{"id":34730,"date":"2026-01-20T06:33:36","date_gmt":"2026-01-20T12:33:36","guid":{"rendered":"https:\/\/holaamericanews.com\/?p=34730"},"modified":"2026-01-20T07:56:15","modified_gmt":"2026-01-20T13:56:15","slug":"the-five-biggest-legal-battles-in-trumps-first-year-of-mass-deportation-efforts","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/holaamericanews.com\/es\/the-five-biggest-legal-battles-in-trumps-first-year-of-mass-deportation-efforts\/","title":{"rendered":"Los cinco mayores conflictos legales en el primer a\u00f1o de las deportaciones masivas de Trump"},"content":{"rendered":"

Por <\/b>Ariana Figueroa<\/b><\/a>, States Newsroom<\/a><\/b><\/p>\n

Washington, D.C \u2014<\/b> El primer a\u00f1o del regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca estuvo marcado por constantes choques con el poder judicial, mientras el mandatario y su administraci\u00f3n avanzaban con una agenda migratoria agresiva.<\/span><\/p>

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Durante el \u00faltimo a\u00f1o, la administraci\u00f3n Trump ha intentado transformar de manera dr\u00e1stica la pol\u00edtica migratoria en Estados Unidos, incluyendo <\/span>retirar el estatus legal a millones de inmigrantes<\/span><\/a> e intentar redefinir el <\/span>derecho constitucional a la ciudadan\u00eda por nacimiento.<\/span><\/a><\/p>\n

Estas medidas han chocado de forma reiterada con el poder judicial.<\/span><\/p>\n

Jueces federales frenaron temporalmente los <\/span>planes de la administraci\u00f3n Trump para desplegar a la Guardia Nacional en Portland<\/span><\/a>, Oreg\u00f3n, con fines de control migratorio. Tambi\u00e9n bloquearon la invocaci\u00f3n de una ley b\u00e9lica arcaica para expulsar inmigrantes del pa\u00eds, una medida que gener\u00f3 preocupaciones, <\/span>incluso ante la Corte Suprema<\/span><\/a>, por vulnerar los derechos al debido proceso de los inmigrantes.<\/span><\/p>\n

En respuesta, el presidente pas\u00f3 el \u00faltimo a\u00f1o enfrent\u00e1ndose con frecuencia a jueces federales, como ocurri\u00f3 en junio, cuando el Departamento de Justicia <\/span>demand\u00f3 a todos los jueces de un tribunal federal en Maryland<\/span><\/a> por una pausa de dos d\u00edas en las deportaciones, implementada para garantizar el debido proceso de los inmigrantes.<\/span><\/p>

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Trump tambi\u00e9n centr\u00f3 su atenci\u00f3n en ciertos jueces que suspendieron sus pol\u00edticas, como el juez presidente del Distrito de Columbia, James Emanuel Boasberg.<\/span><\/p>\n

Boasberg bloque\u00f3 a la administraci\u00f3n Trump la deportaci\u00f3n de ciertos inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y orden\u00f3 el regreso de vuelos de deportaci\u00f3n que, pese a su orden judicial, terminaron aterrizando en una prisi\u00f3n de alta seguridad en El Salvador.<\/span><\/p>

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El se\u00f1alamiento directo de Trump contra Boasberg a finales de marzo, as\u00ed como su llamado a destituirlo, <\/span>provoc\u00f3 una inusual reprimenda del presidente conservador de la Corte Suprema, John Roberts.<\/span><\/a><\/p>\n

No obstante, la Corte Suprema ha concedido con frecuencia fallos favorables a la administraci\u00f3n Trump en m\u00faltiples apelaciones de emergencia. El m\u00e1ximo tribunal permiti\u00f3 <\/span>la deportaci\u00f3n de inmigrantes a pa\u00edses con los que no tienen v\u00ednculos<\/span><\/a>, conocidas como expulsiones a terceros pa\u00edses, y <\/span>autoriz\u00f3 el uso de criterios raciales en la aplicaci\u00f3n de las leyes migratorias<\/span><\/a> en Los \u00c1ngeles.<\/span><\/p>

