Por Stephen Gruber-Miller, Des Moines Register
- La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, vetó un controvertido proyecto de ley que habría limitado el uso del dominio eminente para oleoductos de captura de carbono y otros proyectos, al considerar que la medida podría afectar negativamente la economía estatal.
- El presidente de la Cámara de Representantes, Pat Grassley, hizo un llamado a los legisladores para firmar una petición que permita convocar una sesión especial y anular el veto de Reynolds, lo cual requeriría el voto de dos tercios en la Legislatura de Iowa.
- Productores de etanol celebraron el veto, asegurando que el proyecto habría perjudicado el desarrollo económico y encarecido la energía. Por su parte, propietarios de tierras criticaron la decisión, acusando al veto de ignorar los derechos de propiedad privada.
La gobernadora Kim Reynolds vetó un proyecto de ley que buscaba limitar el uso del dominio eminente por parte de oleoductos de captura de carbono y otras obras de infraestructura, al argumentar que la legislación era demasiado amplia y podría obstaculizar el crecimiento económico en Iowa.
El veto, uno de los pocos emitidos este año, supone un revés para los numerosos legisladores republicanos que respaldaron el proyecto y para los propietarios de tierras que durante años han exigido mayores restricciones al dominio eminente en el Capitolio estatal.
En su mensaje de veto al House File 639, Reynolds escribió: “He reiterado que el dominio eminente solo debe usarse de forma excepcional, justa y como último recurso”.
“Pero el HF 639 no trata exclusivamente del dominio eminente”, añadió. “Va mucho más allá y, al hacerlo, sienta un precedente preocupante que pone en riesgo la fiabilidad energética de Iowa, su economía y su reputación como un estado confiable para la inversión empresarial.”
El presidente de la Cámara, Pat Grassley, convoca a sesión especial para anular el veto
Los legisladores reaccionaron con rapidez al veto de Reynolds, lo que refleja una marcada división dentro del Partido Republicano en torno a este asunto.
El presidente de la Cámara, Pat Grassley, R-New Hartford, emitió un comunicado en el que informa que ha solicitado a todos los miembros de la Legislatura de Iowa firmar una petición para convocar una sesión especial con el fin de intentar anular el veto.
Para lograrlo, se requiere una votación de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Iowa.
“Este veto es un duro golpe para Iowa”, declaró Grassley. “Es un retroceso no solo para los propietarios de tierras que han estado luchando por todo el estado, sino también para el trabajo legislativo de cuatro años que culminó con la aprobación del HF 639. No dejaremos de luchar y reafirmamos nuestro compromiso de proteger a los propietarios de Iowa contra el uso del dominio eminente para fines privados.”
Durante años, legisladores republicanos en la Cámara han promovido leyes para limitar el uso del dominio eminente, pero sus propuestas no avanzaban en el Senado.
Finalmente, este año, el Senado, también liderado por republicanos, debatió hasta altas horas de la noche, cuando 13 senadores republicanos se unieron a la mayoría demócrata para aprobar el House File 639, pese a la oposición de 21 colegas republicanos.
El líder de la mayoría en el Senado, Jack Whitver, R-Grimes, respaldó el veto de Reynolds.
“De acuerdo con los votos emitidos en el Senado respecto a este proyecto, una parte significativa de nuestro bloque respalda una política más adecuada para proteger los derechos de los propietarios”, afirmó Whitver. “Espero que esa mayoría no tenga interés en anular el veto.”
El veto representa una victoria para el oleoducto propuesto por Summit Carbon Solutions
El veto supone un avance para Summit Carbon Solutions, empresa que propone construir un oleoducto de captura de carbono de $9 mil millones, que recorrería más de 2,500 millas a través de varios estados —incluido Iowa—, conectando 57 plantas de etanol y almacenando el dióxido de carbono capturado bajo tierra.
Bruce Rastetter, cofundador de Summit, es un importante donante del Partido Republicano. Según documentos presentados ante la Junta de Ética y Divulgación de Campañas de Iowa, ha contribuido con $175,000 a Reynolds desde 2015, tanto en efectivo como en especie.
El proyecto de ley habría establecido que los oleoductos que transporten líquidos peligrosos, incluidos los de captura de carbono, no podrían obtener poderes de dominio eminente a menos que calificaran como transportistas comunes, es decir, que vendan sus servicios a compradores no afiliados.
También habría exigido a las empresas operadoras contar con más seguros para sus proyectos, permitir una mayor participación pública en los procesos ante la Comisión de Servicios Públicos de Iowa y exigir la presencia de los comisionados en más reuniones.
