{"id":34291,"date":"2025-12-14T22:48:11","date_gmt":"2025-12-15T04:48:11","guid":{"rendered":"https:\/\/holaamericanews.com\/?p=34291"},"modified":"2025-12-14T22:49:57","modified_gmt":"2025-12-15T04:49:57","slug":"woodbury-county-inmate-facing-a-year-of-detention-sues-homeland-security","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/holaamericanews.com\/es\/woodbury-county-inmate-facing-a-year-of-detention-sues-homeland-security\/","title":{"rendered":"Una reclusa del condado de Woodbury que enfrenta un a\u00f1o de detenci\u00f3n demanda al Departamento de Seguridad Nacional"},"content":{"rendered":"

Por <\/b>Clark Kauffman<\/b><\/a>, <\/b>Iowa Capital Dispatch<\/b><\/a><\/p>\n

Aumentan los casos de detenci\u00f3n mientras la administraci\u00f3n Trump mantiene su postura sobre las audiencias de fianza<\/span><\/h2>\n

Una reclusa de la c\u00e1rcel del condado de Woodbury est\u00e1 demandando al gobierno federal, alegando que est\u00e1 siendo detenida ilegalmente por el Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE) y que enfrenta hasta un a\u00f1o de encarcelamiento mientras se le niegan sus derechos al debido proceso.<\/span><\/p>

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El caso es uno de <\/span>cientos de demandas similares<\/span><\/a> presentadas en todo el pa\u00eds contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ICE y el Departamento de Justicia.<\/span><\/p>\n

Rosaura Genchi Garc\u00eda sostiene que el gobierno federal est\u00e1 \u201cintentando eludir la ley migratoria y reescribir la Ley de Inmigraci\u00f3n y Nacionalidad\u201d al detenerla a ella y a otras personas, neg\u00e1ndoles el debido proceso al impedirles comparecer ante un tribunal y solicitar la liberaci\u00f3n bajo fianza mientras sus casos migratorios siguen pendientes.<\/span><\/p>\n

La postura de la administraci\u00f3n Trump es que, contrariamente a d\u00e9cadas de precedentes, la ley federal vigente exige la detenci\u00f3n obligatoria, sin posibilidad de liberaci\u00f3n bajo fianza, para todas las personas sospechosas de haber ingresado de manera no autorizada a Estados Unidos.<\/span><\/p>\n

En el pasado, la detenci\u00f3n obligatoria se limitaba a las personas que eran detenidas mientras intentaban ingresar al pa\u00eds. Quienes eran puestos bajo custodia despu\u00e9s de haber permanecido en Estados Unidos durante meses, a\u00f1os o incluso d\u00e9cadas, normalmente ten\u00edan la oportunidad de solicitar su liberaci\u00f3n bajo fianza mientras su caso migratorio estaba pendiente.<\/span><\/p>

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Al igual que otros detenidos, Garc\u00eda solicita alivio ante un juez federal en un tribunal de distrito de Estados Unidos, argumentando que las decisiones sobre audiencias de fianza tomadas por jueces de inmigraci\u00f3n en el \u00e1mbito separado de los tribunales de inmigraci\u00f3n son inconstitucionales.<\/span><\/p>\n

Si bien <\/span>pr\u00e1cticamente todos los jueces de tribunales de distrito han fallado a favor de los detenidos<\/span><\/a> al determinar que tienen derecho a una audiencia de fianza, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional han mantenido su postura de que, bajo la nueva interpretaci\u00f3n de la ley federal adoptada por la administraci\u00f3n Trump, la detenci\u00f3n es obligatoria. Como resultado, cientos de casos en los tribunales de inmigraci\u00f3n se han estancado mientras los detenidos contratan abogados para presentar demandas en su nombre ante tribunales federales de distrito.<\/span><\/p>

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En su respuesta a la demanda de Garc\u00eda, los abogados del Departamento de Seguridad Nacional han argumentado que la detenci\u00f3n obligatoria es legal y que la Corte Suprema de Estados Unidos \u201cha reconocido desde hace tiempo el amplio poder del Congreso y su inmunidad frente al control judicial para expulsar a extranjeros del pa\u00eds y detenerlos mientras se lleva a cabo ese proceso\u201d.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan los registros judiciales, Garc\u00eda lleg\u00f3 a Estados Unidos desde M\u00e9xico en 2004 y fue arrestada en junio de 2025 por trabajar bajo un alias. En septiembre de 2025, tras cumplir su condena en ese caso, Garc\u00eda fue detenida por ICE y retenida con fines de posible deportaci\u00f3n.<\/span><\/p>

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A principios de octubre, solicit\u00f3 una audiencia de fianza, pero esta fue rechazada por un juez de inmigraci\u00f3n, quien cit\u00f3 la teor\u00eda legal de que carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n incluso para considerar dicha solicitud.<\/span><\/p>\n

Los abogados de Garc\u00eda argumentan que el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias est\u00e1n ignorando regulaciones federales vinculantes, fallos judiciales previos y el lenguaje claro de la ley, todo con el objetivo de \u201cimpulsar una agenda pol\u00edtica de la actual administraci\u00f3n presidencial\u201d.<\/span><\/p>

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En su demanda, se\u00f1alan que las decisiones de deportaci\u00f3n emitidas por los jueces de inmigraci\u00f3n no son definitivas a menos que la persona detenida decida no presentar una apelaci\u00f3n. Por ello, podr\u00eda pasar al menos un a\u00f1o antes de que el caso de Garc\u00eda llegue a una decisi\u00f3n final, lo que significa que probablemente permanecer\u00e1 encarcelada durante al menos otros 12 meses, seg\u00fan sostienen.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se\u00f1alan que el tiempo de procesamiento en algunos casos migratorios oscila entre 14 y 48 meses, y que el aumento en el n\u00famero de apelaciones presentadas como resultado de la postura de la administraci\u00f3n Trump est\u00e1 generando un retraso significativo de casos en la Junta de Apelaciones de Inmigraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En su petici\u00f3n ante el tribunal de distrito, los abogados de Garc\u00eda argumentan que, si bien las acciones de la administraci\u00f3n Trump \u201cno se sostendr\u00e1n en los tribunales federales de apelaciones, tomar\u00e1 tiempo obtener decisiones de cada uno de los circuitos y, mientras tanto, el gobierno est\u00e1 despojando a los inmigrantes de sus derechos constitucionales\u201d.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s del Departamento de Seguridad Nacional, ICE y el Departamento de Justicia, la demanda de Garc\u00eda nombra como demandados a Greg London, alguacil del condado de Sarpy, Nebraska; Jo Martin, directora de la c\u00e1rcel del condado de Sarpy; la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi; y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.<\/span><\/p>\n

Las autoridades del condado de Sarpy figuran como demandadas en el caso porque, cuando la demanda fue presentada inicialmente hace varias semanas, Garc\u00eda se encontraba detenida en la c\u00e1rcel del condado de Sarpy. Desde entonces, Garc\u00eda ha sido trasladada a la c\u00e1rcel del condado de Woodbury, en Iowa, lo que ha provocado que el caso sea transferido del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nebraska al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Iowa.<\/span><\/p>\n

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