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El presidente tambi\u00e9n se ha enfrentado a diversos grupos como consecuencia de su pol\u00edtica migratoria restrictiva.<\/span><\/p>\n

Un <\/span>grupo de cu\u00e1queros<\/span><\/a> demand\u00f3 al Departamento de Seguridad Nacional despu\u00e9s de que las autoridades eliminaran una pol\u00edtica conocida como de \u201clugares sensibles\u201d, que limitaba las acciones migratorias en espacios de culto.<\/span><\/p>

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La administraci\u00f3n Trump tambi\u00e9n enfrent\u00f3 cr\u00edticas por su intento de deportar r\u00e1pidamente a ni\u00f1os guatemaltecos en plena madrugada, caso en el que un <\/span>juez designado por Trump afirm\u00f3 que los argumentos del Departamento de Justicia<\/span><\/a> \u201cse derrumbaron como un castillo de naipes\u201d.<\/span><\/p>\n

De las decenas de demandas presentadas contra la administraci\u00f3n Trump, estos son los cinco casos judiciales m\u00e1s relevantes relacionados con las pol\u00edticas migratorias del presidente:<\/span><\/p>\n

Ley de Enemigos Extranjeros<\/span><\/h4>\n

En marzo pasado, Boasberg, juez presidente del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, orden\u00f3 que dos aviones de deportaci\u00f3n que transportaban inmigrantes expulsados bajo una ley b\u00e9lica del siglo XVIII regresaran a Estados Unidos.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, los aviones aterrizaron en El Salvador<\/span><\/a>, y 137 hombres venezolanos fueron enviados a una prisi\u00f3n de m\u00e1xima seguridad conocida como CECOT despu\u00e9s de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta ley b\u00e9lica se aplicar\u00eda a cualquier ciudadano venezolano de 14 a\u00f1os o m\u00e1s sospechoso de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.<\/span><\/p>\n

Posteriormente, Boasberg <\/span>pas\u00f3 meses investigando<\/span><\/a> si funcionarios de Trump desobedecieron su orden de hacer regresar los aviones. El mes pasado concluy\u00f3 que las deportaciones fueron ilegales y se llevaron a cabo en desacato a su orden.<\/span><\/p>\n

Los 137 hombres venezolanos fueron finalmente liberados de CECOT el verano pasado mediante un intercambio de prisioneros. Boasberg determin\u00f3 que, aunque ya no est\u00e1n encarcelados, a\u00fan deben recibir garant\u00edas de debido proceso, y orden\u00f3 a la administraci\u00f3n Trump proponer un mecanismo para garantizar esos derechos.<\/span><\/p>\n

En el avance m\u00e1s reciente, el mes pasado orden\u00f3 a la administraci\u00f3n elaborar un plan para cumplir con ello, como ofrecer alg\u00fan tipo de entrevista por videollamada ante un juez de inmigraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

La administraci\u00f3n Trump ha argumentado que, debido a las operaciones militares de Estados Unidos para extraer al presidente de Venezuela del pa\u00eds, la situaci\u00f3n es cambiante y no puede proporcionar un cronograma para cumplir con la orden emitida el mes pasado.<\/span><\/p>\n

La presentaci\u00f3n m\u00e1s <\/span>reciente del Departamento de Justicia, fechada el 12 de enero<\/span><\/a>, objeta la orden judicial de facilitar audiencias remotas de debido proceso y se\u00f1ala que, \u201cdada la actual inestabilidad pol\u00edtica en Venezuela, existe un riesgo serio de interferencia intencional en los procedimientos remotos\u201d.<\/span><\/p>\n

El secretario de Estado, Marco Rubio, tambi\u00e9n <\/span>present\u00f3 una declaraci\u00f3n el 12 de enero<\/span><\/a> ante el tribunal, en la que afirm\u00f3 que \u201cintroducir el tema del destino de los 137 miembros de la demanda colectiva en estas discusiones, en este momento, podr\u00eda causar un da\u00f1o material a los intereses de la pol\u00edtica exterior de Estados Unidos en Venezuela\u201d.<\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que Estados Unidos no sabe d\u00f3nde se encuentran los 137 hombres venezolanos.<\/span><\/p>\n

