Por Ariana Figueroa, Iowa Capital Dispatch
La agencia, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, dijo en un comunicado a última hora del lunes que estaba siguiendo una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en febrero que prohíbe a las personas sin estatus legal permanente recibir servicios proporcionados a los ciudadanos estadounidenses.
“ Regresar a esta definición anterior, en vigor desde 2010 hasta 2024, aseguraría que los dólares de los contribuyentes para subsidiar la cobertura de ACA vayan solo a los consumidores legalmente presentes que son legalmente elegibles para inscribirse en la cobertura subsidiada a través de los Marketplaces “, según CMS.
Trump, en diciembre, dijo que estaba abierto a trabajar con los demócratas para mantener a los beneficiarios de DACA en los Estados Unidos, pero los legisladores se mantuvieron escépticos. Durante el primer mandato del presidente, trató de poner fin a DACA, pero fue bloqueado por el Tribunal Supremo de EE.UU. sobre la base de que su administración no siguió el procedimiento de reglamentación adecuado.
Norma de la era Biden
La administración Biden emitió una norma en 2023 que incluía a los beneficiarios de DACA en la cobertura de Medicaid y de la Ley de Asistencia Asequible. Medicaid es un programa conjunto federal-estatal que proporciona cobertura médica a los estadounidenses de bajos ingresos y a las personas con discapacidad.
La orden ejecutiva de Trump tiene como objetivo “evitar que los recursos de los contribuyentes actúen como un imán y fomenten la inmigración ilegal a los Estados Unidos, y garantizar, en la mayor medida permitida por la ley, que ningún beneficio financiado por los contribuyentes vaya a extranjeros no calificados.”
La Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996, o PRWORA, firmada por el entonces Presidente Bill Clinton, prohíbe en general que las personas sin autorización legal en Estados Unidos reciban prestaciones públicas federales.
Eso también incluye a ciertos grupos de personas con estatus legal temporal, como los beneficiarios de DACA, los solicitantes de asilo y aquellos con Estatus de Protección Temporal, o TPS.
Cada año, los beneficiarios de DACA trabajan y ganan casi 27,900 millones de dólares, pagando impuestos federales, estatales y locales, según un estudio del grupo de expertos de izquierdas Center for American Progress. El estudio del CAP descubrió que los beneficiarios de DACA contribuyen con casi 2,100 millones de dólares a la Seguridad Social y a Medicare, a los que no tienen derecho por no ser residentes legales permanentes.
Bajo la administración del presidente Joe Biden, el Departamento de Salud y Servicios Humanos aclaró que entre los que están “legalmente presentes” se incluyen los beneficiarios de DACA, para que puedan recibir las prestaciones de la Ley de Asistencia de Salud Asequible.
Personas sin seguro
De los aproximadamente 550,000 beneficiarios de DACA, la mayoría tiene cobertura de salud a través de su trabajo, pero los funcionarios de Biden en ese momento dijeron que la nueva regla incluiría a aproximadamente 100,000 beneficiarios de DACA que no tenían cobertura.
La norma de la administración Biden permitía a los beneficiarios de DACA no asegurados inscribirse en una cobertura de salud a través de un plan del Mercado de Seguros de Salud o un Programa Básico de Salud estatal, también llamado BHP, en los pocos estados donde esos planes están disponibles.
Sin embargo, la norma bajo la administración Biden ya fue bloqueada en 19 estados después de que una coalición de fiscales generales republicanos demandara a la administración Biden por ello.
Los beneficiarios de DACA, a menudo conocidos como Dreamers, fueron traídos a Estados Unidos sin autorización legal cuando eran niños. La administración Obama creó el programa DACA para permitir que esos niños obtuvieran licencias de conducir y permisos de trabajo y estuvieran protegidos de la deportación.
Los beneficiarios de DACA están actualmente a la espera de saber el destino legal del programa en un caso que probablemente se dirija al Tribunal Supremo.
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