“Podemos hacerlo mejor”, escribió Reynolds en su mensaje de veto. “Estoy comprometida a trabajar con la Legislatura para reforzar la protección de los propietarios, modernizar los permisos y respetar la propiedad privada.”
Mientras tanto, Reynolds indicó que ordenará a la Comisión de Servicios Públicos de Iowa implementar dos disposiciones del proyecto de ley: que todos los comisionados estén presentes en las audiencias sobre servicios públicos, líneas eléctricas y oleoductos, y que al menos uno de ellos asista a las reuniones informativas en los condados impactados por los proyectos.
¿Por qué fue tan controvertido el proyecto de ley?
Los defensores del proyecto de ley, incluidos propietarios de tierras que se han negado a firmar acuerdos con Summit, sostienen que una empresa privada no debería recibir poderes de expropiación forzosa para un proyecto que no cumple una función pública.
El representante Steven Holt, republicano de Denison y uno de los principales impulsores del proyecto en la Cámara de Representantes de Iowa, escribió en una publicación de Facebook que Reynolds “ha optado por ignorar a los propietarios, a la gran mayoría de la Legislatura, a la Plataforma del Partido Republicano y a la Constitución de Iowa”.
“Estoy profundamente decepcionado por la decisión de la gobernadora de vetar el HF 639”, escribió Holt. “La Constitución de Iowa es clara: el poder de expropiación solo puede utilizarse para proyectos de uso público. La Plataforma del Partido Republicano de Iowa se opone firmemente a la expropiación con fines de desarrollo económico y, en particular, a los gasoductos de CO2”.
Quienes se oponen al proyecto argumentan que los gasoductos como el de Summit son necesarios para abrir nuevos mercados al etanol con bajo contenido de carbono, que puede utilizarse como combustible sostenible en industrias como la aviación y el transporte marítimo.
Los republicanos que votaron en contra del proyecto de ley afirmaron que podría afectar negativamente la economía de Iowa y desencadenar demandas contra el estado por interferir en un proyecto que ya cuenta con aprobación estatal.
Varios de los requisitos del proyecto se aplican a oleoductos de líquidos peligrosos, lo que incluye no solo los gasoductos de carbono, sino también aquellos que transportan petróleo crudo, productos refinados del petróleo, gases licuados del petróleo, amoníaco anhidro, fertilizantes líquidos, alcoholes y lodos de carbón.
“Ese es un proyecto de ley que solo facilitará la labor de los activistas”, dijo la presidenta del Senado, Amy Sinclair, republicana de Allerton, el 5 de junio en un episodio de ‘Iowa Press’ en Iowa PBS. “Y tenía tantos problemas que, en última instancia, le costará dinero al estado de Iowa, tanto por el impacto económico como por las posibles demandas, y creo que debemos decirlo con todas sus letras”.
La industria del etanol aplaude el veto de Reynolds
Grupos que representan a la industria del etanol emitieron numerosos comunicados agradeciendo a Reynolds por su veto.
Monte Shaw, director ejecutivo de la Asociación de Combustibles Renovables de Iowa (IRFA, por sus siglas en inglés), expresó que el grupo está “profundamente agradecido” con Reynolds por su decisión.
“Este es un ejemplo clásico de por qué nuestro sistema de gobierno incluye mecanismos de control y equilibrio”, dijo Shaw en un comunicado. “Cualquier análisis serio de este proyecto revelaría que conduciría a precios de energía más altos para los habitantes de Iowa, frenaría el desarrollo económico futuro, limitaría la creación de empleos y reduciría las oportunidades de mercado para los agricultores del estado. La IRFA agradece a la gobernadora Reynolds por escuchar a los ciudadanos, estudiar la legislación y no dejarse llevar por una retórica tan imprecisa como estridente”.
Jeff Broin, fundador y director ejecutivo de POET, el mayor productor de etanol del mundo, afirmó que el proyecto “discrimina injustamente a los proyectos de CO2 y envía un mensaje peligroso de que Iowa está cerrada a los negocios”.
“Gracias, gobernadora Reynolds, por su firme apoyo a las granjas familiares y a los productores de bioetanol”, expresó en un comunicado. “En un momento en que los precios agrícolas son bajos, estas inversiones en CO2 ampliarán el acceso al mercado para el maíz, los biocombustibles y los bioproductos de Iowa en todo el mundo, aumentando el valor de cada bushel de maíz y cada hectárea de tierra agrícola en el estado. Esta decisión beneficiará a los agricultores de Iowa por generaciones”.
