Por Kate Payne, Radio Pública de Iowa
La Junta de Supervisores del Condado de Scott sigue adelante con un plan para utilizar los fondos de ayuda a la pandemia para construir un nuevo centro de detención juvenil. Eso es a pesar de la oposición organizada de los defensores que dicen que el plan es una manera inmoral e ineficaz para hacer frente a los jóvenes con problemas.
Activistas, líderes religiosos, proveedores de servicios sociales y funcionarios locales se agolparon el martes en el Centro Interpretativo Amigos de MLK en Davenport para condenar la propuesta de utilizar los fondos de ayuda del COVID-19 para duplicar el tamaño de su centro de detención juvenil.
“¿Por qué los funcionarios del condado de Scott quieren construir esta enorme instalación y no proporcionar los fondos para ayudar a nuestros niños? La pregunta es por qué”, dijo Michael Guster, presidente de la sección de Davenport de la NAACP. “Es moralmente incorrecto hacer lo que estamos haciendo en el condado de Scott”.
El condado de Scott está considerando gastar casi un tercio de su financiación bajo la Ley del Plan de Rescate Americano, hasta 10 millones de dólares, para construir la nueva instalación, que estaría diseñada para albergar 40 camas con la capacidad de expandirse a 60 camas, lo que triplicaría con creces la capacidad actual del condado de 18 camas.
Los defensores dicen que el plan reforzaría las disparidades raciales de Iowa en el encarcelamiento de jóvenes, que ya están entre las más altas del país, según un análisis de The Sentencing Project.
En un informe publicado a principios de este año, el grupo de defensa encontró que Iowa encarceló a los jóvenes afroamericanos a una tasa casi 10 veces mayor que la de los jóvenes blancos, y que las disparidades han aumentado en un 75 por ciento en los últimos años.
Los líderes locales del condado de Scott afirman que los problemas sistémicos de la pobreza, la desinversión y los prejuicios en su comunidad están impulsando gran parte de la disparidad en todo el estado.
“Este sistema está roto”, dijo Betty Andrews, presidenta de la NAACP de Iowa-Nebraska. “Cuando nuestros jóvenes están en crisis, nuestras familias están en crisis. Y cuando nuestras familias están en crisis, nuestra comunidad está en crisis. Nuestra comunidad está en crisis. No se trata de una crisis puntual, sino de una pesadilla que lleva años. Y tenemos que despertar”.
Los datos del Departamento de Derechos Humanos de Iowa muestran que el condado de Scott no está a la altura de los otros grandes condados del estado.
Según el Quad-City Times, el condado de Scott envió más de 500 niños a la corte de adultos entre 2016 y 2019, un número dramáticamente más alto que el condado de Polk, que juzgó a 69 niños como adultos durante el mismo período de tiempo, a pesar de tener aproximadamente tres veces la población juvenil.
Un informe publicado por el IDHR en noviembre de 2020 muestra que la justicia juvenil de Iowa sigue reforzando las disparidades raciales, al remitir a los niños al sistema de tribunales de menores, al detenerlos y al procesarlos como adultos.
Además de oponerse a la propuesta, la NAACP de Davenport ha pedido al IDHR que realice una auditoría del sistema de justicia juvenil del condado de Scott, un paso que la NAACP de Iowa-Nebraska también apoya. Una coalición de grupos locales también está pidiendo al condado que invierta en organizaciones existentes de ayuda a los jóvenes y de base vecinal que tienen un historial de trabajo con las comunidades desatendidas, especialmente con los jóvenes afroamericanos y latinos.
Avery Pearl trabaja para la organización local sin fines de lucro Project Renewal, que proporciona tutoría y apoyo a los niños y sus familias, a menudo atendiendo a los niños desde que están en el jardín de infancia hasta la preparatoria, según Pearl. En la conferencia de prensa del martes, Pearl pidió al condado que invierta en la prevención y la reorientación, en lugar del castigo, que considera la “última opción”.
“Ampliar nuestro actual sistema de justicia juvenil sin abordar las disparidades que existen en él sólo echará más leña al fuego y pondrá a más niños afroamericanos bajo el control del Estado”, dijo Pearl. “Estamos fallando a los niños de nuestra comunidad, específicamente a los afroamericanos, y necesitan que nuestros líderes comunitarios den un paso al frente y resuelvan las causas fundamentales de estas disparidades”.
Si algunos de los fondos federales se asignaran a grupos como el Proyecto Renovación, Pearl dice que él y sus colegas podrían llegar a más niños y familias y prevenir la futura participación en el sistema de justicia penal.
Pearl dice que la cuestión es personal: dice que uno de los lugares propuestos donde se podría construir la nueva instalación está al otro lado de la calle de su organización, lo que dice que sería devastador para los niños a los que sirven.
“Crearía desesperanza y desesperación, esos mismos rasgos que conducen a la criminalidad”, dijo Pearl. “¿Ver eso todos los días en medio de esta pandemia? Realmente no puedo explicar lo que haría”.
La Junta de Supervisores, de mayoría republicana, sigue adelante con la propuesta, a pesar de que un analista nacional y funcionarios estatales de justicia juvenil critican el centro por ser innecesariamente grande y no estar en consonancia con las mejores prácticas nacionales, según el Quad-City Times. Los críticos dicen que el plan también violaría la ley de Iowa, que limita estrictamente el número de camas de detención juvenil permitidas en el estado. Las 272 camas están actualmente contabilizadas.
El supervisor del condado Ken Croken, un demócrata que se opone a la construcción de un centro de 40 camas, pero reconoce que se necesita un nuevo centro, dijo a los periodistas el martes que los funcionarios del condado tendrían que asegurar un cambio en el Código de Iowa o negociar un acuerdo con otros centros de detención de menores para reasignar sus camas con el fin de utilizar el centro ampliado.
Aunque los defensores de los derechos de los menores insistieron en sus argumentos de que el centro propuesto sería ineficaz, caro y legalmente inadmisible, sobre todo dijeron que el plan es moralmente incorrecto.
“Es una mirada muy, muy miope y mezquina hacia nuestros niños”, dijo Rich Hendricks, pastor de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de los Quad Cities. “La ley y el orden, encerrarlos puede ganar algunos votos, pero está destruyendo nuestra comunidad”.
La Junta de Supervisores del Condado de Scott tiene previsto revisar las propuestas sobre el uso de los fondos ARPA en una reunión el 22 de noviembre a las 9 de la mañana.
Facebook Comments