\u201cDado el paso del tiempo, el gobierno de Estados Unidos no sabe \u2014ni tiene forma de saber\u2014 el paradero de los miembros de la demanda colectiva, incluido si alguien ha salido de Venezuela o si el r\u00e9gimen posteriormente volvi\u00f3 a detener a alguno\u201d, dijo Rubio.<\/span><\/p>\n

Kilmar Abrego Garcia<\/span><\/h4>\n

La deportaci\u00f3n err\u00f3nea de Kilmar Abrego Garcia, un inmigrante salvadore\u00f1o y residente de Maryland desde hace a\u00f1os, puso el foco nacional sobre la ofensiva migratoria del presidente.<\/span><\/p>\n

El caso de Abrego Garcia evidenci\u00f3 el impulso de la administraci\u00f3n Trump hacia las deportaciones masivas. El proceso comenz\u00f3 en marzo pasado en el Tribunal de Distrito de Maryland, <\/span>despu\u00e9s de que funcionarios de Trump lo deportaran por error<\/span><\/a> a El Salvador, pese a que contaba con protecciones contra la deportaci\u00f3n otorgadas por un juez de inmigraci\u00f3n en 2019, debido al riesgo de que enfrentara violencia si regresaba a su pa\u00eds de origen.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, en marzo Abrego Garcia fue subido a un avi\u00f3n, junto con venezolanos deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, con destino a la megac\u00e1rcel de El Salvador conocida como CECOT.<\/span><\/p>\n

La jueza federal Paula Xinis orden\u00f3 a la administraci\u00f3n Trump facilitar su regreso, pero la administraci\u00f3n llev\u00f3 el asunto hasta la Corte Suprema, argumentando que no pod\u00eda obligar a otro gobierno a cumplir una orden de Estados Unidos.<\/span><\/p>\n

La Corte Suprema fall\u00f3 a favor de Abrego Garcia<\/span><\/a>, pero se abstuvo de ordenar su regreso.<\/span><\/p>\n

Abrego Garcia regres\u00f3 a Estados Unidos varios meses despu\u00e9s para enfrentar una acusaci\u00f3n penal en Tennessee por presunto tr\u00e1fico de personas. Se ha declarado no culpable de esos cargos, y otro juez federal determin\u00f3 que existen indicios de que el Departamento de Justicia present\u00f3 la acusaci\u00f3n como represalia contra Abrego Garcia.<\/span><\/p>\n

Desde su regreso, Abrego Garcia ha <\/span>relatado tortura psicol\u00f3gica y f\u00edsica<\/span><\/a> sufrida en CECOT. La administraci\u00f3n Trump <\/span>tambi\u00e9n ha intentado deportarlo<\/span><\/a> a un pa\u00eds con el que no tiene v\u00ednculos, pese a las protecciones de deportaci\u00f3n vigentes desde 2019.<\/span><\/p>\n

Funcionarios de Trump volvieron a detener a Abrego Garcia e intentaron deportarlo a Esuatini, Ghana, Uganda y Liberia, pese a la disposici\u00f3n de Costa Rica para aceptarlo como refugiado y a su voluntad de trasladarse all\u00ed.<\/span><\/p>\n

Por ello, <\/span>Xinis orden\u00f3 la liberaci\u00f3n de Abrego Garcia<\/span><\/a> de un centro de detenci\u00f3n del ICE en Pensilvania y prohibi\u00f3 a la administraci\u00f3n Trump volver a detenerlo.<\/span><\/p>\n

Actualmente, la jueza supervisa la impugnaci\u00f3n presentada por Abrego Garcia contra su detenci\u00f3n, bajo el argumento de que la administraci\u00f3n Trump est\u00e1 utilizando su encarcelamiento como castigo y no con fines de deportaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Una audiencia celebrada el 14 de enero fue el avance m\u00e1s reciente en el caso de Abrego Garcia.<\/span><\/p>\n