“Traición al pueblo”: republicanos, demócratas y propietarios critican el veto de Reynolds
Una amplia gama de legisladores republicanos y demócratas, candidatos políticos y propietarios de tierras criticaron el veto de Reynolds.
“La gobernadora le falló al estado de Iowa”, dijo el representante Bobby Kaufmann, republicano de Wilton. “Ha manchado su legado de forma permanente”.
Kaufmann, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, responsable de la política fiscal, calificó la acción de Reynolds como “imperdonable” y dijo que trabajará para bloquear su agenda legislativa en adelante.
“A partir de ahora, me comprometo a no permitir que avance ni un solo proyecto de ley promovido por ella”, declaró. “Me esforzaré por detener cada una de sus iniciativas legislativas”.
David Pautsch, un republicano que se postula contra la representante federal Mariannette Miller-Meeks en el 1.er Distrito Congresional, calificó el hecho como “una traición al pueblo”.
“La gobernadora demoró deliberadamente este proyecto mientras los cabilderos llenaban Terrace Hill”, dijo en un comunicado. “Al final, se puso del lado de los poderosos intereses de los gasoductos, no de los agricultores de Iowa. Es un robo avalado por el gobierno, así de simple”.
La líder de la minoría en el Senado, Janice Weiner, demócrata de Iowa City, dijo estar decepcionada por el veto de Reynolds, “pero, lamentablemente, no puedo decir que me sorprenda”.
“Simplemente no hay postura política ni obstrucción legislativa que pueda justificar vulnerar el derecho de los habitantes de Iowa a la propiedad privada para favorecer intereses particulares”, afirmó Weiner.
El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Brian Meyer, demócrata de Des Moines, dijo que “no sorprende que la gobernadora Reynolds, una vez más, haya elegido a sus donantes políticos en lugar de a los propietarios de tierras de Iowa”.
“Los demócratas y republicanos de la Cámara de Iowa trabajaron juntos para proteger los derechos de propiedad”, indicó. “Al final del día, solo hay un grupo responsable del fracaso del proyecto sobre expropiación forzosa: los legisladores republicanos de Iowa”.
Mary Powell, una propietaria de tierras en el condado de Shelby, fue una de las muchas personas que condenaron la decisión de Reynolds.
“El veto de la gobernadora Reynolds al HF 639 dejó claro a los habitantes de Iowa que, para ella, el lema del estado son solo palabras vacías”, dijo Powell en un comunicado. “La gobernadora Reynolds eligió respaldar a millonarios y multimillonarios a costa de los habitantes de Iowa y sus derechos de propiedad”.
¿Qué habría hecho el proyecto de ley sobre expropiación forzosa?
Si se hubiera convertido en ley, el proyecto habría establecido varios requisitos para los oleoductos de líquidos peligrosos y para la Comisión de Servicios Públicos de Iowa.
Las disposiciones del proyecto incluían:
- Los oleoductos de líquidos peligrosos no podrían recibir poderes de expropiación forzosa a menos que califiquen como transportistas comunes, lo que significa que deben demostrar que venderán el producto a un comprador no afiliado.
- Las empresas de oleoductos deben demostrar que cuentan con un seguro adecuado para cubrir cualquier daño o lesión derivados de la construcción o de una fuga del gasoducto. La empresa tendría que contratar un seguro para los propietarios afectados o reembolsarles cualquier aumento en sus primas de seguro debido a la presencia del gasoducto.
- Todos los miembros de la Comisión de Servicios Públicos de Iowa deben estar presentes en las audiencias sobre normativas propuestas relacionadas con servicios públicos, líneas eléctricas de transmisión y gasoductos, y al menos un comisionado debe asistir a las reuniones informativas realizadas en los condados por donde pasaría el proyecto.
- La Comisión de Servicios Públicos de Iowa no podría renovar ningún permiso otorgado a un gasoducto de dióxido de carbono licuado, y ningún gasoducto de CO2 podría operar por más de 25 años.
- Se permitiría que legisladores estatales, autoridades municipales y del condado, así como “cualquier residente con un interés mínimamente plausible”, participaran en los procedimientos de la Comisión de Servicios Públicos de Iowa.
- La Comisión de Servicios Públicos de Iowa no podría sancionar a los participantes a menos que se determine que actuaron con deshonestidad deliberada, cometieron un delito o causaron perjuicio a la comisión.
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