{"id":16750,"date":"2021-12-10T15:20:46","date_gmt":"2021-12-10T21:20:46","guid":{"rendered":"https:\/\/holaamericanews.com\/?p=16750"},"modified":"2021-12-10T16:32:21","modified_gmt":"2021-12-10T22:32:21","slug":"reynolds-cites-pandemic-and-asserts-executive-privilege-in-open-records-lawsuit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/holaamericanews.com\/es\/reynolds-cites-pandemic-and-asserts-executive-privilege-in-open-records-lawsuit\/","title":{"rendered":"Reynolds cita la pandemia y hace valer el derecho a la intimidad en la demanda de acceso a los registros p\u00fablicos"},"content":{"rendered":"

Por Clark Kauffman, Iowa Capital Dispatch<\/strong><\/p>\n

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Los abogados de la gobernadora Kim Reynolds est\u00e1n argumentando en la corte que ella estaba demasiado ocupada para responder r\u00e1pidamente a las solicitudes de registros p\u00fablicos este a\u00f1o debido a la pandemia, y que su proceso de toma de decisiones est\u00e1 protegido de la divulgaci\u00f3n por el derecho ejecutivo.<\/p>

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La oficina de la gobernadora ha presentado estos argumentos en las \u00faltimas semanas como parte de un intento de deshacerse de dos demandas que argumentan que ella y su personal han violado la Ley de Registros Abiertos de Iowa.<\/p>\n

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Adem\u00e1s de hacer valer el derecho al secreto profesional, la oficina de la gobernadora argumenta que las demandas, presentadas en el Tribunal de Distrito del Condado de Polk, han quedado sin efecto porque los documentos solicitados a su oficina fueron revelados cinco meses despu\u00e9s de que se presentaran las demandas.<\/p>\n

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Los abogados de la demandante argumentan que el retraso constituye una violaci\u00f3n de la Ley de Registros Abiertos de Iowa por la que la gobernadora debe rendir cuentas.<\/p>\n

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“Al igual que un ladr\u00f3n no invalida su caso devolviendo la propiedad robada, un infractor que se niega a presentar los registros p\u00fablicos en el momento oportuno no puede invalidar una demanda presentando los registros en la v\u00edspera del juicio”, argumentan los abogados del demandante en un escrito presentado ante el tribunal.<\/p>

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El litigio tiene su origen en una serie de solicitudes de registros p\u00fablicos que la abogada de Utah, Suzette Rasmussen, present\u00f3 a la oficina de Reynolds en marzo, pidiendo toda la correspondencia relativa a los contratos del estado con Nomi Health para las pruebas de COVID-19.<\/p>\n

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A mediados de julio, el asesor jur\u00eddico de Reynolds, Michael Boal, supuestamente respondi\u00f3 a esas solicitudes pidiendo a Rasmussen que “identificara los dominios de correo electr\u00f3nico o los t\u00e9rminos de b\u00fasqueda concretos que deb\u00eda utilizar” para localizar los registros pertinentes. Rasmussen supuestamente respondi\u00f3 ese mismo d\u00eda proporcionando un grupo de t\u00e9rminos de b\u00fasqueda electr\u00f3nica para ser utilizados.<\/p>

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A mediados de agosto, la oficina de la gobernadora a\u00fan no hab\u00eda entregado ninguno de los registros y Rasmussen acudi\u00f3 a los tribunales, presentando dos demandas distintas, cada una de ellas relativa a una de las dos solicitudes.<\/p>\n

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El 2 de septiembre, despu\u00e9s de que se presentaran las demandas, Boal entreg\u00f3 lo que, seg\u00fan \u00e9l, eran todos los registros p\u00fablicos solicitados, y los abogados de la gobernadora presentaron solicitudes de desestimaci\u00f3n de las demandas, alegando que ahora eran discutibles, ya que se hab\u00edan entregado los registros.<\/p>

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Al argumentar a favor de la desestimaci\u00f3n, los abogados de la gobernadora tambi\u00e9n afirmaron que la demanda podr\u00eda dar lugar a la divulgaci\u00f3n p\u00fablica del proceso de toma de decisiones de Reynolds y de sus comunicaciones, que, seg\u00fan ellos, est\u00e1n protegidas por el privilegio ejecutivo, que protege de la divulgaci\u00f3n p\u00fablica ciertas formas de comunicaci\u00f3n en las que participan presidentes, gobernadores y otros funcionarios del poder ejecutivo.<\/p>\n