En ella, Xinis consult\u00f3 brevemente con sus abogados y con representantes del Departamento de Justicia sobre el momento en que se emiti\u00f3 una orden final de deportaci\u00f3n contra Abrego Garcia; la cuesti\u00f3n era si ocurri\u00f3 en 2019 o en enero de 2025.<\/span><\/p>\n

El momento en que se emiti\u00f3 la orden de deportaci\u00f3n podr\u00eda determinar si la administraci\u00f3n Trump puede volver a detener a Abrego Garcia con fines de expulsi\u00f3n. En diciembre, Xinis orden\u00f3 su liberaci\u00f3n al concluir que la administraci\u00f3n Trump lo estaba deteniendo de manera ilegal y que el ICE no logr\u00f3 demostrar de forma reiterada la existencia de una orden final de deportaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Xinis se\u00f1al\u00f3 que planea emitir una decisi\u00f3n final en el caso de Abrego Garcia antes del 12 de febrero.<\/span><\/p>\n

Ciudadan\u00eda por nacimiento<\/span><\/h4>\n

Una de las primeras \u00f3rdenes ejecutivas que Trump firm\u00f3 el D\u00eda de la Investidura fue poner fin al derecho constitucional a la ciudadan\u00eda por nacimiento.<\/span><\/p>\n

Bajo este principio, todos los ni\u00f1os nacidos en Estados Unidos son considerados ciudadanos, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Existe una excepci\u00f3n limitada para los hijos de diplom\u00e1ticos.<\/span><\/p>\n

Si se eliminara la ciudadan\u00eda por nacimiento, m\u00e1s de 250,000 ni\u00f1os nacidos cada a\u00f1o no obtendr\u00edan la ciudadan\u00eda estadounidense y se crear\u00eda, de facto, una poblaci\u00f3n de 2.7 millones de personas ap\u00e1tridas para 2045, seg\u00fan un <\/span>estudio reciente<\/span><\/a> del Migration Policy Institute.<\/span><\/p>\n

En respuesta a la orden ejecutiva de Trump, se presentaron m\u00faltiples demandas y tribunales inferiores en todo el pa\u00eds concedieron medidas cautelares preliminares para frenar su aplicaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Una de las impugnaciones a la ciudadan\u00eda por nacimiento, presentada por fiscales generales dem\u00f3cratas, lleg\u00f3 a la Corte Suprema, pero la administraci\u00f3n Trump solicit\u00f3 a los jueces que <\/span>se pronunciaran sobre el alcance de las medidas cautelares nacionales dictadas por tribunales inferiores<\/span><\/a>, en lugar de analizar el fondo del derecho a la ciudadan\u00eda por nacimiento.<\/span><\/p>\n

Los jueces emitieron <\/span>una orden que limit\u00f3 las medidas cautelares de alcance nacional, como las demandas colectivas.<\/span><\/a><\/p>\n

El fondo del caso sobre la ciudadan\u00eda por nacimiento se encuentra ahora ante la Corte Suprema, que se espera escuche los argumentos orales en febrero.<\/span><\/p>\n

El caso sobre ciudadan\u00eda por nacimiento es <\/span>Barbara v. Trump<\/span><\/a>, originado en un litigio en New Hampshire. Un juez federal emiti\u00f3 una medida cautelar preliminar para impedir que la orden ejecutiva entrara en vigor contra un grupo de beb\u00e9s nacidos a partir del 20 de febrero de 2025. A esos ni\u00f1os se les habr\u00eda negado la ciudadan\u00eda bajo la orden del presidente.<\/span><\/p>\n

Acceso de legisladores a centros del ICE<\/span><\/h4>\n

Mientras la administraci\u00f3n Trump mantiene una aplicaci\u00f3n estricta de las leyes migratorias y la detenci\u00f3n de inmigrantes, una de las pocas herramientas de las que disponen los dem\u00f3cratas, como partido minoritario, es la supervisi\u00f3n de los centros del Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE).<\/span><\/p>\n

