanciones como la deportación. El bufete no proporcionó más detalles por respeto a la confidencialidad del cliente.
La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó que la redada del 10 de junio se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de registro federal en la que se buscaba a más de 100 personas acusadas de robo de identidad.
Según los registros federales disponibles, hasta el momento tres trabajadores han sido acusados penalmente: uno por presuntamente usar un número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense; otro, un ciudadano hondureño, por supuestamente portar un cúter y resistirse al arresto; y un tercero, de nacionalidad mexicana, por reingresar al país tras haber sido deportado.
Una vocera de ICE afirmó que la investigación sigue en curso.
Además, otras cuatro personas enfrentan cargos penales por su participación en las protestas ocurridas durante la redada.
Anne Wurth, abogada principal del Centro para el Avance de Inmigrantes y Refugiados, señaló que su organización sin fines de lucro representa a varios de los trabajadores detenidos. Indicó que la mayoría tendrá audiencias en las próximas semanas para fijar fianzas y establecer fechas futuras en la corte de inmigración por infracciones civiles.
“La mayoría de estas personas no enfrentan cargos criminales en este momento”, afirmó.
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