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Si la demanda siguiera adelante, dijeron los abogados de Reynolds al tribunal, un juez “necesitar\u00eda detalles sustanciales sobre lo que la gobernadora y su personal estaban haciendo en relaci\u00f3n con el tiempo de la solicitud de Rasmussen y por qu\u00e9 la gobernadora decidi\u00f3 asignar los recursos de su personal de esa manera”. Como resultado, “la gobernadora y su personal se ver\u00edan obligados a exponer” informaci\u00f3n sobre su proceso de toma de decisiones y sus comunicaciones, ambas protegidas por el privilegio ejecutivo y “generalmente deben mantenerse confidenciales”, argumentaron los abogados.<\/p>

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Los abogados de Rasmussen refutan esa afirmaci\u00f3n, diciendo que los tribunales han dicho que el privilegio ejecutivo s\u00f3lo puede alegarse para intentar mantener la confidencialidad de ciertas comunicaciones y no proporciona “una concesi\u00f3n de inmunidad frente a las demandas”.<\/p>\n

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En apoyo a su argumento, los abogados de Rasmussen afirman que el 7 de enero de este a\u00f1o, en una entrevista grabada con la presidenta de la Asociaci\u00f3n de Prensa del Capitolio de Iowa, Erin Murphy, Reynolds “reconoci\u00f3 su falta de respuesta en el pasado a las solicitudes de registros abiertos y se comprometi\u00f3 a responder de manera oportuna en el futuro”.<\/p>\n

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Los abogados de Reynolds dicen que la puntualidad de la respuesta de la gobernadora a las solicitudes de registros p\u00fablicos no deber\u00eda ser un problema para el tribunal, ya que la Ley de Registros Abiertos de Iowa “no contiene una fecha l\u00edmite para responder a una solicitud de registros”.<\/p>\n

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Aunque reconocen que el Tribunal Supremo de Iowa ha sostenido que los retrasos “sustanciales” en la producci\u00f3n de registros pueden constituir una “negativa” a cumplir con la ley, los abogados de Reynolds argumentan que “todo esto ocurri\u00f3 durante una cat\u00e1strofe de salud p\u00fablica sin precedentes”, en un momento en que Reynolds “no s\u00f3lo estaba dirigiendo la respuesta del estado a la pandemia y la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica, sino tambi\u00e9n la gesti\u00f3n de todo el gobierno del estado.”<\/p>\n

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A\u00fan no se ha fijado una fecha para la audiencia sobre las solicitudes de desestimaci\u00f3n.<\/p>\n

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Rasmussen tambi\u00e9n ha demandado al Departamento de Salud P\u00fablica de Iowa y a su portavoz, Sarah Ekstrand, por una solicitud de registros p\u00fablicos dirigida a esa agencia en marzo. Al igual que con las solicitudes hechas a la oficina de la gobernadora, los registros del IDPH se entregaron s\u00f3lo despu\u00e9s de que se presentara la demanda.<\/p>\n

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Una audiencia en ese caso est\u00e1 programada para el 14 de enero, momento en el que el tribunal considerar\u00e1 la solicitud de desestimaci\u00f3n.<\/p>\n

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Rasmussen ha demandado al gobernador de Utah, Spencer Cox, por retrasar supuestamente el acceso a los registros relacionados con la respuesta COVID-19 de Utah. Esa demanda, presentada el 2 de julio, argumenta que las solicitudes de registros abiertos que Rasmussen present\u00f3 entre mediados de marzo y mediados de mayo siguen sin ser atendidas.<\/p>\n

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Rasmussen ha declarado al Salt Lake Tribune que ha presentado las demandas en nombre de un cliente, Paul Huntsman, de Utah, que respalda una iniciativa multiestatal para acceder a los registros gubernamentales relacionados con la COVID-19. Huntsman es el hermano de Jon Huntsman Jr., a quien Cox derrot\u00f3 en las primarias republicanas del a\u00f1o pasado.<\/p>\n

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