M\u00e1s de 60,000 inmigrantes permanecen detenidos en distintos centros del ICE en todo el pa\u00eds, y los dem\u00f3cratas sostienen que necesitan acceso para ejercer supervisi\u00f3n en esas instalaciones. Bajo una ley de asignaciones presupuestarias de 2019, cualquier legislador puede realizar visitas sin previo aviso a instalaciones federales que alojen inmigrantes.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, despu\u00e9s de que a varios dem\u00f3cratas se les negara el acceso a centros del ICE en julio, debido a una pol\u00edtica implementada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que exig\u00eda un aviso con siete d\u00edas de anticipaci\u00f3n,<\/span> una docena de dem\u00f3cratas de la C\u00e1mara de Representantes present\u00f3 una demanda.<\/span><\/a><\/p>\n

El mes pasado, un juez federal concedi\u00f3<\/span><\/a> la solicitud de los legisladores para suspender la nueva pol\u00edtica de Noem. Sin embargo, despu\u00e9s de que legisladores de Minnesota afirmaran que se les neg\u00f3 una visita de supervisi\u00f3n a un centro del ICE tras un tiroteo mortal cometido por un agente migratorio en Minneapolis, los dem\u00f3cratas regresaron a los tribunales el 14 de enero.<\/span><\/p>\n

Noem volvi\u00f3 a exigir un aviso con siete d\u00edas de anticipaci\u00f3n, casi id\u00e9ntico a la pol\u00edtica que originalmente motiv\u00f3 la demanda de los dem\u00f3cratas el a\u00f1o pasado.<\/span><\/p>\n

La jueza federal que lleva el caso, <\/span>Jia Cobb, analiza<\/span><\/a> si la administraci\u00f3n Trump ha violado su orden judicial.<\/span><\/p>\n

Entre los dem\u00f3cratas que presentaron la demanda se encuentran: Joe Neguse de Colorado, Adriano Espaillat de Nueva York, Jamie Raskin de Maryland, Robert Garcia de California, J. Luis Correa de California, Jason Crow de Colorado, Veronica Escobar de Texas, Dan Goldman de Nueva York, Jimmy Gomez de California, Ra\u00fal Ruiz de California, Bennie Thompson de Misisipi y Norma Torres de California.<\/span><\/p>\n

Uso ampliado de la expulsi\u00f3n acelerada<\/span><\/h4>\n

Un pilar de la campa\u00f1a de deportaciones masivas de la administraci\u00f3n Trump es el <\/span>uso ampliado de la expulsi\u00f3n acelerada.<\/span><\/a> Esta pol\u00edtica permite la expulsi\u00f3n de inmigrantes dentro del territorio del pa\u00eds sin comparecer ante un juez de inmigraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En marzo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes demandaron a la administraci\u00f3n Trump por esta pol\u00edtica, al argumentar que privaba a los inmigrantes de sus derechos al debido proceso.<\/span><\/p>\n

En agosto, el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia <\/span>orden\u00f3 la suspensi\u00f3n<\/span><\/a> de la pol\u00edtica, bloqueando temporalmente su aplicaci\u00f3n por parte de la administraci\u00f3n Trump. El Departamento de Justicia apel\u00f3, y en septiembre un panel de jueces de apelaci\u00f3n neg\u00f3 la solicitud de la administraci\u00f3n Trump para levantar la suspensi\u00f3n dictada por tribunales inferiores.<\/span><\/p>\n

M\u00e1s recientemente, en diciembre, <\/span>la administraci\u00f3n Trump defendi\u00f3<\/span><\/a> los fundamentos de su pol\u00edtica de deportaci\u00f3n acelerada ante un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. El Departamento de Justicia sostuvo que los inmigrantes que han permanecido en el pa\u00eds menos de dos a\u00f1os sin autorizaci\u00f3n legal no tienen garantizado el debido proceso.<\/span><\/p>\n

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